Documento de la Comisión de Pastoral a propósito de la polémica reforma de la industria del petróleo
(Pablo Romo Cedano) Los obispos mexicanos acaban de ofrecer su palabra en el debate sobre la reforma de la industria del petróleo, invitando a considerar la primacía de la persona humana frente al lucro y el mercado. Así, los miembros de la Comisión de Pastoral Social –con su presidente y obispo auxiliar de Monterrey, Gustavo Rodríguez Vega, a la cabeza– hicieron un fuerte llamamiento a reflexionar y no tomar decisiones sin tomar en cuenta el bien común de todos los mexicanos. Bajo el título El petróleo, para una vida digna de México, el 24 de julio dieron a conocer un documento recordando los principios de la Doctrina Social de la Iglesia sobre el bien común y la función del Estado.
El texto arranca constatando que “nuestro país atraviesa un momento difícil y delicado, que requiere profundo análisis y discernimiento”. Y no es para menos: en los últimos meses, cientos de miles de personas en todo el país se han movilizado en contra o a favor de la privatización de algunos de los sectores de la industria petrolera (empresas como Haliburton, Repsol y Shell han mostrado su interés en participar en la compra de algunos sectores de la empresa petrolera mexicana); se ha tomado la tribuna del Congreso; y el Senado ha tenido que realizar decenas de consultas públicas sobre el tema con expertos, académicos, políticos e intelectuales. Sin ir más lejos, el domingo 27 de julio más de un millón y medio de personas participaron en una consulta pública organizada por autoridades de la Ciudad de México y por nueve estados de la República, que se ampliará durante las próximas semanas al resto de los estados del país. Así las cosas, los obispos reconocen que éste es uno de los temas más preocupantes para la vida de los mexicanos “por lo que significa para el presente y el futuro de nuestra patria”.
Los prelados son conscientes de que ellos no deben ofrecer “soluciones técnicas”, sino proponer principios de reflexión a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, sin pretender legitimar o no posturas políticas ya asumidas. En su opinión, los criterios de las propuestas de reforma deben tener en cuenta valores fundamentales como la solidaridad, entendida como “la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”. Es decir, “el lucro y la sed de poder” no son el criterio para reformar la ley que rige la industria, “porque, cuando éstos se buscan a cualquier precio, someten los procesos sociales al beneficio de unos cuantos”.
Otro principio que señalan los obispos es el bien común, “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. En este sentido, la pregunta clave que se hacen es: “¿Quién es beneficiado y quién sufre? ¿Cómo impactará a los más pobres y sus posibilidades futuras?”. De igual forma, subrayan la necesidad de aplicar con responsabilidad la autoridad para que incida en el desarrollo humano integral de la persona, y “no sólo en el interés de los partidos y de los grupos de poder”.
Dada la experiencia de privatizaciones anteriores (telefónica, ferrocarriles, carreteras o bancos en manos extranjeras), los pastores se interrogan: “¿Qué propuestas contribuyen más a que el petróleo y Pemex estén al servicio del bien común de la nación? ¿Cuáles servirán más para que los pobres, los desempleados, los campesinos e indígenas, las mujeres y los ancianos, puedan llevar una vida más digna? ¿Cuáles servirán sólo para enriquecer a unos pocos, a los dueños de grandes capitales, a los directivos de las empresas o a los líderes sindicales?”.
El tercer principio que recuerdan es el destino universal de los bienes, ante la constatación de que la “concentración de poder y de riquezas en manos de pocos produce la exclusión, aumentando las desigualdades que mantienen en la pobreza a una multitud de personas”. Y recuerdan que “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos”, por lo que “los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad”. Y, por fin, la transparencia, como contrapunto a la “escandalosa” corrupción de la industria en los procesos de licitar y dar concesiones.
Los firmantes del documento concluyen animando a los laicos a participar en el proceso de discusión y debate, y exhortan a la creación de un “permanente diálogo nacional” para buscar pacíficamente el cumplimiento de los principios que la sociedad necesita.
Pablo Romo Cedano es corresponsal de ‘Vida Nueva’ en México DF
