Comunidad religiosa señala en las causas el origen de las soluciones
A la preocupación de las autoridades por el aumento en la participación delincuencial por parte de menores de edad, correspondió la preocupación de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la infancia ante las propuestas que hacen carrera en países de América Latina para endurecer y ubicar en el sistema penal a los menores infractores como solución al fenómeno. El escenario resulta común en México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y buena parte de Centroamérica. En estos y otros más, se han introducido propuestas legislativas, con un mismo propósito general, castigar al menor infractor de manera más severa.
En el caso colombiano, el cuadro estadístico oficial y resumido, evidencia una alta participación de menores de edad en la delincuencia, con incidencia en el homicidio, el abuso sexual, el hurto calificado, el secuestro y las extorsiones. El Consejo Superior de la Judicatura reportó en 2010 que con la entrada en vigencia del Código de Infancia y Adolescencia, se realizaron 101.689 audiencias de control y han sido sancionados cerca de 13.000 menores. De todos los delitos cometidos, el homicidio representa el 4.8 por ciento; el hurto, el 40 por ciento; y el tráfico de estupefacientes, cerca del 30 por ciento.
La congresista Gilma Jiménez promovió, en consecuencia, un proyecto de ley que endurece el castigo para los adolescentes que cometan delitos graves como los mencionados.
La reacción internacional no se hizo esperar. “Observamos que a lo largo y ancho de la región se están contagiando medidas populistas represivas, de retroceso de los derechos humanos, y eso es una alarma”, expresó a la AFP Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Terciarios capuchinos reiteran su fórmula
La Iglesia tampoco ha sido ajena al debate y mucho menos las comunidades religiosas que por carisma han tenido históricamente la reeducación del menor; tal es el caso de la comunidad de los Terciarios Capuchinos desde hace 122 años. Esta comunidad como operador contratado por el Estado atiende un poco más de la tercera parte de los menores infractores en el país, es decir, que de 18.000 menores y adolescentes tenidos como infractores, responde por cerca de 7.000, en 12 de sus 20 instituciones en ciudades principales.
“Esto es un problema estructural, no es ni cíclico ni por cuenta de una sola causa, son efectos de la guerra, del desplazamiento, de la discriminación, de la falta de oportunidades y muchas veces de la insensibilidad de la clase gremial y política, de la sociedad civil e incluso de organizaciones que se supone se dedican a atender lo social”, sentencia sin dudar Juan José Calderón, director del Departamento Internacional de Pedagogía, Apostolado y Misión de los Terciarios Capuchinos (DIPAM). “Estos muchachos provienen de familias fracturadas. No tienen identidad, no tienen familia, no tienen nutrición, no tienen educación, no tienen recreación. Todas esas carencias son derechos fundamentales, absolutamente vulnerados y lo que manifiestan estos jóvenes con actitudes como las que vemos, no son más que síntomas de una sociedad precaria e incapaz de ofrecer condiciones de tejido social”. “De manera que proponer iniciativas legislativas que solo pretenden condenar, sancionar o castigar con represión y encarcelamiento, realmente no abordan el tema estructuralmente y de nada servirían. Solo van a generar sujetos cada vez más resentidos y con más motivos para cobrarle a la sociedad lo que desde niños no se les ha dado”, comenta el director del DIPAM.
Soluciones con vigencia
“Si las propuestas pedagógicas y terapéuticas de instituciones como la Escuela de Trabajos El Redentor (donde se restringe la libertad de un menor por orden de un juez y al mismo tiempo se busca reeducar y rehabilitar), se cambiaran por el castigo y la represión, los organismos del Estado no darían abasto apagando motines e incendios en instituciones como esta”, agrega Calderón, quien enfatiza “nuestra propuesta está más vigente que nunca, es absolutamente pertinente y necesaria, igualmente es lo que obliga la ley, a ofrecer propuestas y programas pedagógicos. Nuestra propuesta está avalada por 120 años de experiencia y no precisamente solo con oraciones, si no con propuestas terapéuticas y de formación que van al fondo del sujeto y en nuestro caso particular con un componente espiritual”.
Actualmente en la institución mencionada y construida hace 70 años, se atienden 400 adolescentes entre sentenciados y los de internamiento preventivo. No hay más de 10 policías y tampoco más de 50 profesionales entre trabajadores sociales, sicólogos y pedagogos en una infraestructura física concebida para 200 jóvenes y para una realidad de antaño. “Para una ciudad como Bogotá con cerca de ocho millones de habitantes, debería disponerse mínimo, de al menos cinco instituciones como la Escuela El Redentor y con una capacidad para atender grupos separados máximo de 15 muchachos y no de 30 como lo estamos haciendo y pese a ello con logros reales”, manifestó Calderón.
“Creemos y persistimos en que son las propuestas pedagógicas y terapéuticas la única salida para que en un momento dado estos muchachos hagan un pare en esa carrera delictiva. El castigo resulta ser un paliativo que no aborda el problema de raíz que es combatir la violencia de niños y adolescentes a través de la garantía de los derechos que como ciudadanos plenos les corresponde y que todos como sociedad civil, Estado y familia tenemos que garantizar”.
Derecho a la educación y a la formación sería lo primero según el representante de esta comunidad religiosa para los temas de formación y reeducación juvenil. “A la hora de aportar no aparecen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, tampoco aparecen los alcaldes, obligados a destinar recursos para esta población, no aparecen por ningún lado y han dejado a los operadores del tema a través del Bienestar Familiar completamente solos, ninguno quiere ser corresponsable del tema”. Concluye que de lo que se trata es de “apuntarle a un modelo de justicia restaurativo y no retributivo, que no se limite a la exacerbación de la culpa, que reclama solo lo punitivo y represivo”.
TEXTO: J. Escobar
FOTOS: ARCHIVO VNC
