Urgente llamada de los obispos del estado a acabar con la ola de muerte y violencia de las últimas semanas
(Pablo Romo Cedano– México DF) Nuevamente un grupo de obispos del país, esta vez de Michoacán, alzan su voz contra la violencia y la muerte. El divino mandamiento No matarás es la expresión que usan para decir “no más violencia, extorsión, abuso y crimen”. En un mensaje estremecedor de la Provincia Eclesiástica de Morelia, encabezado por el arzobispo Alberto Suárez Inda y firmado por los obispos de Zamora, Tacámbaro, Apatzingán, Ciudad Lázaro Cárdenas y los dos auxiliares de Morelia, los prelados exigen que se detenga la ola de muerte y dolor en el estado, que se ha convertido en las últimas fechas en un auténtico campo de batalla.
En un hecho sin precedentes, un capo del cártel de La Familia, El Tuta, se dirigió a la población en un programa de televisión reclamando como indispensable un pacto que devuelva la tranquilidad a la relación entre el Gobierno Federal y las organizaciones criminales, pues de lo contrario habría “un baño de sangre inútil”. El Tuta, que junto con otros líderes dirige La Familia con un rigor militar pero con un discurso cuasi religioso (con frecuentes invocaciones a Dios y a la Virgen María), ha invitado a sus seguidores a mantenerse fieles a su causa. Mientras, el Gobierno Federal envió más de 1.500 policías federales y 2.500 efectivos del ejército al estado de Michoacán como respuesta al inaudito llamamiento televisivo.
Angustia de la población
En su mensaje, los pastores perciben “un clima de terror y de incertidumbre” que describen así: “Son muchos los que han recibido amenazas y son objeto de extorsión y secuestro. La población vive la angustia de sentirse indefensa y las familias quedan terriblemente traumadas cuando alguno de los suyos es ultrajado. Hay pueblos que ante la inseguridad van quedando deshabitados”. Y lo dicen porque conocen anteriores irrupciones del ejército en pueblos de Michoacán que han generado masacres y desolación. La Familia, por su parte, ejecutó días atrás a 12 policías federales –entre ellos, una mujer–, dejando sus cuerpos desmembrados en una autopista cerca de un puesto policial.
Aunque lo han desmentido públicamente, se sabe que los obispos michoacanos han recibido amenazas, pero no quieren protección policial, “prefieren vivir en la misma incertidumbre que su pueblo”. Y, como afirman en su carta, no dejarán de hablar y abogar por la paz. “Como discípulos de Jesucristo y como pastores del Pueblo de Dios, no podemos callar ni permanecer indiferentes. Es tiempo de levantar la voz y pedir en nombre de Dios: ¡Basta ya de muerte! Nadie podrá escapar del juicio divino y cada uno tendrá que dar cuenta de sus acciones. Hacemos un llamado a los involucrados en la violencia para que escuchen la voz de Dios que nos llama a la vida y a la paz”, reclaman los firmantes.
A propósito de la situación actual, Edgardo Buscaglia, experto independiente en crimen organizado, desveló en un programa de radiofónico que “usualmente los gobiernos tienen que pactar con las bandas criminales para poder tener un margen de gobernabilidad; de lo contrario, se pueden producir escenarios como el que vemos en Michoacán actualmente”. Una consecuencia, a su juicio, de la ruptura de acuerdos secretos que el presidente Calderón no respetó.
El también asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, quien ha estudiado a las mafias criminales en 107 países, hace ya dos años que viene advirtiendo de que en México el Estado podría perder el control porque no investiga las redes patrimoniales y económicas de los cárteles debido a la falta de un pacto político. Buscaglia calcula que el 85% de la economía del estado natal del presidente Calderón, Michoacán, está sostenida por el comercio criminal.
Los negocios, la política y el crimen organizado se han imbricado de tal manera que será muy difícil separarlos. Quizá por ello los obispos llamaron recientemente a todas las parroquias y comunidades a la oración como método eficaz para expulsar esos demonios.
CONDENA EN EL ‘CASO POSADAS’
La Justicia mexicana ha condenado a 11 años y tres meses de prisión a Alfredo Araujo Ávila, El Popeye, un sicario del cártel de Tijuana acusado de participar en el tiroteo que acabó con la vida del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. El Popeye fue acusado de poseer parte del armamento utilizado aquel 24 de mayo de 1993 para asesinar al purpurado; sin embargo, los autores intelectuales y materiales del suceso permanecen en la impunidad.
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En el nº 2.671 de Vida Nueva.
