El interés del Gobierno por defender el negocio de las mineras lo ha puesto en contra de poblaciones enteras que les han dicho NO a las mineras. Para ellos el medio ambiente, sus ríos, sus bosques y su aire valen más que el oro, la plata o el coltán.
A Omaira Reyes se lo tienen anunciado: si sigue oponiéndose a la empresa, cualquier día aparece tirada en la carretera. En Santa Cruz, un corregimiento de San Lorenzo, los vecinos quieren construir un cementerio en lo alto de un cerro; pero la empresa ha decidido que allí excavará para encontrar oro; y Lilia Mamian, con sus ocho hermanos, es dueña de La Concepción, “la mina de oro más grande del macizo colombiano”, y se ha propuesto mantener el rico y extenso lugar como es hoy, una fuente natural de agua que llega al río Marmato por la quebrada Agua del oro.
Omaira, Lilia y los habitantes de Santa Cruz tienen en común que libran un pulso desigual con la poderosa compañía AngloGold Ashanti, que tiene a su favor títulos de explotación avalados por el Gobierno, maquinaria, dinero y, a su servicio, gente asalariada para toda clase de actividades.
Cualquiera diría que mantener ese pulso es empresa de locos y que más temprano que tarde se doblegará la parte débil, pero contrariando el sentido común, los débiles mantienen su empeño. ¿Por qué?
El porqué de un pulso
Porque saben que las explotaciones mineras traerán el fin del paraíso que ven, a cambio de una riqueza que no se está viendo ni se verá.
Tan fundada es esta persuasión que si usted recorre las zonas mineras del país llegará a pensar que hay una conspiración nacional contra la minería por parte de poblaciones enteras a las que no logra deslumbrar el brillo del oro ni el precio internacional del coltán ni el mercado creciente del carbón.
Vaya usted a Marmato en donde, según la Gran Colombia Gold, los habitantes duermen sobre doce millones de onzas de oro y 90 millones de onzas de plata. El Gobierno, aliado de los mineros, les ayuda declarando zona de alto riesgo la de las viviendas de los lugareños, pero ellos no le hacen caso al Gobierno ni les colaboran a los ávidos mineros de la Gold.
A los habitantes de Cajamarca les pasa lo mismo. No le creen a la AngloGold Ashanti que quiere a toda costa y costo explotar La Colosa, el más ambicioso proyecto minero del país. Los pobladores prefieren, a los ríos de oro que se prometen los mineros, el agua transparente de sus ríos y del sistema de riego que alimenta su agricultura y que desaparecerían contaminados por la minería. Los expertos, a su vez, les dan la razón: el Gobierno no tiene mecanismos eficaces para defender el interés nacional de la voracidad y mañas de las grandes mineras.
La minera canadiense Eco Oro Minerals, en Santander, encontró la oposición de los pobladores asentados en los alrededores del páramo de Santurbán porque, aunque los mineros no pueden creerlo, estas poblaciones aprecian más sus fuentes de agua que el oro.
Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia
Las poblaciones del bajo Cauca antioqueño no les creen a los técnicos de Hidroituango cuando afirman que la represa traerá progreso, a pesar de las 4.200 hectáreas de cultivos inundadas. Otra represa, la del río Sogamoso, provoca el rechazo de los pobladores que defienden el eco-sistema, su pesca y su agricultura.
En los folletos turísticos, en los cuadernos de geografía, le venden al lector la idea de las enormes riquezas mineras de Boyacá. Cuento que no creyeron los profesores de la Universidad Nacional que emprendieron la grabación de un video con el que demostraron que muchos de los municipios de este departamento, merced a la minería, están “entre los más contaminados del país”. El ambiente ha sido afectado por una minería que destruye la capa vegetal y afecta al aire, a la vez; los desechos que se vierten en los ríos destruyen sus cauces, males a los que se suman la deforestación y la desaparición de las fuentes de agua.
Los chircales cerca de Sogamoso aportan el 56% de emisiones atmosféricas, amén de fenómenos como el de Tasco que, por la vecindad de las minas de carbón, tiene afectadas, por fisuras, el 70% de las viviendas.
El desfalco
Hay, pues, “un desfalco ambiental, económico y social del que está siendo víctima el país”, anotan los expertos de la Universidad Nacional que, agregan con amarga ironía, cómo de esas minas “salen muchos camiones cargados de mineral, pero no hay cómo controlar las regalías”. El Gobierno, en asuntos de minería, no sabe para quién trabaja.
Por alguna razón, que confirma lo anterior, el Ministro de Minas, Tomás González, afirmaba poco después de su posesión: “lo que necesitamos es que los ingresos por regalías se sientan y se vean”. Tanto el ministro como la opinión pública tienen la percepción de que la minería no solo hace daño, sino que engaña al país.
El Centro Nacional de Consultoría dio a conocer a comienzos del año pasado los resultados de un sondeo hecho en 70 municipios en los que solo un 9 por ciento aceptó que la industria minera es la que más contribuye al desarrollo nacional. En municipios mineros fue comprensible que esa percepción se elevara al 17%. ¿Es positiva la minería? Preguntaron los encuestadores: Sí, respondió un 52%. No, dijo el 48%.
Son percepciones sobre la minería, tal como se ejerce en Colombia, que se fortalecen con hechos como el que el Ministerio de Minas protagonizó en febrero de 2013 en relación con la Estrella Fluvial del Inírida. Se trata de 283.000 hectáreas regadas por los ríos Guaviare, Inírida, Atapabo y Orinoco, en donde se generan ecosistemas con una rica biodiversidad que alberga, además, yacimientos de oro y coltán.
Estos ríos confluyen en el Orinoco, uno de los ríos más largos del continente y el tercero más caudaloso del mundo con su promedio de 33.000 m3 por segundo.
Además es una región reconocida por los científicos como un laboratorio natural donde se forman nuevas especies. Todas estas calidades fueron alegadas por el Ministerio del Medio Ambiente para que la zona fuera declarada sitio Ramsar, una clasificación que, de acuerdo con el convenio internacional firmado en Irán en 1971, convierte la estrella fluvial de Inírida en área protegida y, por tanto, incompatible con actividades como la minería.
El Gobierno no tiene mecanismos eficaces para defender el interés nacional de la voracidad y mañas de las grandes mineras
Puesto en el dilema de escoger entre el oro y el coltán, o la riqueza natural de un sitio con características únicas en el país, el Gobierno apostó por la minería y negó la declaratoria de sitio Ramsar porque “esto impediría futuras explotaciones de oro y coltán”.
La apuesta en Río+20 fue parecida: allí el presidente Santos anunció la conversión en zonas mineras de 17.6 millones de hectáreas en Amazonas, Guainía, Vaupés, Guaviare, Vichada y Chocó. Datos como el de los 1.160 litros de agua que se necesitan para cada gramo de oro, o la contaminación con mercurio de los afluentes que es un caso entre los tres peores del mundo, son detalles que no cuentan cuando se trata de poner en marcha, como sea, la locomotora de la minería.
El informe de la Contraloría de mayo de 2013, destaca, además, “la producción de conflictos, o la exacerbación de los ya existentes”, y lo que es más grave, que “las entidades estatales privilegian las actividades mineras sobre los derechos fundamentales de las comunidades”.
Leyendo a la Corte
Las explotaciones mineras traerán el fin del paraíso que ven, a cambio de una riqueza que no se está viendo ni se verá
En efecto, el Ministerio de Minas en vísperas de la Navidad del año pasado expidió el decreto 2691 en que, torciendo lo dicho por la Corte Constitucional, que en su sentencia C 123 de marzo de 2014 subordinó la competencia de los municipios a las decisiones del Gobierno en materia de minería. El decreto, fechado en la víspera de la Navidad, cuando las actividades públicas y privadas se han suspendido, impone la autoridad central por sobre la de las autoridades municipales, cada vez más conscientes y activas en la defensa de los recursos naturales contra el empuje destructor de la locomotora minera. Es el empeño que respaldó el informe de la Contraloría al denunciar la voluntad del Gobierno de “privilegiar la minería sobre los derechos de las comunidades”.
A pesar de que la Corte defiende el derecho ciudadano a exigir un acuerdo entre las autoridades municipales con el gobierno nacional antes de autorizar un proyecto minero, el Ministro de Minas celebró su lectura particular del texto de la Corte ante la prensa que registró su expresión: habían quedado sin piso las consultas populares.
Antes, en el decreto 934 de 2013 se había pretendido ponerle “tatequieto” a las movilizaciones municipales contra proyectos mineros; intento que el Consejo de Estado suspendió por cuanto “vulneraba la autonomía territorial”.
La Corte, a su vez, estableció que cualquier proyecto minero debería ser acordado con las autoridades municipales y que los ciudadanos podrían opinar al respecto mediante consultas populares.
El columnista y experto César Rodríguez se valió de unas elementales cifras para demostrar hasta qué punto un proyecto minero compromete los recursos de una región. Refiriéndose al proyecto La Colosa, en el municipio de Cajamarca, demostró que para que la AngloGold obtenga sus 24 millones de onzas de oro requiere 9 millones de metros cúbicos de agua, al tiempo que vierte 4 millones de kilos de cianuro al año. O sea que para una operación de esa naturaleza se deberán tener en cuenta los requerimientos de agua para la agricultura, el impacto sobre la salud pública y sobre el medio ambiente de la región.
Son decisiones sobre bienes más valiosos que el oro. Es lo que se propusieron difundir y defender los ciudadanos del municipio de Piedras.
Piedras
El 23 de julio de 2013 los habitantes de Piedras le dijeron NO a la minera surafricana AngloGold Ashanti, que se proponía asumir la explotación de la mina de oro La Colosa. 2.971 ciudadanos votaron contra el proyecto y solo 24 opinaron en su favor.
Piedras es un pequeño municipio tolimense, cuyos habitantes, agricultores y ganaderos, quedarían condenados a recibir 190.000 toneladas de lodo al iniciarse las tareas de la minera. El río Opia, que los surte de agua, contaminado por el mercurio, se convertiría, por obra y gracia de los mineros, en una amenaza para la salud y en el fin de su agricultura; males que no lograrían compensar en mínima parte las regalías previstas para el municipio.
A pesar de la clara manifestación de la voluntad popular y de la evidente justicia del reclamo de los habitantes de Piedras, desde el gobierno central comenzaron a llegar las desautorizaciones y amenazas.
“El subsuelo es propiedad del Estado y es a través de las autoridades mineras y ambientales como se deciden estas iniciativas”, fue el concepto de que echaron mano para quitarle validez a la voz de los ciudadanos de Piedras.
El alcalde, Arquimedes Ávila, había requerido la autorización del Gobernador y del Tribunal Contencioso Administrativo; pero nada de esto sirvió para unas autoridades nacionales empeñadas en echar a andar, como fuera, la locomotora minera. Unos meses después de la consulta popular, el alcalde era investigado por la Procuraduría y pendía sobre su cabeza la amenaza de destitución. Cuando esto supieron los habitantes de Piedras, marcharon por las calles en apoyo de su alcalde y en protesta por el desconocimiento de su voz de constituyentes primarios. “Las consultas populares están autorizadas por la Constitución”, alegaron los abogados que apoyaron a la ciudadanía de Piedras. “Yo le daría prelación a la consulta para que el Estado, así sea el propietario, sepa qué hacer con esos bienes”, dijo el exmagistrado José Gregorio Hernández.
Lo que no tuvo en cuenta el Procurador y que le recordaron estudiosos del tema fue algo simple: si la nación es dueña del subsuelo, el alcalde y la población son dueños y responsables del suelo por donde fluyen las aguas, los ecosistemas, el medio ambiente, que están al servicio y en interacción con los seres humanos. Es obvio que si estos bienes se ponen en peligro, la prioridad se les debe conceder a los propietarios del suelo.
Mientras tanto, cundía en poblaciones amenazadas por la minería el rechazo ciudadano. En los llanos Tauramena, Monterrey, Chámeza, Recetor y Aguazul, en donde las prioridades son claras porque saben que el oro, la plata, el coltán no conservan la vida humana con la misma eficacia que el agua, el aire puro, los bosques y los ríos.
Pero el hecho que más claramente se ha destacado en esta desigual batalla entre los poderes centrales asociados a las empresas mineras y el ciudadano común de poblaciones campesinas es que el poder del Estado se ha alineado en contra de la ciudadanía y en favor del poder del dinero o del oro o de la plata o del coltán.
Si para obtener las regalías que producen esos minerales es necesario desconocer la voluntad de poblaciones enteras, así se ha hecho con apoyo de la Procuraduría; si para el éxito de los negocios de las compañías mineras es necesario exponer el medio ambiente, contaminar los ríos, destruir los bosques y poner en riesgo la salud de la población, así se hará con tal de obtener el dinero que moviliza la locomotora minera.
Esta es la clave de todo el conflicto: mientras el Gobierno considera al dinero como factor necesario por sobre todas las cosas, poblaciones enteras le están diciendo NO al oro porque su elemental y puro sentido de las cosas les indica que hay muchas cosas más valiosas que el oro.
Texto: Javier Darío Restrepo
Fotos: Antropovisual, Arttesano, carlosestebanor, Colectivo Desde el 12, cueva_lovelle, Gert Steenssens/EsperanzaProxima.net, Memoria Visible, Ministerio TIC Colombia, Teleantioquia
