La defensa del cardenal Pell ya ha agotado la última oportunidad para defender su inocencia ante la justicia australiana. El Tribunal Supremo ha acabado hoy de analizar el recurso de apelación del purpurado condenado el 13 de marzo de 2019 a 6 años de prisión por abusar sexualmente de dos menores en la década de 1990, pese a que el ex ministro de Economía del Vaticano siempre se ha declarado inocente. Se convertía así en el más alto cargo del Vaticano condenado por pederastia.
Los 7 magistrados no han anunciado hoy su decisión, por lo que, como ocurre generalmente, el fallo se dilatará unas semanas. George Pell, de 78 años, que no ha acudido a la vista, se encuentra en HM Prison Barwon, una cárcel de máxima seguridad al suroeste de Melbourne, donde, si no prolifera su apelación, tendrá que cumplir tres años y ocho meses antes de poder solicitar la libertad condicional. Esto es, en octubre de 2022.
La Fiscalía, se mantiene
La fiscal jefe del estado australiano de Victoria, Kerri Judd, acusó durante la segunda y última jornada –11 y 12 de marzo– a los abogados de Pell de presentar durante su turno “un panorama incompleto e inexacto de los hechos”, según apuntan medios locales. Mientras, su defensa ha vuelto a pedir que la condena sea revocada, debido a que esta se basó en el testimonio no corroborado de un solo denunciante y cuyo testimonio considera “imposible”. El demandante señaló que un miembro del coro y él fueron abusados sexualmente por el cardenal después de una misa dominical, cuando el purpurado era arzobispo de Melbourne entre 1996 y 1997.
El testimonio de la otra presunta víctima no pudo incluirse en el proceso debido a que falleció en 2014, sin embargo, se sabe que en 2001 había negado a su madre haber sido víctima de abuso mientras era miembro del coro.
El ex prefecto de Economía,aunque ya no tiene ninguna posición en el Vaticano, sigue siendo cardenal. La Santa Sede mantiene el veto al contacto con niños y su caso también está siendo examinado por la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe, responsable de juzgar los ‘delicta graviora’ (delitos más graves, entre los que está la pederastia), que después de que se hiciera pública su condena en febrero de 2019 anunció la apertura de un “proceso administrativo”.
