Expone en un informe la crítica situación del colectivo más golpeado por la crisis
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Cáritas ha denunciado que, a lo largo de 2010, alrededor de un tercio de sus centros diocesanos fueron visitados por las fuerzas de seguridad del Estado “para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos” en los mismos. El secretario general de la institución eclesial, Sebastián Mora, ha aclarado que solo ofrecen tales datos cuando los agentes se presentan con una orden judicial o ante un delito específico, lamentando la irregularidad de que las peticiones obedezcan a criterios de “identificación selectiva”, por patrones “étnicos”, y no “para intervenir ante una infracción penal concreta”.Finalmente, ha defendido que sus centros son “un lugar de acogida, de refugio, de escucha y de seguridad”.
El dirigente de Cáritas hizo pública esta denuncia el pasado 17 de marzo, en la madrileña sede central, con motivo de la presentación del informe La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas. Mora aclaró que no es un estudio global sobre el conjunto de la inmigración en España, sino un análisis elaborado a raíz de la participación en una encuesta interna por 54 de las 68 Cáritas diocesanas del país, completado con estadísticas oficiales de organismos competentes.
En 2009 –aún no hay datos de 2010–, la entidad atendió a 407.000 inmigrantes (de los que 150.000 estarían en situación de irregularidad), del total de 786.273 personas auxiliadas en sus servicios de Acogida y Atención Primaria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay actualmente 5.708.940 extranjeros censados, de los que 3.362.425 serían no comunitarios. Respecto a los no censados, y por tanto en situación de irregularidad, CCOO calcula que están entre los 400.000 y los 800.000.
Derechos limitados
Cuestionados los voluntarios sobre el estado de los inmigrantes a los que, respectivamente, atienden en sus delegaciones, la conclusión principal es que muchos tienen limitado “su acceso y ejercicio a derechos básicos (como trabajo, vivienda, salud, educación y entorno)”. Todo ello, en un “contexto económico y social de ajuste frente a la crisis que ha convertido la inmigración en un asunto de discrepancia y conflicto”, dándose un “clima social” por el cual se impone una visión “cada vez más negativa sobre la realidad de la inmigración”, que supone un 12,2% del total de la población en España. Por este camino, avisan, pueden proliferar cada vez más “actitudes racistas y xenófobas”.
Respecto a los problemas concretos que afrontan los inmigrantes llegados a Cáritas (de los que ya más de la mitad son extracomunitarios), el del empleo es uno de los principales. Alrededor del 60% están en paro, lo que se explicaría porque, como recoge el informe, “se encontraban trabajando en aquellos sectores de actividad (construcción, restauración, etc.) más golpeados por la crisis, y segundo, tenían las condiciones laborales más precarias”.
Si la tasa de paro es un 12% superior entre los inmigrantes con respecto a los autóctonos (según datos de la Encuesta de Población Activa), también está muy por encima la cifra de extranjeros que, empleados, lo hacen en trabajos con contratos de corta duración y en peores condiciones. De estos, hasta un 40% no tendrían contrato laboral ni Seguridad Social, lo que aumentaría la “economía sumergida”. Además, con datos del INE de 2008, la diferencia salarial media entre foráneos y nacionales sería de hasta 8.500 euros anuales en detrimento de los primeros.
En cuanto a la vivienda, se ha detectado “un aumento de los índices de hacinamiento graves”, aunque “no de manera extensiva”, pues afecta a un 10%. Lo que sí ocurre con “el subarriendo, los frecuentes cambios de domicilio y la dificultad en el pago de la vivienda (hipoteca o alquiler)”. En cuanto al índice de morosidad, el informe destaca que la tasa es ligeramente superior entre la población autóctona en el pago de la hipoteca (0,21% por 0,20%). En lo referente a la salud, sin haber “dificultades significativas”, sí se señalan obstáculos en un 25% de los casos para acceder al sistema público sanitario y en un 40% para obtener medicamentos, lo que complica el poder continuar determinados tratamientos. Los voluntarios indican “la relevancia mínima que tienen en la población inmigrante las enfermedades mentales o problemas de alcoholismo” y otras dependencias, como las relacionadas con la droga.
En materia de enseñanza, el pasado curso, según el Ministerio de Educación, el porcentaje de alumnos extranjeros fue del 10,7%, con un total de 762.746. Es de destacar que, a lo largo de la última década, la evolución del índice de escolarización ha sido creciente, aunque se interrumpió precisamente el pasado año. Eso sí, las diferencias respecto a los alumnos nacionales son significativas: si un 82,5% de los foráneos se forman en escuelas públicas y un 17,5% en privados (concertados o no), los españoles lo hacen en un 66% en públicos y en un 34% en privados. El índice de fracaso escolar es cinco puntos superior entre los inmigrantes, siendo muchos otros los que no continúan estudiando más allá de la educación obligatoria. En lo referente al entorno, el informe recoge que muy pocos viven en contextos “donde hay malas relaciones de convivencia vecinal”. Igualmente, solo una sexta parte reside en zonas en las que el número de inmigrantes llegue al 30%.
Respecto a su situación jurídica, el estudio destaca como un grave problema “el incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida”, ocasionada esta “al no poder renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo” personas que sí las tenían, a causa de “la rigidez de las condiciones exigidas”. Cáritas denuncia que, durante la crisis, se han endurecido “los procedimientos de renovación, arraigo y reagrupación familiar”, ocasionando una política migratoria que “únicamente se configura en torno al mercado laboral y que no toma en cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos y relaciones familiares”.
En este sentido, la directora del Área de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas, Ana Abril, explicó en la rueda de prensa de presentación del informe que la limitación al acceso al padrón municipal, en virtud a “una dudosa interpretación de la legislación vigente”, sirve a muchos ayuntamientos para “restringir el acceso al resto de derechos sociales e impedir la integración económica, política y social de estas personas en nuestra sociedad”.
UNA BATERÍA DE PROPUESTAS
Como suele ser habitual en los informes de Cáritas, junto a la denuncia de la realidad, exponen sus propuestas. Este, relativo a la inmigración, ofrece, entre otras muchas, la necesidad de acciones como garantizar el acceso al padrón municipal, lograr un Pacto Social por la Vivienda, elaborar un Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, detener las situaciones de irregularidad sobrevenida o incrementar la dotación presupuestaria para los servicios destinados a la Integración.
Respecto a este último punto, destacan, es significativo que el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes haya visto reducido su presupuesto en un 70%. “Esta situación –concluyen– está provocando que Cáritas esté supliendo al Estado a la hora de atender a las personas inmigrantes”.
En el nº 2.747 de Vida Nueva.
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