Los CIE, un problema sin resolver

Un intento de fuga en el centro de Aluche (Madrid) evidencia graves vulneraciones de derechos humanos

inmigrantes se rebelan en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche 19 octubre 2016

El grupo de inmigrantes que han protestado hoy en el CIE de Aluche

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Aunque afortunadamente se ha resuelto sin violencia, la protesta hoy de medio centenar de internos en el CIE de Aluche (Madrid), que han escapado de las “celdas” y han pasado la noche del 18 al 19 de octubre en la azotea del edificio, es otra muestra más de que “el sistema de retención falla”. Así lo manifiesta a Vida Nueva Santiago Yerga, abogado de la entidad jesuita Pueblos Unidos, quien, pese a la escasez de información, siguió con mucha atención durante esas horas los acontecimientos.

De hecho, la opacidad de las autoridades del Centro ha sido denunciada en primera persona por Javier Barbero, concejal de Salud, Seguridad y Emergencias por Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital de España. Como reconoce a esta revista, tras presentarse desde el primer momento en la puerta del CIE para mediar y “ofrecer la ayuda de los bomberos, el Samur o la policía municipal”, todo le fue “denegado” por parte de los responsables de una entidad que es dependiente del Ministerio del Interior. De hecho, fueron varios los cargos políticos que se concentraron para exigir aclaraciones.

Sin embargo, resalta Barbero, la total ausencia de información de cuanto estaba sucediendo excede a la disputa por las competencias y, de un modo directo, “afectó, como siempre, a las personas más vulnerables y en riesgo; en este caso quienes estaban al raso en una azotea”. Mirando más allá, el concejal y también profesor en el Centro de Humanización de la Salud, de los religiosos camilos, pide replantearse el propio funcionamiento de los CIE: “Como dice la alcaldesa Manuela Carmena, estamos ante una institución fallida, pues priva de la libertad a quien no ha cometido un delito”.

En esta línea, Santiago Yerga plantea “que este intento de fuga, como los que se han registrado estos meses en otros puntos de España, ponen en evidencia un sistema levantado sobre el menoscabo de derechos. No podemos olvidar que hablamos de personas que ejercen su legítimo derecho a la libertad y a la protesta. Y es que, pese a no ser delincuentes, sufren de facto el peso de una institución de carácter penitenciario”. El abogado también lamenta que “prácticamente ningún partido reclama acabar con los CIE”, por lo que no se atisba una solución a corto o largo plazo.

Se acaba el “motín”, el problema sigue

Miguel Ángel Vázquez, representante del partido Por Un Mundo Más Justo, de inspiración cristiana, también levanta la voz en conversación con Vida Nueva: “Lo que ha sucedido esta noche en el CIE de Aluche es una demostración más de la flagrante vulneración de derechos humanos que suponen estas cárceles racistas. Que decenas de chavales hayan huido hasta el tejado del centro para estar durante 11 horas acorralados bajo la lluvia y el frío en mitad de la noche, habla de la desesperación que sufren las personas a las que se encierra en estos CIE por el mero hecho de no tener un papel”.

En este sentido, observa, “resulta de auténtica vergüenza que no se haya permitido el acceso a los representantes públicos (concejales, diputados y diputados autonómicos) que se han congregado a lo largo de la noche frente al centro para velar por los derechos de estas personas. Ha terminado lo que, de manera sensacionalista, se ha denominado ‘motín’, pero el problema sigue. El problema es el CIE en sí mismo. Hay que cerrarlos ya y velar por el cumplimiento de los derechos”.

El “Guantánamo español”

En su informe de junio de 2015 sobre todos los CIE del país, Pueblos Unidos ya describía el de Aluche con un balance muy negativo, hasta el punto de denominarlo el “Guantánamo español”. Pese a inaugurarse en 2005, en solo una década ha caído en un gran “deterioro”, lo que, a juicio de la institución jesuita, que ha elaborado su estudio añadiendo a sus propias entrevistas las aportaciones escritas del Fiscal Especial de Extranjería y del Defensor del Pueblo en sus visitas anuales, evidencia que “la inversión se destinó principalmente a las dependencias administrativas y policiales” y no al bienestar de los internos.

Así, el que fuera hospital de la cárcel de Carabanchel mantiene hoy su estructura penitenciaria, con habitaciones dispuestas como “celdas” cerradas y con rejas, sin apenas visibilidad, habiendo además saturación.

En cuanto a la asistencia sanitaria, no es permanente y también se ve muy mermada la especializada en materias básicas como la atención psicológica, psiquiátrica o bucal, no entregándose ningún tipo de parte médico a los internos. Un punto especialmente grave es la denuncia de que “no existe rigor alguno en la identificación de los menores internados”.