MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | En un comunicado conjunto, instituciones pertenecientes al sector de la enseñanza concertada y privada, entre las que figuran Escuelas Católicas (EC) o la Conferederación Católica de Asociaciones de Padres y Alumnos (Concapa), rechazan el anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación por considerar que se trata de “una pretensión ideológica que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias”. A su juicio, el texto gubernamental cae en la “arbitrariedad” y generará “inseguridad” y “enormes dificultades” en la docencia.
En un contexto en el que aumenta la controversia sobre si los centros privados o concertados que establezcan la separación de alumnos por razón de sexo podrían ver anulada su financiación pública, a cargo de las autonomías, las entidades agrupadas defienden la legalidad de “modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los organismos internacionales”.
Precisamente, el comunicado nace a raíz de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se achacan varios aspectos negativos al anteproyecto legislativo. Entre ellos, su “redacción imprecisa” y “ambigua”, dejando un “margen de incertidumbre demasiado amplio”. De este modo, la enseñanza privada reclama la “concreción” del alcance real que la ley tendría en sus centros.
La nota muestra “inquietud por la conflictividad que podría llegar a provocar la definición del concepto de igualdad por una autoridad sancionadora arbitraria y sujeta a interpretaciones subjetivas o coyunturales”.
Además, concluyen, se obligaría a “titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad”.
En el nº 2.747 de Vida Nueva
