Expone en un informe la crítica situación del colectivo más golpeado por la crisis
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Cáritas ha denunciado que, a lo largo de 2010, alrededor de un tercio de sus centros diocesanos fueron visitados por las fuerzas de seguridad del Estado “para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos” en los mismos. El secretario general de la institución eclesial, Sebastián Mora, ha aclarado que solo ofrecen tales datos cuando los agentes se presentan con una orden judicial o ante un delito específico, lamentando la irregularidad de que las peticiones obedezcan a criterios de “identificación selectiva”, por patrones “étnicos”, y no “para intervenir ante una infracción penal concreta”.Finalmente, ha defendido que sus centros son “un lugar de acogida, de refugio, de escucha y de seguridad”.
El dirigente de Cáritas hizo pública esta denuncia el pasado 17 de marzo, en la madrileña sede central, con motivo de la presentación del informe La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas. Mora aclaró que no es un estudio global sobre el conjunto de la inmigración en España, sino un análisis elaborado a raíz de la participación en una encuesta interna por 54 de las 68 Cáritas diocesanas del país, completado con estadísticas oficiales de organismos competentes.
En 2009 –aún no hay datos de 2010–, la entidad atendió a 407.000 inmigrantes (de los que 150.000 estarían en situación de irregularidad), del total de 786.273 personas auxiliadas en sus servicios de Acogida y Atención Primaria.
Derechos limitados
Cuestionados los voluntarios sobre el estado de los inmigrantes a los que, respectivamente, atienden en sus delegaciones, la conclusión principal es que muchos tienen limitado “su acceso y ejercicio a derechos básicos (como trabajo, vivienda, salud, educación y entorno)”. Todo ello, en un “contexto económico y social de ajuste frente a la crisis que ha convertido la inmigración en un asunto de discrepancia y conflicto”, dándose un “clima social” por el cual se impone una visión “cada vez más negativa sobre la realidad de la inmigración”, que supone un 12,2% del total de la población en España. Por este camino, avisan, pueden proliferar cada vez más “actitudes racistas y xenófobas”.
Respecto a los problemas concretos que afrontan los inmigrantes llegados a Cáritas (de los que ya más de la mitad son extracomunitarios), el del empleo es uno de los principales. Alrededor del 60% están en paro, lo que se explicaría porque, como recoge el informe, “se encontraban trabajando en aquellos sectores de actividad (construcción, restauración, etc.) más golpeados por la crisis, y segundo, tenían las condiciones laborales más precarias”.
Si la tasa de paro es un 12% superior entre los inmigrantes con respecto a los autóctonos (según datos de la Encuesta de Población Activa), también está muy por encima la cifra de extranjeros que, empleados, lo hacen en trabajos con contratos de corta duración y en peores condiciones. De estos, hasta un 40% no tendrían contrato laboral ni Seguridad Social, lo que aumentaría la “economía sumergida”. Además, con datos del INE de 2008, la diferencia salarial media entre foráneos y nacionales sería de hasta 8.500 euros anuales en detrimento de los primeros.
Respecto a su situación jurídica, el estudio destaca como un grave problema “el incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida”, ocasionada esta “al no poder renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo” personas que sí las tenían, a causa de “la rigidez de las condiciones exigidas”. Cáritas denuncia que, durante la crisis, se han endurecido “los procedimientos de renovación, arraigo y reagrupación familiar”, ocasionando una política migratoria que “únicamente se configura en torno al mercado laboral y que no toma en cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos y relaciones familiares”.
En este sentido, la directora del Área de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas, Ana Abril, explicó en la rueda de prensa de presentación del informe que la limitación al acceso al padrón municipal, en virtud a “una dudosa interpretación de la legislación vigente”, sirve a muchos ayuntamientos para “restringir el acceso al resto de derechos sociales e impedir la integración económica, política y social de estas personas en nuestra sociedad”.
En el nº 2.747 de Vida Nueva (información íntegra para suscriptores)
