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Scicluna establece vínculos entre la justicia civil y eclesiástica en Chile

Horas antes de reunirse el fiscal nacional con los delegados papales, la Fiscalía allanó el Tribunal eclesiástico de Santiago y el Obispado de Rancagua en una acción inédita en el país.

El arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y su notario, Jordi Bertomeu, sacerdote catalán, cumplieron la primera etapa de su misión en Chile los primeros dos días en Santiago. Al tercer día se trasladaron a Osorno, como estaba programado, para esta parte de su misión que realizarán durante cuatro días. Luego, otra vez dos días en Santiago.

Capacitación a canonistas

El mismo día de su llegada recibieron al Consejo Nacional para la Prevención de Abusos y varios testimonios previamente concertados. Al día siguiente, por la mañana, en la sede central de la Universidad Católica se reunieron con unas 60 personas relacionadas con el Derecho Canónico, en una jornada de capacitación para canonistas organizada por el Consejo. Allí Scicluna expresó que la acogida de las víctimas denunciantes de abusos debe ser un principio rector en los procesos eclesiásticos y citando a Benedicto XVI indicó que “es importante establecer la verdad de lo sucedido en el pasado, tomar todas las medidas necesarias para evitar que se repita en el futuro, asegurar que los principios de justicia sean plenamente respetados y, sobre todo, sanar a las víctimas y a todos los afectados por estos crímenes atroces”.

El arzobispo de Malta recordó que el Derecho Canónico protege el derecho del acusado a defenderse, a conocer los motivos subyacentes a la decisión, y a la revisión de una decisión que le afecte. También describió a los participantes en la jornada actitudes que son enemigas de la verdad: “La negación deliberada de hechos conocidos y la preocupación fuera de lugar por dar absoluta prioridad al buen nombre de la institución en detrimento de la legítima revelación de un delito”. Por ello destacó: “Reconocer y admitir la verdad completa, con todas sus dolorosas repercusiones y consecuencias, es el punto de partida para una curación auténtica, tanto de la víctima como del autor de los abusos”.

Ese mismo día, por la tarde, los delegados papales recibieron en la Nunciatura al fiscal nacional, Jorge Abbott, acompañado de tres fiscales a cargo de las investigaciones relacionadas con abusos por parte de sacerdotes en varias diócesis del país. Al término del encuentro, Abbott señaló que llegaron a un acuerdo de colaboración entre la Iglesia y el Ministerio Público. “Vinimos fundamentalmente en busca de colaboración de las investigaciones que estamos llevando adelante que dicen relación con abusos que han sufrido fundamentalmente menores por parte de personas ligadas a la Iglesia”, explicó Abbott. “Hemos compartido con monseñor Scicluna, agregó, la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile para los efectos de poder hacer avanzar este tipo de investigaciones y finalmente poder establecer quienes son los responsables e instar por el castigo de los mismos”.

Coordinación con la justicia civil

Otro de los participantes en la reunión, el fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, dijo que el encuentro “fue una conversación bastante franca, distendida y en donde monseñor Scicluna y monseñor Bertomeu plantearon la entera disposición por parte de la Iglesia de facilitar y cooperar con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público“. “Se solicitó establecer una coordinación y un enlace para que se transmita esa información al Ministerio Público y también esta delegación vaticana va a establecer una oficina de recepción de denuncias de parte de los feligreses”, informó.

Durante la mañana del mismo día, horas antes del encuentro de los delegados papales con el fiscal nacional y otros tres fiscales, una orden de la Fiscalía hizo que Carabineros, personal de las fiscalías y periodistas llegaran hasta las sedes del Obispado de Rancagua y del Tribunal Eclesiástico de Santiago para requisar documentación, en papel y digital, de procesos relacionados con denuncias por abuso o que afecten a menores.

Esta acción respondió a la negativa de la Iglesia de entregar información sobre casos llevados por la Congregación para la Doctrina de la Fe y que quedan cubiertos por el secreto pontificio. El obispo de Rancagua recibió un oficio pidiendo que remitiera el total de las investigaciones realizadas en esa diócesis desde el año 2003 a la fecha, que se hubiesen iniciado por la vulneración a la integridad e indemnidad sexual de menores de edad. Incluían dos casos enviados a la Santa Sede cubiertos por el secreto.

El Nuncio Ivo Scapolo entregó la respuesta de la Santa Sede a Goic: “No es la práctica habitual de esta congregación (la) de autorizar a los Ordenados a hacer excepciones con respecto a las causas sujetas al secreto papal. Por lo tanto, si la fiscalía regional considera necesario avanzar, podrá enviar la carta de solicitud internacional y este ministerio responderá”. Ante esto, se activó el proceso de allanamiento que ocurre por primera vez en la historia de la Iglesia chilena.

Fuerte señal de colaboración

 Al enterarse de los allanamientos, el arzobispo Scicluna dijo a los medios de comunicación: “Debemos, como Iglesia, colaborar con la justicia civil. El abuso de menores no es solo un delito canónico, sino un delito civil. El bien común de la Iglesia y de la sociedad convergen en la tutela del menor”. Agregó que el encuentro que tendría algunas horas más tarde con el Fiscal Nacional tiene como objetivo “dar una señal fuerte de colaborar todo lo posible en una relación cordial entre Estados”. “El proceso canónico, completó, no debe de ninguna manera impedir el derecho de ciudadanos. En un contexto real hay colaboración, porque la inocencia de menores son valores esenciales en cada sociedad. Es muy importante trabajar juntos en la defensa de este valor tan importante”, concluyó.

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