Los obispos bolivianos piden a Evo que escuche a la prensa

Varios profesionales están en huelga de hambre como protesta por la Ley contra el racismo

(Ronald Grebe– La Paz) La Iglesia católica ha pedido al Gobierno de Evo Morales que escuche las protestas contra la aprobación de dos artículos de la Ley contra el racismo, mientras que en toda Bolivia continua la recogida de firmas promovida por los periodistas, en el marco de una “iniciativa legislativa ciudadana” que busca que la Asamblea Legislativa Plurinacional acceda a la modificación de los artículos 16 y 23, que son considerados como conculcatorios de la libertad de prensa e información.

“No se pueden acallar las ideas”, advirtió durante su homilía dominical el obispo auxiliar de Santa Cruz, Braulio Sáez, quien recordó que amplios sectores de la población “no aceptan el modo y la manipulación que se está haciendo en la aprobación de determinadas leyes, en concreto de la Ley contra la discriminación y antirracismo”.

El prelado reivindicó que la Iglesia, como parte del pueblo, tiene derecho a expresar su opinión al respecto, como han venido haciendo los miembros del Episcopado días atrás, al manifestar que la Iglesia rechaza toda forma de discriminación y racismo, conductas que vulneran la libertad y la igualdad de las personas. “Lo estamos viendo y lo estamos sufriendo, porque se quieren imponer unas leyes que no son consensuadas por todos”, lamentó Sáez, al tiempo de insistir en que cualquier legislación sea “compatible con los principios de pluralidad, libertad de pensamiento y de libre expresión; lo contrario supone la imposición de un pensamiento único y una visión de persona y sociedad que amenaza una sana convivencia social y democrática”.

El ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, por su parte, aseguró que la Ley contra el racismo está muy “cruda” a nivel conceptual y que no define aspectos básicos, porque fue elaborada sin un análisis técnico previo. “La ley no está muy elaborada –sostuvo Cárdenas–; en la teoría universal sobre el tema de raza, racismo y discriminación, los científicos avanzaron muchísimo, pero los autores de la ley se afilian en términos muy generales a esas normas y no hay ni hubo un estudio nacional sobre cómo esos problemas se manifiestan en Bolivia”.

Mientras, el dirigente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, desveló que hay una respuesta altamente positiva de respaldo de la ciudadanía, que asumió como propia la lucha de los periodistas y de la sociedad entera por la vigencia irrestricta de la libertad de expresión. “Nosotros –anunció Vargas– esperamos reunir un número significativo de firmas para hacer llegar al Gobierno nuestras peticiones y observaciones para que pueda reaccionar, modificar en algunos casos y eliminar en otros, determinados artículos que son contrarios a la Constitución y a la normativa supranacional en materia de derechos humanos, libertad de expresión y libertad de pensamiento”.

“Si se nos quita la libertad de expresarnos, no hay democracia y vivimos en la esclavitud de la palabra, y esto es algo grave, porque ningún sistema puede quitar la expresión libre de toda persona”, defendió el obispo de Oruro, Cristóbal Bialasik.

Preocupación de la CEB

El obispo auxiliar de La Paz y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Óscar Aparicio, por su parte, reiteró que este organismo sigue con preocupación el incremento de medidas de presión impulsadas por los medios de comunicación y los periodistas de todo el país en defensa de la libertad de expresión y de pensamiento, a raíz de la promulgación de la citada ley.

“Como Iglesia, en sintonía con nuestro pronunciamiento del 27 de septiembre pasado [VN, nº 2.723], reafirmamos nuestra adhesión a toda iniciativa que aporte en la eliminación de formas de racismo y discriminación, pero también nuestra alerta sobre los inminentes riesgos que entraña la reciente aprobación y promulgación de esta ley para el ejercicio de principios y derechos fundamentales de personas e instituciones”, afirma la CEB en un nuevo comunicado. Y añade: “Reconocemos la legitimidad de las demandas de los medios de comunicación, así como sus acciones en defensa de la libertad de expresión, uno de los pilares de toda sociedad democrática. No obstante, llamamos a los periodistas en huelga de hambre a levantar esa extrema medida que atenta contra su vida, y a optar por otras alternativas constitucionales y de opinión pública para alcanzar sus reivindicaciones”.

regrebe@vidanueva.es

En el nº 2.725 de Vida Nueva.

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