Esta expresión bien podría resumir el espíritu de la ley de Seguridad y Extranjería impulsada por Silvio Berlusconi y aprobada el día 14 por la Cámara Baja del Parlamento italiano. El primer ministro propone una especie de ‘Gran Hermano’: permite la formación de patrullas locales contra el delito -ser inmigrante sin papeles- integradas por civiles y la obligación de denunciarlos ante la Justicia; multas de entre 5.000 y 10.000 euros para quienes, en definitiva, buscan un futuro mejor; cárcel para los que alquilen una casa; o una tasa de entre 80 y 200 euros para los que soliciten o tengan que renovar su permiso de trabajo. Eso sí, tiene su ‘corazoncito’, pues los médicos y directores de centros educativos quedan exentos de esta obligación.
En el nº 2.661 de Vida Nueva.
