En Málaga, la Iglesia pide el cierre de estas instalaciones
(Vida Nueva) Cáritas cuestiona el papel que cumplen los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) en España, por considerar que en ellos “además de restringirse el acceso a derechos humanos básicos, mantienen la práctica de internamiento para infracciones administrativas, proyectan una imagen social que estigmatiza la inmigración y producen prácticas degradantes, arbitrarias y poco transparentes”. Se trata de una de las conclusiones de un reciente Encuentro Confederal de Migraciones organizado por las Cáritas Diocesanas en El Escorial (Madrid) para reflexionar sobre el actual marco de trabajo en política migratoria. Mientras, el Obispado de Málaga está pidiendo el cierre de estos centros por ser “injustos en sí mismos”.
Cáritas también ha denunciado que en los CIES “se prima el control policial frente al judicial o social y se imposibilita el acceso de las organizaciones sociales”. Por todo ello, consideran que sería necesario acometer una reforma de la Ley de Extranjería, al mismo tiempo que exigen que se cumpla la normativa actual, que se ejerza un mayor control judicial, que se arbitren medidas alternativas para personas vulnerables y que se mejoren las condiciones de salud e higiene. Por otro lado, Cáritas cree que las medidas desarrolladas hasta el momento en materia de retorno obstaculizan “la construcción de una sociedad integrada”. También estima que se hace necesario “fortalecer el sistema de garantías al menor, primando su condición de niños frente a la de extranjeros”, pues se ha constatado que muchos de esos menores que un día llegaron acompañados, hoy están desamparados. Por último, otra de las conclusiones del Encuentro Confederal fue que “no debemos callar ante la intención de confundir incentivos de retorno con acciones de desarrollo”, ya que “no toda ayuda económica de las instituciones es válida para el desarrollo del país que la recibe, ni respetuosa con las personas”.
Por su parte, desde el Obispado de Málaga, y más concretamente desde el Secretariado de Migraciones, su directora, Lourdes Antiñolo, denuncia esta semana en las páginas de Vida Nueva: “Los tratan como delincuentes cuando son personas que no han cometido un delito, sino que, simplemente, no cuentan con papeles”. La delegación de Migraciones pertenece a la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes que se ha constituido en la ciudad, que defiende “los derechos de quienes no tienen voz” y desde donde se asegura que en el Centro de Internamiento de la capital malagueña se están produciendo “negligencias”, tales como “abusos sexuales por parte de policías a las reclusas, separación de familias, falta de información de su situación legal…”, añade Lourdes Antiñolo.
Más información en el nº 2.639 de Vida Nueva y en vidanueva.es