Centros de salud de instituciones religiosas se acogen a la objeción para no practicarlo
El Parlamento uruguayo, durante la aprobación de la ley
PILAR TEIJEIRO BOVE. MONTEVIDEO | El 20 de diciembre venció el plazo para que las instituciones de salud en Uruguay presentaran “objeciones de ideario” para no realizar abortos a sus asociadas. Así, como ya habían adelantado, el Sanatorio Círculo Católico y el Hospital Evangélico –vinculados a la Iglesia católica y a la protestante, respectivamente– solicitaron dicha excepción prevista en el artículo 10 de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el 17 de octubre de 2012.
Ambas entidades presentaron al Ministerio de Salud Pública sus planes alternativos para atender a las usuarias que soliciten abortar, posibilitando la salida de la institución o procurando que otro centro las atienda, según confirmó Leticia Rieppi, del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, y sus auxiliares apoyaron la postura del Sanatorio Círculo Católico para que se respete su identidad, reiterando su “oposición a esta ley”, porque “creemos que se está yendo más allá de la misma cuando se deja de hablar de despenalización y se habla del derecho de la mujer a la interrupción del embarazo, es decir, del ‘derecho al aborto’”.
Cada niño, imagen de Dios
Los mensajes navideños de varios prelados hicieron referencia también a la nueva situación jurídica, defendiendo que “cada niño, desde su concepción, es una imagen de Dios”, recordó el obispo de Minas, Jaime Fuentes.
El titular de Salto, Pablo Galimberti, por su parte, lamentó que, durante 2012, “el derecho a la vida perdió fuerza en algunos sectores de nuestro pueblo”, y denunció “cómo se socavan las bases de la familia formada por varón y mujer, equiparándola a uniones homosexuales que son imitaciones del matrimonio” (ver más abajo).
Una situación inicialmente no prevista por las autoridades sanitarias fue la solicitud de varios profesionales que plantearon objeciones de conciencia a sus respectivas instituciones. Consultada por Vida Nueva, Rieppi reconoció que, si bien no tiene la cifra total de médicos que pidieron esta excepción –contemplada en la ley–, la atención está asegurada en todo el país.
Mientras tanto, la Iglesia metodista uruguaya se ha desmarcado de la opinión católica y, en un comunicado hecho público, sostiene que la mejor forma de evitar los 30.000 abortos anuales no es la vía penal, sino un proyecto de apoyo a la mujer y su derecho a la información y formación. Para ello, llama a no “caer en la falacia de confundir la despenalización con la incitación o promoción del aborto”, pero “de ninguna manera podemos actuar como si el tema aborto no existiera”, advierte en clara alusión a su par católica.
Se estima que, en este país con 3,3 millones de habitantes, se practican actualmente unos 80 abortos diarios, cifra que, a partir de la aplicación de la ley recién aprobada, podría establecerse con mayor exactitud.
Matrimonio igualitario
Otro motivo de enfrentamiento entre la Iglesia católica y el Gobierno de José Mujica es el proyecto de Ley de matrimonio igualitario, que reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado el pasado diciembre por el Parlamento uruguayo y que será debatido este 2013 en el Senado. El proyecto, de 28 artículos, modifica el Código Civil vigente en el país desde 1886, válido para el matrimonio de un hombre y una mujer.
Diversas voces dentro de la Iglesia católica expresaron su rechazo a la norma aprobada, pues, “por definición, el matrimonio es entre varón y mujer”, señaló el obispo auxiliar de Montevideo en la página de la Conferencia Episcopal Uruguaya.
“Al crear un nuevo tipo –advierte Daniel Sturla– se tocan aspectos fundamentales de nuestra civilización”, en tanto que la institución deja de ser el espacio de “apertura a la vida”. También el titular de Canelones, Alberto Sanguinetti, en una de sus columnas en el mismo portal del Episcopado, se mostró contrario al término “matrimonio igualitario”, subrayando que una unión estable de varón con varón o mujer con mujer no puede ser igual a la de un hombre con una mujer, porque en los primeros casos “no pueden realizar el acto conyugal entre dos seres con corporalidad diferente –varón y mujer– y la actuación sexual que hagan no es capaz de procrear”.
De aprobarse la normativa en cuestión a lo largo de los próximos meses, Uruguay se convertirá en el segundo país de toda América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo después de Argentina.
En el nº 2.830 de Vida Nueva.
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