La carta que la CEC dirigió a los Congresistas

Dada la importancia que para la sociedad revisten el matrimonio y la familia, el 9 de abril la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) dirigió una carta a los Congresistas de la República que por esos días debatían el proyecto de Ley No. 47 de 2012 “por el cual se establece la institución del matrimonio para parejas del mismo sexo, se modifica el código civil y se dictan otras disposiciones”. El pasado 23 de abril el Senado tumbó el proyecto con 57 votos en contra frente a 11 votos a favor. Vida Nueva Colombia reproduce los diez puntos de la misiva firmada por el Presidente y el Secretario General de la CEC.

1. Nada tiene la Iglesia contra las personas homosexuales o contra el reconocimiento y ejercicio de sus legítimos derechos y deberes. El Episcopado colombiano es consciente de que, más allá de la orientación o del comportamiento sexual de cada individuo, toda persona tiene la misma dignidad fundamental ante Dios y ante el Estado.
2. El respetuoso desacuerdo de la Iglesia frente al denominado “matrimonio homosexual” no está fundado en posturas intolerantes y discriminatorias o en la voluntad de “imponer” a la sociedad un credo religioso al margen del sano pluralismo democrático.
3. Nuestras razones son de una índole muy diversa. Obedecen, en definitiva, al reconocimiento y respeto que todos debemos brindar a la persona humana y a sus valores fundamentales. Un valor muy importante es la familia, “núcleo esencial de la sociedad que se constituye –como lo reconoce el artículo 42 constitucional– por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
4. La familia y el matrimonio no responden a una ordenación política, jurídica o cultural meramente coyunturales. En realidad, anteceden a la religión, al Estado y a sus leyes, “imponiéndose” a ellos, tal cual son, en virtud de su intrínseca fuerza y belleza.
5. El matrimonio, a través de todas las culturas, las épocas y las religiones ha sido una institución formada por la unión estable de seres biológicamente distintos y complementarios: el varón y la mujer. No se trata de una unión meramente afectiva, es también una unión natural y jurídica, orientada a la procreación, a la educación de los hijos y a la ayuda mutua entre los cónyuges. De ese modo, cimentando las bases de la familia, el matrimonio contribuye de manera insustituible al bien común de la sociedad.
6. Dado que las uniones de personas del mismo sexo poseen, incluso biológicamente, características que las diferencian netamente de la unión que se establece entre un hombre y una mujer, sería injusto otorgarles el “privilegio” de un reconocimiento y de una tutela jurídica que pueda equipararlas al matrimonio o a la familia. La justicia exige que dichas realidades sean asumidas por el Legislador con un criterio diferencial. La justicia, en efecto, no es dar a todos lo mismo sino a cada uno lo que realmente le corresponde.
7. El Estado tiene, ciertamente, la obligación de eliminar toda forma de discriminación injusta que pueda ser ejercida contra los homosexuales o contra cualquier otro ciudadano. Pero una cosa es regular jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito de los derechos civiles y patrimoniales y otra, muy distinta, es querer brindar a estas uniones un reconocimiento jurídico que, implícitamente, subvierte el orden establecido por la naturaleza humana y por nuestro marco constitucional y legal.
8. Para tutelar eficazmente los derechos de los homosexuales no es necesario, ni prudente, someter a la institución matrimonial a modificaciones artificiosas o a una reingeniería social contraria a su naturaleza y dinamismo. Esa es una apuesta arriesgada, cuyas consecuencias negativas no logramos todavía vislumbrar. Por ello, el Legislador, en cumplimiento de su alta responsabilidad, en un tema tan importante como el matrimonio, no puede plegarse a los hechos sociales, a las presiones mediáticas o de otros grupos de interés. Por el contrario, ha de procurar siempre que la ley tienda a la promoción del bien común y de la justicia. Si el Legislador no actúa según estos parámetros, se haría responsable de los graves efectos negativos que para la sociedad tendría el debilitamiento del matrimonio y de la institución familiar.
9. La respetuosa opinión expresada por la Iglesia Católica en la presente carta es también compartida por la inmensa mayoría del pueblo colombiano, por las iglesias históricas y evangélicas, que se unen a nosotros en este empeño común por salvaguardar la naturaleza auténtica del matrimonio y de la familia. Unidos, solicitamos a los legisladores un debate profundo y respetuoso, que evite las descalificaciones personales y sea ejemplo de las virtudes democráticas que a todos nos inspiran.
10. Hoy, cuando los colombianos nos congregamos en torno al bien de la paz, no podemos olvidar que el matrimonio y la familia juegan un papel fundamental en la construcción de este anhelo común.

Cardenal Rubén Salazar Gómez,

Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, Presidente de la Conferencia Episcopal,

+ JOSÉ DANIEL FALLA-ROBLES, Obispo Auxiliar de Cali, Secretario General de la Conferencia Episcopal.

FOTOS: CEC, SENTIIDO