Una víctima de abusos sexuales critica la sentencia dictada por la diócesis de Astorga

José Manuel Ramos Gordón, sacerdote de la diócesis de Astorga condenado por abusos

“Más que un castigo, parecen unas vacaciones”

José Manuel Ramos Gordón, sacerdote de la diócesis de Astorga condenado por abusos

El sacerdote condenado, José Manuel Ramos Gordón

JOSÉ LORENZO | “Privación del oficio de párroco durante un período no inferior a un año, en el que tendrá un seguimiento tutelado por un sacerdote, realizará Ejercicios Espirituales de mes y desarrollará labores asistenciales a favor de los sacerdotes ancianos e impedidos, así como otras tareas caritativas”. Esta pena fue la que, el 6 de mayo de 2016, le impuso el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, al sacerdote José Manuel Ramos Gordón, tras la denuncia por abusos sexuales presentada por F. L. cuando era alumno de 8º de EGB, en el curso 1988-1989, en Seminario Menor de La Bañeza.

“Más que un castigo, parecen unas vacaciones”, ha señalado ahora la víctima, que decidió hacer público el caso en la prensa tras comprobar que el pasado octubre, con la condena vigente, su agresor presidió una eucaristía en donde recibió el homenaje del pueblo zamorano de Tábara, de donde era párroco hasta que fue apartado por en julio pasado, y cuyos asistentes desconocían los hechos.

Por esta razón, el exseminarista ha escrito una segunda carta al papa Francisco (la primera fue en noviembre de 2014 y motivó la apertura del proceso canónico), en donde le confiesa sentirse “engañado”, según revela La Opinión de Zamora. El mismo diario informa de que F. L. ha presentado al Obispado una reclamación económica por daños y prejuicios.

Tras ponerse en contacto esta revista con la diócesis de Astorga, se ha remitido como única aclaración a la nota emitida el 29 de enero, una vez que la víctima denunció públicamente el caso. En la misma, se señala que una vez que el obispo tuvo conocimiento los hechos (Meléndez se encontró con este tema encima de su mesa, pues tomó posesión en diciembre de 2015), y aunque los hechos habían prescrito, se “levantó la prescripción canónica para que se pudiera realizar un proceso administrativo penal”, fruto del cual se dictó la pena.

Asimismo, la nota señala que desde agosto, el sacerdote “no tiene ninguna responsabilidad eclesial” y, en nombre de la Iglesia diocesana, “lamenta profundamente estos hechos” y vuelve a pedir perdón.

Publicado en el número 3.022 de Vida Nueva. Ver sumario

 


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