GABRIEL NARANJO SALAZAR, CM
Algunos funcionarios de la Cancillería de Colombia han estado hablando estos días de su posicionamiento internacional a raíz de la vinculación al Consejo de Seguridad de la ONU y a la secretaría de la UNASUR. Todos han ponderado el acierto del gobierno nacional al proponer el tema de Haití para lograrlo. Pobre Haití: como Colombia, la mayoría de los Estados reacciona por razones políticas, tanto hasta ahogar los motivos humanitarios de sus pueblos, que son los que se meten la mano en el bolsillo.
Esta realidad ha llevado a lo que hoy se reconoce como el fracaso de la ayuda internacional, porque el voluminoso apoyo financiero no ha pasado hasta ahora de ser una promesa; algunos gobiernos han ofrecido cifras altísimas con la sola meta de cubrir la cuota necesaria para hacer parte de la famosa “comisión internacional”; en casi todos los casos, la ayuda se ha condicionado a la inversión de las empresas del país que la envía y a la vinculación de sus profesionales y hasta de su mano de obra; por lo general, son los extranjeros y no los haitianos los que resuelven el tipo de necesidades que hay que cubrir, las políticas de los proyectos y la administración de los recursos.
Los datos resultan decepcionantes: desde el punto de vista político, porque impiden superar uno de los condicionamientos históricos más graves, la dependencia; y desde el financiero, porque según las fuentes más confiables hasta el 90% de la ayuda humanitaria se la comen los funcionarios foráneos y la administración, como en el caso de la ONU y la Minustah. En Haití hay actualmente más de diez mil ONG que, salvadas honrosas excepciones, se han convertido en un foco de corrupción porque se alimentan de las ayudas para los pobres y no están interesadas en la real solución de los problemas, en función de una supervivencia egoísta.
