El sobreseimiento civil en el caso de abusos de Granada no afecta al proceso eclesial, pendiente de sentencia
Una pintada en un templo de Granada tras descubrirse la trama
El delito canónico de los ‘Romanones’ sigue vigente [extracto]
JOSÉ LORENZO | Era la esperanza que albergaban las respectivas defensas de los acusados y, también, el temor de las acusaciones. Y al final, se ha cumplido. El juez que instruye el caso contra el llamado ‘clan de los Romanones’, investigado por una presunta trama de abusos sexuales que implicó a varios sacerdotes y seglares de la diócesis de Granada, dictó un auto el pasado 14 de febrero por el que acuerda, “por aplicación legal obligatoria, declarar la prescripción de los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento, todo ello con prevalimiento” para 11 de los 12 implicados. Únicamente continuará la investigación judicial para el considerado cabecilla del grupo, el llamado P. Román, cuyo presunto delito (abuso sexual continuado con penetración y prevalimiento) contempla un pena grave (superior a cinco años de prisión), por lo que no prescribe hasta que hayan pasado 10 años. Y los hechos sucedieron en 2007.
El auto, sin embargo, no ha contentado a ninguna de la partes. Es cierto que la defensa se ha mostrado “parcialmente satisfecha”, aunque considera que la decisión de la prescripción llega tarde. La acusación, por su parte, ha anunciado que lo recurrirá. Y el propio juez subraya en el auto, de 15 páginas, que la prescripción “no lo es a capricho o arbitrio judicial, sino de obligado cumplimiento”. Y añade: “Distintos serían los reproches morales, religiosos, éticos o sociales a las conductas objeto de este procedimiento que no corresponde hacer al órgano judicial”.
Pero desde el punto de vista religioso no está todo dicho. “El abuso también es un delito canónico que no prescribe hasta los veinte años”, señala a Vida Nueva un canonista que sigue con mucha atención los temas de pederastia en la Iglesia, “por lo que el procedimiento sigue en marcha”.
Pero, ¿qué contempla este procedimiento para los sacerdotes a los cuales la justicia civil, habiendo acreditado la existencia del delito, declara el sobreseimiento por prescripción de los mismos? Sobre tres de estos curas, el Arzobispado de Granada les impuso medidas cautelares a mediados de noviembre pasado, al poco de conocerse los hechos, retirándoles del ejercicio del ministerio sacerdotal. También tomó medidas unos días después contra el seglar que trabajaba como profesor de Religión, al que le retiró la missio canonica.
¿Y para los que ahora han sido exonerados? “Desde aquí no se puede hacer nada, porque el asunto está ya en manos del Vaticano”, contestan desde el Arzobispado de Granada, lanzando la pelota al tejado de la Santa Sede (aun cuando el cardenal Ricardo Blázquez acaba de indicar que las investigaciones siguen también su curso en la sede andaluza).
Efectivamente, el proceso está ahora en las oficinas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con lo que se subraya la excepcionalidad de este caso, muy peculiar desde sus inicios, pues se implicó el propio papa Francisco mediante una llamada personal a la primera víctima, en respuesta a una carta en donde le detallaba el sufrimiento padecido. No ha trascendido si se trata de un procedimiento penal o administrativo, aunque sí que Roma se lo toma muy en serio y es previsible una condena ejemplar, sobre todo para el P. Román, con una posible reducción al estado laical.
También habría algún tipo de condena para los otros sacerdotes, según el canonista consultado, a pesar de que su grado de responsabilidad en los hechos es muy variado y, en algunos casos, “con acusaciones flojas”. Pero el hecho de que Francisco tomase las riendas del asunto, saltándose incluso al propio arzobispo de Granada, Javier Martínez, refuerza la idea del carácter ejemplificador que se le quiere dar a este caso. “Lo contrario sería hacer quedar mal al Papa”, subraya la misma fuente.
Profunda división en la diócesis
Pero también desde el punto de vista moral y pastoral quedan cosas por decir y hacer. Así, un arzobispo consultado por esta revista, a la hora de señalar pautas de actuación como pastor, habla de tener en cuenta varios principios. “El primero, el de ayudar a reparar el delito y el pecado. Segundo, salvar la presunción de inocencia. Tercero, evitar causar más daño a los fieles, salvar su fe sencilla y mostrar, a la vez, que la Iglesia, como institución, está actuando. Cuarto, buscar una salida para los acusados y ayudarles a salvar su alma, porque aunque la justicia diga que ya no hay delito, sí hay un pecado. Y, por último, no caer en una nueva inquisición”.
El prelado, con muchos años de pastoreo a su espalda, reconoce que estos principios “habría que haberlos puestos en marcha hace tiempo”.
Insiste en que no pretende prejuzgar la labor de su hermano en el episcopado, pero cree que “es necesario hablar mucho con esos sacerdotes, hoy muy señalados en la diócesis, lo que está contribuyendo a una profunda división en el Pueblo de Dios. Habría que hablar uno por uno con esos curas para buscar una salida, que puede pasar por tomarse un año sabático o irse a estudiar fuera, porque sostenerlos en el ministerio es una cuestión muy discutida…”.
Un presbiterio hundido
De los diez sacerdotes implicados, tres fueron apartados de sus responsabilidades pastorales el pasado mes de noviembre por el arzobispo. Los otros siete siguen en sus respectivas parroquias, algo que otros curas de la diócesis consideran “un inmenso error” por parte del arzobispo Javier Martínez.
“Es un caos pastoral, porque esas parroquias están bajo mínimos, porque esos sacerdotes están sufriendo también una terrible tensión interior, al límite de sus fuerzas, viviendo el bochorno personal de subir todos los días al altar”, señala un sacerdote granadino que pide encarecidamente preservar el anonimato.
En su opinión, los sacerdotes imputados, a pesar del sobreseimiento, deberían ser apartados de su labor ministerial y ofrecerles, “además de una rehabilitación y seguimiento, que se vayan a un monasterio o les concedan un año sabático”, más allá de lo que determine el proceso canónico.
“Los curas estamos indignados por la indecisión total del arzobispo. La diócesis entera está sufriendo mucho y no tenemos a nadie que nos consuele, que nos ofrezca confianza, que hable con nosotros… Hay casos de sacerdotes que hace dos años que le han pedido audiencia y todavía no la ha concedido. No hay diálogo, tampoco con los vicarios, que se han convertido en un búnker que le protege”. Lo corrobora el prelado consultado por Vida Nueva: “El presbiterio está hundido”.
“La situación –continúa el sacerdote– es insoportable, pero también para los fieles. ‘¿Es que los parroquianos no importamos nada?’, me han preguntado. La gente está en tensión y hay muchas madres que han retirado a sus hijos de catequesis o los han cambiado de parroquia”.
En el nº 2.930 de Vida Nueva
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