Los ritmos de la justicia civil y canónica chocan en Granada

El Vaticano permitió al arzobispo entregar documentos, ante el ultimátum del juez del ‘caso Romanones’

El arzobispo de Granada durante una reciente celebración en la catedral

El arzobispo Javier Martínez durante una reciente celebración

BLANCA RUIZ ANTÓN | El pasado domingo 31 de mayo, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, entregó finalmente ante el juzgado de guardia la documentación que el juez Antonio Moreno, instructor del ‘caso Romanones’, le había requerido en al menos cuatro ocasiones. La última, el viernes 29 de mayo, cuando el magistrado le daba un ultimátum para que presentara en el plazo de tres días los interrogatorios y declaraciones en los que se basaba la investigación canónica.

En el auto judicial en donde se instaba al arzobispo a colaborar, se le advertía, además, de los posibles delitos de falsedad, denegación de auxilio a la justicia y desobediencia que comportaría la no entrega del material requerido.

El arzobispo remitió hace varios meses la información de la investigación interna de la diócesis sobre el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe para su estudio. El problema reside en que los documentos que el juez requería “se encuentran protegidos por un acuerdo de rango internacional” (los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979), por lo que era necesario el visto bueno de la Santa Sede para entregarlos a la justicia civil. Esto, según apuntan en el arzobispado granadino, “hacía imposible al arzobispo disponer de ellos sin violar el ordenamiento legal y la disciplina de la Iglesia al respecto”.

Ante los insistentes requerimientos del juez, quien considera esas declaraciones “necesarias” para el desarrollo de la causa, Martínez trasladó la petición a la congregación romana y esta, finalmente, el 28 de mayo autorizó al arzobispo a entregar la documentación solicitada para que “la autoridad civil pueda aclarar los presuntos hechos delictivos”.

Esta difícil situación se ha enrarecido todavía más con la carta que el padre de ‘Daniel’, la víctima principal ha enviado al Arzobispado. En la misiva expone su “malestar más profundo y la absoluta desconfianza” ante la actuación de Javier Martínez, ya que, actualmente, siete de los diez sacerdotes implicados en el caso continúan ejerciendo el ministerio sacerdotal y en contacto con niños, “obviando la imputación por abusos sexuales que tuvieron”.

En la misiva, que ha tenido amplio eco en los medios, el padre de ‘Daniel’ critica los procedimientos utilizados y manifiesta que, ahora, “la justicia es igual para todos, lleven o no alzacuellos”.

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En el nº 2.944 de Vida Nueva.

 

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