Los obispos denuncian la falta de respeto por la vida de los ciudadanos
(Jimmy Escobar G. Bogotá) La noticia del asesinato, el pasado 26 de enero, de los sacerdotes Rafael Reatiga Rojas y Richard Piffano Laguado, de 36 y 35 años de edad, respectivamente, sigue conmocionando tanto a la Arquidiócesis de Bogotá y al resto de episcopado colombiano, como a las comunidades en las que trabajaban estos pastores.
Los dos sacerdotes se encontraban a bordo del vehículo del P. Reatiga, en las inmediaciones de la localidad de Kennedy (sureste de Bogotá), en compañía de un tercer hombre (las autoridades no descartan la participación de un cuarto sujeto) quien, desde la parte trasera, habría disparado contra ellos. “Las versiones son muy confusas todavía; algunos hablan de una persona más. En todo caso, las víctimas no vestían su indumentaria sacerdotal, pero sí portaban su carné, que acreditaba su condición. La investigación ya salió de nuestras manos y la asumió directamente el CTI de la Fiscalía, no puedo decir más”, manifestó a la edición colombiana de Vida Nueva el coronel José Alberto Baquero, comandante de la Policía de Kennedy.
La reacción de rechazo y estupor por este hecho tuvo su primera expresión en el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Juan Vicente Córdoba, quien conoció a los dos sacerdotes en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuando hacían un postgrado en Bioética en el año 2002.
“En lo que pude conocerlos, puedo decir que eran muy pacíficos, muy pastorales, nunca advertí una posición extrema en su carácter, ninguno de los dos era ese tipo de sacerdote bélico o extremo so pretexto de las causas sociales; por el contrario, siempre se interesaron por los temas de bioética, y ellos se ayudaban mucho mutuamente. Compartí con ellos muchas sesiones de estudio y trabajos universitarios”, destacó en declaraciones a esta revista.
Los rostros de incredulidad por lo acontecido se percibían también el día en que se celebraron las exequias en las respectivas parroquias –ubicadas en las diócesis de Soacha y Fontibón– entre los numerosos fieles que asistieron a dar su último adiós. Los comentarios registrados dan una idea de cómo eran percibidos por sus comunidades.
“Tan joven ese padre… Aquí venía y llevaba mercados fiados de vez en cuando para dárselos a familias que sabía que eran muy pobres, pero él pagaba a los dos días…”, comentó, refiriéndose al P. Richard, Luz Dary, la administradora del supermercado, próximo al templo San Juan de la Cruz, en Kennedy.
Muy apreciados
El P. Rafael también llevaba tres años como párroco de la catedral Jesucristo Nuestra Paz, que restauró en todo su interior. Igualmente, fue nombrado ecónomo general de la diócesis de Soacha, ambas responsabilidades de gran calado, las cuales desempeñó cabalmente según el director de Caritas Soacha, el sacerdote Ricardo Martínez González.
“Su compromiso en las comunidades era muy reconocido, era muy conciliador. Fundó una parroquia en el barrio Galicia, adelantó trabajos muy significativos en sectores populares y comunidades muy deprimidas, como la de León XIII, me apoyó regalándome ladrillos para construir mi capilla y fue apoyo importante para la construcción de otra en el barrio Los Olivos, pero, sobre todo, fue alguien que construyó comunidad”, destacó.
Versiones periodísticas dan cuenta de un retiro bancario que habría hecho aquel día el P. Rafael por unos seis millones de pesos, dinero que no apareció en la escena del crimen, detalle que hace presumir a los investigadores como un móvil probable.
La despedida de cada uno de estos pastores por parte de sus respectivas comunidades fue tan emotiva como sencilla. En cada una hubo aplausos constantes y cientos de flores arrojadas sobre sus féretros al momento de su salida del templo.
Las diócesis de Soacha y Fontibón expresaron mediante un comunicado conjunto su gran consternación, destacando un mensaje vehemente: “El rechazo a toda expresión de violencia e irrespeto por la vida de todos los ciudadanos. La expresión de dolor de las diócesis, obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y laicos, por el crimen a manos de la delincuencia común de estos sacerdotes que prestaron valiosos servicios a las diócesis. Pastores buenos, apostólicos y entregados a sus comunidades”.
En el nº 2.740 de Vida Nueva.
