Solo la verdad y la justicia conducirán a la reconciliación
J. L. CELADA | Aunque los informes del PNUD señalan que El Salvador es “un país de desarrollo medio” (ocupa el puesto 115 de 187), las cifras no se corresponden con ese rango: cuatro de cada diez hogares son pobres, el promedio de escolarización apenas alcanza los 6 años, la tasa de analfabetismo a partir de los 10 años llega al 14%, el 40% de la población no recibe asistencia sanitaria, solo el 18% cotiza en el sistema de pensiones… Por no hablar de la situación de inseguridad y violencia (se registran 12 homicidios diarios), que le coloca como el tercer país más violento de Centroamérica –por detrás de Honduras y Guatemala–, y la persistencia de la impunidad frente a violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-1992), denunciada por el último informe de Amnistía Internacional.
Datos del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP-UCA) constatan, asimismo, cuáles son los problemas más sentidos por la población: delincuencia e inseguridad (58,6%), violencia (11,3%), maras (8,7%)… Sin olvidar, aunque a mayor distancia, la difícil coyuntura económica: desempleo (6,3%), pobreza (3,3%)… Aspectos, todos ellos, que “no dejan de ser consecuencias de una injusticia estructural de vieja data”, admite el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano. Porque, a su juicio, “la guerra civil se debió a dos razones: una, política (el cierre de espacios a la disidencia política e ideológica, que era reprimida) y, otra, socioeconómica (la tremenda desigualdad entre las grandes mayorías y un reducido grupo cuyos intereses estaban representados en los gobiernos militares)”. Y es que los Acuerdos de Paz (1992) “tocaron de frente la causa política, pero dejaron prácticamente intacta la causa socioeconómica”. Buena prueba de ello es que la exguerrilla está en el poder, pero “no se ha avanzado casi nada en la mejora de los derechos sociales y económicos”, lamenta Serrano.
A la luz de este desequilibrio, 25 años después del asesinato de los jesuitas de la UCA, resulta fácilmente explicable que la sociedad salvadoreña siga sin cicatrizar unas heridas que “están abiertas, porque a las víctimas se les dejó en el olvido”, argumenta el vicerrector de Proyección Social. Unas heridas que “se han pretendido apresuradamente vendar, sin antes curar y medicar”, apostilla gráficamente el director de Radio YSUCA, Carlos Ayala Ramírez. Eso fue lo que intentó hacer la Ley de Aministía de 1993, decretada por el Gobierno de Alfredo Cristiani a los pocos días de publicarse el informe de la Comisión de la Verdad. Justo cuando “lo único que puede cerrar esas heridas es el conocimiento de la verdad, escuchando a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, ‘creyéndoles’ su verdad, dignificándolas y haciendo justicia”, reitera Serrano. Dar este paso es lo único, según él, que podrá conducir a la paz y la reconciliación.
Antes, sin embargo, convendría que los gobiernos de turno no siguieran “eludiendo las reiteradas recomendaciones y solicitudes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advierte Ayala, sobre todo la que instaba a “adoptar medidas preventivas para evitar que, en el futuro, se produzcan hechos similares” al que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en la UCA. Parece “poco probable” que así suceda, aunque “el derecho más violado en El Salvador es el de la vida”, recuerda Serrano. Salvo que una posible declaración de inconstitucionalidad de la polémica Ley de Amnistía haga reaccionar a quienes “no les conviene hablar del pasado”, y vuelvan a “sonar tambores de guerra”.
Esclarecer la verdad y ejercer la justicia, “una deuda que solo puede saldarse con voluntad efectiva y acciones concretas” de los dirigentes políticos, es también lo que reclama el director de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) El Salvador, Carlos Guillermo Ramos, quien considera “muy poco probable” que se repitan episodios de aquella magnitud en una sociedad “mucho menos polarizada” que entonces, o que, en un futuro cercano, “la violencia política armada pueda tener alguna oportunidad de gozar de una mínima legitimidad social”. Menos convencido de ello se muestra Ayala mientras memoria y desagravio no vayan unidos, lo que implica “transformar la realidad desde las víctimas, acción indispensable para construir la convivencia social sobre la justicia, la verdad y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
ÓSCAR ROMERO, ¿BEATO EN 2015?
El pasado día 6, saltaba la noticia “de imprevisto”: “En la reunión del 4 noviembre, monseñor José Luis Escobar dijo que, en su estancia en Roma, el papa Francisco le comunicó que monseñor Óscar Romero será beatificado el año entrante. El arzobispo no dio detalles sobre la fecha y el lugar. Pero la noticia ya ha llenado de alegría”. Así lo daba a conocer el jesuita Jon Sobrino a través de una nota publicada en la página web de la UCA. El propio director del Centro Monseñor Romero aclaraba poco después que la fuente de tan buena nueva no era el Papa, sino el arzobispo Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, responsable de la causa de Romero en Roma y el mismo que anunció hace más de un año el desbloqueo de su proceso de beatificación (VN, nº 2.845). A propósito de estas últimas informaciones –y en declaraciones recogidas por La Prensa Gráfica–, el vicario general de la Arquidiócesis de San Salvador y copromotor de la causa, Jesús Delgado, puntualizó que “el Papa no dio una fecha, ni año, pero esperamos que pueda ser antes de 2017”. La causa del arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980, se encuentra en Roma desde 1996, aunque no fue hasta una década después cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe dio luz verde a su proceso de beatificación.
Pronósticos de futuro
Así las cosas, pese a los progresos en el fortalecimiento institucional o las posibilidades que ofrece “la construcción de una nueva ciudadanía” (en el modo de ser y de hacer y en la cohesión social), por la que aboga el propio Ayala, ¿cómo se vislumbra el futuro? “La situación no se plantea fácil, de manera particular en materia económica”, responde Ramos. Más rotundo es el pronóstico de Omar Serrano: “Si el actual Gobierno del FMLN no hace algo significativamente importante para mejorar el país –sobre todo la economía y la inseguridad– y para mejorar el nivel de vida de grandes sectores de la población, el plato estará servido para la derecha en las futuras elecciones de 2018”. Desde Radio YSUCA, Carlos Ayala, por su parte, se atreve a augurar un futuro “prometedor”. Eso sí, siempre que se pase “de una concepción de desarrollo centrado en la acumulación de capital a un modelo de desarrollo centrado en la gente”. Un cambio de rumbo histórico al que se refería con frecuencia el difunto Ignacio Ellacuría.
Donde sí coinciden las opiniones de unos y otros es al valorar cómo la Iglesia salvadoreña ha gestionado y transmitido el legado del testimonio martirial. Bien es cierto que introducen un matiz importante: una cosa es la Iglesia institución, más en concreto la jerarquía, a la que “la continuidad de la tradición de entrega y compromiso le ha resultado muy pesada”, entiende Serrano, y que “no ha vibrado suficientemente con el testimonio de los mártires”, añade Ayala. Y otra muy distinta es la Iglesia Pueblo de Dios, donde “quedan todavía sectores importantes que tratan de ser fieles a estos testimonios, que tienen en el centro de su referencia evangélica al obispo mártir [Óscar Romero] y que comulgan con el testimonio de todos aquellos que ofrendaron su vida en el contexto de la guerra”, se congratula el vicerrector de la UCA. “A partir de la muerte de monseñor Arturo Rivera y Damas [sucesor de Romero] –explica–, la Iglesia se separó de una tradición eclesial de honestidad, cercanía con el pueblo y defensora del pobre”. Ayala va más allá: “Su actitud predominantemente conservadora, acomodaticia y distante respecto al legado de la Iglesia profética ha sido una especie de obstáculo para potenciar y actualizar ese testimonio”.
Hoy, por fortuna, ambos tienen la sensación de que las declaraciones del papa Francisco sobre “una Iglesia pobre y para los pobres”, o algunos de sus gestos (insinuando la pronta beatificación de Romero), han empezado a generar “nuevos dinamismos”, en expresión del director de Radio YSUCA, quien no duda en reconocer que “los vientos parecen cambiar de orientación a favor de los olvidados, de los excluidos y de los martirizados por causa de la justicia”.
En el nº 2.917 de Vida Nueva
