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La Iglesia venezolana alerta sobre la “situación desesperada” de los pueblos indígenas, agravada con el coronavirus

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), junto con la Conferencia Venezolana de Religiosos (Conver), Consejo Nacional de Laicos (Conalai), Consejo Misionero Nacional (Comina), Obras Misionales Pontificas de Venezuela (OMP), Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y el capítulo nacional de la Red Eclesial Panamazónica  (REPAM), han expresado su alarma ante la situación desesperada de los pueblos indígenas que “se agrava aún más con la aparición del Covid-19”.



En un comunicado han afirmado que el impacto de la pandemia y la cuarentena social “se hacen sentir en las poblaciones indígenas”, por lo que “esta situación sanitaria viene a profundizar el grave deterioro de las condiciones de vida” de estos pueblos originarios “en general y de los amazónicos en particular, producto de la sistemática exclusión de sus derechos a los bienes y servicios necesarios para una vida digna”.

Han exhortado a las autoridades “se realice ante la pandemia un plan de atención para los pueblos indígenas, so pena de ser partícipes de este genocidio en desarrollo” como también “pensar como asistir a las comunidades indígenas en el caso de un confinamiento prolongado y en la etapa de post-pandemia”.

Sin ningún tipo de garantías

Entre las demandas de la Iglesia se encuentra que “no se conoce sobre un protocolo específico para la atención de los pueblos indígenas en caso de contagio del virus”. De hecho “en algunas comunidades se realizan operativos de prevención y se exigen medidas de higiene” pero “sin garantizar el servicio de agua potable e ignorando la precariedad económica de las familias”.

Además en “los dispensarios y puestos de salud, en las comunidades indígenas, no cuentan con la mínima presencia de personal sanitario y dotación que permita resolver situaciones médicas básicas”.

La sed del oro destructora

Otro de los graves males denunciados por la Iglesia venezolana en pleno es el de la minería ilegal en el estado de Bolívar, al sur del país, auspiciada por autoridades militares, por lo que “la impunidad está a la orden del día”, mientras que “la resistencia indígena tan alabada en otros momentos, ahora, no es tolerada”.

“La sed del oro del sur no tiene límites llegando a niveles de una renovada idolatría”, han dicho al tiempo que denuncian que “esta actividad minera desbocada hace revivir dantescas escenas de incursiones violentas y armadas para oponerse a poblaciones que se resisten a ver destruidas sus tierras, sus aguas y sus culturas”.

Inacción y silencio

El hambre arrecia habida cuenta que “en poblaciones pequeñas la cuarentena obligatoria impide a los indígenas trabajar en sus conucos y dedicarse a la pesca”. De paso “en los lugares de mayor densidad poblacional la falta de transporte y de suministro de combustible dificulta la comercialización de los productos agrícolas, pescados y artesanías, intensificando la ya precaria realidad que viven los pueblos indígenas”.

La situación educativa es “alarmante e impracticable” a causa de que en la mayoría de las zonas “no hay electricidad, no hay señal de televisión ni de internet”, por ello “nos preguntamos. ¿Qué pasará? ¿Se perderá todo el año escolar? ¿La desigualdad y asimetría en el acceso a la educación retrocederá a niveles del pasado? ¡No es justo! La inacción y el silencio no pueden ser una opción de políticas públicas”.

Foto: IPDRS

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