Nuevo comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) en poco más de una semana, a la vista de “los acontecimientos que la sociedad guatemalteca ha vivido en los últimos días: manifestaciones populares de descontento y frustración, y reclamos crecientes”. Tras analizar lo que está ocurriendo en el país centroamericano, los obispos denuncian que “la situación de paro nacional que se ha desarrollado es el resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del Ministerio Público que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común”.
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Se refieren los prelados al “secuestro de las actas del proceso electoral”, un hecho “amparado por la decisión de un juez” y que ellos –y el conjunto de sus compatriotas– perciben como una acción “contraria a la ley que otorga supremacía al Tribunal Supremo Electoral en materia electoral” y como “una violación del respeto debido al voto ciudadano libremente emitido”.
Pero van más allá. Entienden los pastores que todo lo ocurrido desde que se celebraron las elecciones, el pasado mes de agosto, se ha percibido como “un acto de prevaricación”. En este sentido, lamentan que “algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, que debían restablecer el orden político, no han resuelto los conflictos, pues se perciben como interpretaciones interesadas de la ley”. O lo que es lo mismo, “el Estado, a través de estas instituciones, no ha servido al bien común –reiteran–, y por eso gran número de ciudadanos se ha levantado en protesta y pide la destitución de quienes de manera flagrante han atropellado el proceso electoral”.
Defensa del bien común
Por todo ello, desde el Episcopado urgen al todavía presidente de la República, Alejandro Giammattei, a “cumplir la responsabilidad que el mismo pueblo le ha confiado”, lo que, a su juicio, implica que “se pronuncie en defensa del bien común y que atienda el clamor de quienes manifiestan en la calle”. Es decir, que “pida la renuncia de la fiscal general y jefe del Ministerio Público [Consuelo Porras] y que con ella renuncien sus colaboradores, ejecutores de las acciones que se han percibido como abusos y atropellos del proceso electoral”.
Si así lo hiciera Giammattei, con su decisión “demostrará la preocupación real de un gobernante que quiere la paz para sus conciudadanos”, defiende la jerarquía católica, que pide a la fiscal general y al fiscal especial, Rafael Curruchiche, y sus colaboradores, que “consideren que ha llegado el momento de demostrar con acciones otro modo de evidenciar sus responsabilidades ciudadanas” y “presentar su renuncia”. “No solamente sus acciones han sido el detonante de la insatisfacción popular –advierten los obispos–, sino que la misma se mantendrá, con todos sus efectos negativos, hasta que el pueblo se dé cuenta de que sus peticiones han sido escuchadas”.
Decisiones y acciones
A renglón seguido, el pronunciamiento –que lleva la firma del obispo de La Verapaz, Rodolfo Valenzuela, y del obispo de Jutiapa, Antonio Calderón, presidente y secretario general de la CEG, respectivamente– apela a la conciencia de Giammattei, de Porras y de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia para que, “ante ese Dios que la Constitución invoca en su preámbulo, dejen los intereses sectoriales o personales y tomen las decisiones y acciones que reconduzcan al país a la normalidad política y social”.
“Sabemos que son decisiones muy difíciles –admite el mensaje episcopal–, pero también sabemos que cuando morimos a nuestros intereses personales, seguimos el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo que nos pide siempre dar la vida por amor a los demás”.
Finalmente, la cabeza visible de la Iglesia en el país pide “al pueblo de Guatemala, a los líderes sociales y a los que tienen influencia en la vida social, que utilicen los medios legales que la misma Constitución ofrece para expresar el descontento y la insatisfacción, sin recurrir a la violencia ni a ejercer ningún tipo de presión que coarte la libertad que cada ciudadano guatemalteco tiene”.
Dentro de la legalidad
“Es necesario –recuerdan los prelados– que los manifestantes se mantengan dentro de la legalidad y, por lo tanto, no impidan el derecho de otros ciudadanos a la libre locomoción, al trabajo, a la educación y al comercio”. Porque “la manifestación, para ser efectiva, debe producir algún tipo de restricción que suscite la reflexión y la decisión”, reconocen, pero “no puede legalmente suprimir e impedir el derecho de los demás ciudadanos a moverse, a trabajar y servir”. Y es que “no se puede alcanzar el bien haciendo daño a los demás y provocando un drama humanitario por escasez de lo esencial para la vida”, claman los firmantes del texto.
Los integrantes de la CEG concluyen expresando su confianza en que todas estas consideraciones suyas “sean tomadas en cuenta, pues nacen de una intención recta de cumplir con sinceridad la misión que tenemos de ser artífices de la paz”. Asimismo, esperan que la visita de los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país no sea “una cortina de humo propiciada por el Gobierno de Guatemala, que oculte lo que realmente estamos viviendo”. Y exhortan a todos a prestar “atención a los criterios éticos y morales que determinan sus acciones”, pues “el logro del bien común es el objetivo ético de la política y la razón por la que se constituye el Estado”
