Prepara una reforma de la ley de libertad de conciencia que limitaría la actividad misionera de las Iglesias
(I. D. Carpio– Moscú) Dos asuntos en direcciones contrarias centran actualmente el debate religioso en Rusia. En primer lugar, tras veinte años de debates, se ha logrado un acuerdo sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Los padres de los alumnos de las clases cuarta y quinta (10-11 años) de Secundaria deberán escoger para sus hijos entre tres posibilidades: Fundamentos de cultura religiosa (con cuatro ramas, correspondientes a las religiones tradicionales de Rusia: ortodoxia, islam, judaísmo y budismo), Fundamentos de historia y cultura de las religiones del mundo y Fundamentos de ética secular. Así se garantizan también los derechos de las otras minorías religiosas y de quienes no profesan ninguna fe. El conocido diácono Andrei Kuraev, encargado de redactar los textos de la confesión ortodoxa, ha insistido en que el tratamiento de estas materias deberá ser académico, evitando la propaganda, el adoctrinamiento y la crítica de otras religiones.
Casi simultáneamente, con diferencia de apenas unas semanas, ha surgido otra noticia que ha sembrado inquietud en todos los grupos religiosos, especialmente los minoritarios. Un proyecto de enmienda de la ley de 1997 que regula la libertad de conciencia pretende reforzar el control de la actividad misionera de las organizaciones religiosas. El proyecto complicaría el proceso burocrático de inscripción de éstas y dificultaría la invitación de misioneros extranjeros.
Otros aspectos controvertidos del proyecto de enmienda son que pretende definir qué se entiende por actividad misionera y que quiere restringir ésta sólo a los dirigentes reconocidos de los grupos registrados, de modo que los demás miembros deberán contar con un permiso escrito expreso de aquéllos. Finalmente, se prevé que una condición necesaria para el registro sea que ninguno de sus miembros en ninguno de sus niveles de pertenencia haya sido nunca condenado por incitación al odio interreligioso o por otros crímenes de carácter extremista.
Las voces que se han alzado contra este proyecto de enmienda proceden de todas las confesiones y religiones. El ya citado diácono Kuraev ha señalado el absurdo que supone limitar la posibilidad y el derecho de pertenencia religiosa a convictos y exconvictos, cuando son no pocos los sacerdotes y misioneros que trabajan entre ellos, en cárceles y otras instituciones penales. De hecho, la Iglesia no puede cerrar sus puertas a ninguna persona que desee vivir su fe, independientemente de cuál haya sido su pasado. De prosperar esta propuesta, sería el Ministerio de Justicia quien se arrogaría el derecho de anatema, algo a todas luces carente de sentido.
Lo mismo puede decirse sobre la necesidad de un permiso escrito para anunciar la propia fe. El presidente de la Unión Rusa de Cristianos Evangélicos Bautistas, Yuri Sipko, ha subrayado que todo creyente es, a su modo, misionero y que carece de sentido pretender que cada uno de ellos reciba un permiso escrito de sus pastores para comunicar su fe.
En el caso, recuerda Sipko, de que alguien en una conversación informal diera testimonio de su fe, podría ser detenido por realizar actividades para las que carece de permiso. Sipko ha puesto de relieve que el proyecto cae en los viejos vicios de control y regulación, que contradicen claramente la Constitución y que, además, dificultan que las Iglesias y grupos religiosos contribuyan, como están haciendo de manera activa, a vertebrar la sociedad civil al dotarla de sustancia moral, afirmar la libertad individual, fortalecer la familia y favorecer numerosas iniciativas de carácter social.
Puede entenderse que sean los grupos protestantes los que con mayor preocupación miran este proyecto, aunque ninguna organización religiosa, Iglesia Ortodoxa incluida, haya ahorrado las críticas.
EL DEBATE SIGUE ABIERTO
Las reacciones críticas a la pretendida reforma han tenido ya un efecto positivo. Sergei Popov, jefe del Comité de la Duma que supervisa los asuntos religiosos, ha declarado que este proyecto eran sólo propuestas, que quiere convocar una mesa redonda con todos los grupos religiosos y que, aunque la regulación es necesaria, todas las posibilidades para el debate están abiertas. De hecho, algunos consideran que las reacciones que se han suscitado pueden dar al traste con el proyecto de reforma, que, en todo caso, de llevarse a cabo, probablemente significaría, sobre todo, un nuevo nivel de complicaciones burocráticas para los grupos religiosos, más que una real dificultad de realizar sus actividades.
En el nº 2.682 de Vida Nueva.
