La presión política complica la devolución de los Bienes de la Franja

“Haré lo que me permitan las leyes o lo que me pida el Papa”, señala el obispo de Lleida a VN

Una de las obras reclamadas, ahora en el Museo Diocesano de Lleida

La presión política complica la devolución de los Bienes de la Franja [extracto]

JOSÉ LORENZO | En septiembre pasado, dos mes después de su investidura, el presidente de Aragón, Javier Lambán, se presentó en Barbastro con una nube de fotógrafos para intentar involucrar al nuevo obispo, Ángel Pérez Pueyo, en un frente político-eclesial que reclamase a la diócesis vecina de Lleida el cumplimiento de las sentencias que dictaminan la devolución de los llamados Bienes de la Franja, un total de 113 obras de arte procedentes de las 111 parroquias aragonesas segregadas en 1995 de esa diócesis catalana a la recién erigida de Barbastro-Monzón.

El obispo, que había tomado posesión seis meses antes, le recibió y acogió con respeto y, con diplomacia, le devolvió la petición por elevación invitándole a invertir más en el Alto Aragón y a apoyar proyectos de Iglesia ligados con el futuro de esas obras de arte, una especie de “Rutas del Románico” que habrían de servir para el desarrollo económico, turístico, cultural y religioso de esos pueblos, muchos en peligro de despoblamiento.

El obispo apeló también al compromiso de las administraciones públicas para ayudar a la conservación, pues, como le dijo al presidente, si en esos días recibiese la obras de arte reclamadas, no tendrían el museo preparado para acogerlas. Estaba, además, desactivando la carga política de la que se está rodeando una cuestión que incide en el enfrentamiento entre Aragón y Cataluña, y que ha estado a punto de arrastrar a las diócesis. “A los políticos les hemos dicho que no hay que interferir en los planos. La Iglesia tiene sus procedimientos y no pretendemos iniciar ni una demanda ni un pleito. Ya tenemos una sentencia en firme de la Signatura Apostólica y lo único que pretendemos es que se cumpla”, declara Pérez Pueyo a Vida Nueva.

La presión se dirige ahora al nuevo obispo de Lleida. Cuatro meses después de su toma de posesión, Salvador Giménez ya ha sido instado por el presidente aragonés para que cumpla las sentencias “de una vez por todas” y a que “sea más obediente al Vaticano que a la Generalitat”. “Yo no recibo consignas de nadie más que de la Santa Sede”, apunta a esta revista Giménez. “La gente de Iglesia trabajamos y buscamos siempre la paz y no el enfrentamiento. Llevo poco tiempo en Lleida, pero creo que se puede solucionar mediante el diálogo en los dos niveles que hay: el de las autoridades civiles y el de la diócesis. No hay ningún enfrentamiento con el obispo de Barbastro. Ambos pretendemos lo mismo para nuestras comunidades: que conozcan, quieran y sigan a Jesucristo”.

En todo caso, es consciente de que la presión también existe en Cataluña, donde los bienes están protegidos por una ley que los considera patrimonio cultural, como le recordó el
expresident Artur Mas a Lambán en una carta en septiembre. En esa misiva, que incendió los ánimos en Aragón, Mas negaba que los bienes hubiesen sido expoliados, y aunque reconocía la existencia de varias sentencias, “ninguna ha adquirido aún el carácter de firme”, sentenciaba.

Además, la decisión última no depende solo de la voluntad del obispo, como recuerda Giménez, pues el Museo Diocesano está regido por un consorcio en donde están la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Consejo Comarcal del Segrià, todas instancias civiles. “El obispo no lo puede hacer porque pertenecemos a un consorcio que gestiona el museo, pero ni tengo ni llave ni puedo entrar, coger las piezas, ponerlas en una furgoneta y devolverlas. Sería acusado de ladrón, porque ni eso es mío ni puedo disponer de ello a mi antojo. Hay unas disposiciones civiles que hay que respetar y son los tribunales los que deben decirnos cómo hay que hacer. Alguien, a un nivel superior al de mi persona como obispo, tendrá que decirme qué procedimiento utilizar para devolver las piezas”.

Diálogo entre obispos

Giménez, que confirma que ya ha hablado varias veces con Pérez Pueyo, eleva el tiro sobre quién tiene la llave para solucionar el enredo. “La responsabilidad no reside solo en el obispo de Lleida; es una responsabilidad compartida. Este asunto se alarga porque tienen que ponerse de acuerdo las autoridades eclesiásticas y las civiles, que son las que han de buscar soluciones de futuro. Yo haré como obispo lo que me permitan las leyes y lo que personalmente me pida el Papa o el organismo competente”.

Mirando al Vaticano

“Este tema tiene mala solución”, apunta a Vida Nueva una fuente ajena a ambas diócesis. Hay una sentencia de la Signatura Apostólica de la Santa Sede que obliga a la devolución de esos bienes. Sin embargo, la resolución se ha ido dilatando. “A nivel del Gobierno central, se ha mirado para otro lado porque Cataluña ha sido una bisagra muy importante para la gobernabilidad del país. Y desde la Santa Sede se ha hecho también la vista gorda”, señala otra fuente que ha seguido muy de cerca este conflicto. Enmarañó más las cosas la decisión de la Diócesis de Lleida de ceder las obras a un consorcio dominado por autoridades políticas, decisión adoptada por el entonces obispo Ramón Malla y que facilitó la construcción, en 1997, del Museo Diocesano, en el que se invirtieron 90 millones de euros. Hoy, indica la primera fuente, se echa en falta que entonces el Vaticano no obligase a la diócesis a denunciar un acuerdo que ataba su voluntad a las decisiones políticas en un ambiente de creciente nacionalismo. También se apunta a que las especiales relaciones del que fuera secretario de Estado, Tarcisio Bertone, con Cataluña no ayudaron a deshacer el nudo…

En el nº 2.974 de Vida Nueva