Los ritmos de la justicia civil y canónica chocan en Granada

El Vaticano permitió al arzobispo entregar documentos, ante el ultimátum del juez del ‘caso Romanones’

El arzobispo de Granada durante una reciente celebración en la catedral

Los ritmos de la justicia civil y canónica chocan en Granada [extracto]

BLANCA RUIZ ANTÓN | El pasado domingo 31 de mayo, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, entregó finalmente ante el juzgado de guardia la documentación que el juez Antonio Moreno, instructor del caso, le había requerido en al menos cuatro ocasiones. La última, el viernes 29 de mayo, cuando el magistrado le daba un ultimátum para que presentara en el plazo de tres días los interrogatorios y declaraciones en los que se basaba la investigación canónica. En el auto judicial en donde se instaba al arzobispo a colaborar, se le advertía, además, de los posibles delitos de falsedad, denegación de auxilio a la justicia y desobediencia que comportaría la no entrega del material requerido.

En alguna ocasión anterior, Martínez había remitido a la justicia civil al Vaticano para recabar allí la información solicitada. Ante lo que el juez le recordó que la Congregación para la Doctrina de la Fe solo tiene facultad para juzgar dentro de la Iglesia normas como el secreto pontificio invocadas por la diócesis, normas internas de la Iglesia que no vinculan a tribunales civiles y que, en todo caso, debería ceder ante la cooperación judicial y por el interés de los menores en aplicación de la política de tolerancia cero a la que alude reiteradamente el papa Francisco.

Sin embargo, desde el Arzobispado de Granada apuntan a que por la legislación canónica aplicable, la Congregación para la Doctrina de la Fe es la “única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que sigue el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos”.

También insistían a Vida Nueva desde las oficinas de la Plaza de Alonso Cano, a pocos metros de la catedral granadina, que es ese organismo vaticano “quien posee la documentación precedente y quien podría autorizar el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia”. Así pues, volvían a chocar, una vez más, la burocracia y la voluntad de cooperación, ralentizando, aún más si cabe, la acción de la justicia tanto civil como canónica, según señalan las fuentes consultadas.

El arzobispo remitió hace varios meses la información de la investigación interna de la diócesis sobre el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe para su estudio. El problema reside en que los documentos que el juez requería “se encuentran protegidos por un acuerdo de rango internacional” (los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979), por lo que era necesario el visto bueno de la Santa Sede para entregarlos a la justicia civil. Esto, según apuntan en el arzobispado granadino, “hacía imposible al arzobispo disponer de ellos sin violar el ordenamiento legal y la disciplina de la Iglesia al respecto”.

Ante los insistentes requerimientos del juez, quien considera esas declaraciones “necesarias” para el desarrollo de la causa, Martínez trasladó la petición a la congregación romana y esta, finalmente, el 28 de mayo autorizó al arzobispo a entregar la documentación solicitada para que “la autoridad civil pueda aclarar los presuntos hechos delictivos”. Pero en el límite del ultimátum dado por Moreno.

El Derecho Civil y el Canónico aún distan mucho de compenetrarse, como se ve. De hecho, al entregar en el juzgado de guardia los informes, el arzobispo transmitió “las cautelas y reservas que protegen esta documentación al tratarse de información obtenida en el ámbito eclesial y que responde a la normativa canónica propia de ese ámbito”.

Atado a las leyes canónicas en su condición de obispo, Martínez no podía saltarse la decisión del Vaticano. Quizás ahora le están pasando factura otras gestiones realizadas de manera discutible y sobre las que el arzobispo habló durante unas confirmaciones en una parroquia granadina la misma tarde en que fue al juzgado de guardia. “Que sepáis que vuestro obispo, que os quiere con toda el alma, puede ser muy torpe –seguramente lo soy– en muchas cosas, pero en todo esto he obrado según me ha pedido la Iglesia que obrara y con limpieza de corazón”, les dijo.

Familiares indignados

Esta difícil situación se ha enrarecido todavía más con la carta que el padre de ‘Daniel’, la víctima principal ha enviado al Arzobispado. En la misiva expone su “malestar más profundo y la absoluta desconfianza” ante la actuación de Javier Martínez, ya que, actualmente, siete de los diez sacerdotes implicados en el caso continúan ejerciendo el ministerio sacerdotal y en contacto con niños, “obviando la imputación por abusos sexuales que tuvieron”. Este hecho le parece “doloroso hasta el extremo” en una actuación que califica de “bochornosa y humillante al máximo para las víctimas”.

En la carta también destaca que su hijo no ha recibido el más mínimo apoyo en los siete meses “de angustia” que dura la investigación. E incluso reconoce que cuando la víctima le notificó al prelado que había interpuesto una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –cosa que, según el padre, hizo por iniciativa propia y nunca motivado por el arzobispo–, y le animaba a manifestar también ante ese tribunal el conocimiento que tenía la Iglesia del caso, aquel, según publicó Religión Digital, le contestó: “El asunto ya no está en tus manos ni en las mías, sino en las de la Virgen”.

En la misiva, que ha tenido amplio eco en los medios, el padre de ‘Daniel’ critica los procedimientos utilizados y manifiesta que, ahora, “la justicia es igual para todos, lleven o no alzacuellos”.

En el nº 2.944 de Vida Nueva.