En una carta a las autoridades, ‘Justicia y Paz’ pide que se precise y coordine el actual estado de emergencia
(J. L. Celada) Transcurrido ya más de un mes desde que un trágico terremoto asolara Puerto Príncipe el pasado 12 de enero, la capital de Haití va recuperando cierta normalidad (restablecimiento del tráfico rodado, distribución asegurada de agua y combustible, acceso al dinero líquido, creación de empleo a través de los programas cash for work…), pero se siguen echando en falta muchas otras cosas, especialmente, “la comunicación regular y clara por parte del Gobierno”. Así lo denuncia la Comisión Episcopal Nacional ‘Justicia y Paz’, que, en una carta abierta a las principales autoridades del país (presidente, primer ministro y ministros de Información y de Justicia), reivindica “una información clara sobre cómo se está organizando y coordinando la ayuda, sobre todo la alimenticia”.
Si bien califica de “apropiadas” algunas medidas de urgencia tomadas tras el desastre, la misiva –fechada a principios de este mes y firmada por el director de ‘Justicia y Paz’, el P. Jan Hanssens– lamenta “terriblemente” la ausencia de “los servicios tanto del Estado como de la EdH [compañía Eléctrica de Haití]” y echa de menos una “definición del Estado de emergencia e informaciones sobre las medidas adoptadas”. Por todo ello, el organismo eclesial entiende que se precisan “disposiciones/decisiones” y, más en concreto, “acuerdos claros y transparentes” en lo que se refiere a las escuelas y universidades y a los poderes del Estado y las elecciones.
Propuestas
Y, a continuación, fruto de sus “observaciones y experiencias entre la población víctima del seísmo”, el texto desglosa en cinco puntos algunas de las propuestas al respecto. En primer lugar, ‘Justicia y Paz’ insiste en que se mejore la comunicación del Gobierno con la población, a través de su portavoz oficial, pero también con radios móviles que visiten los campamentos de acogida o un punto de prensa diaria al que acudan los diferentes medios para transmitir la información. Una información que “debe ser verídica y sin demagogia”.
“Definir y hacer público el contenido del Estado de emergencia” es la segunda de sus demandas, que se concreta en un establecimiento de prioridades en el tráfico (ambulancias, camiones cisterna, convoyes de ayuda humanitaria…) y en una definición clara de la “cadena de responsabilidades”, de los “mecanismos de control de la corrupción” o de las medidas a aplicar a los agentes del Estado que abandonan su puesto, así como de otras disposiciones específicas para los agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas de Seguridad.
La tercera de sus propuestas invita a “mejorar la coordinación de la ayuda y de las intervenciones”. “Se precisa –dice la carta– un lugar donde se coordinen y se traten las informaciones con un responsable público conocido”, además de “unificar los métodos y las estrategias de intervención de las grandes ONG”, lo que implica la elaboración y delimitación de unas “líneas de responsabilidad claras y públicas”. Todo ello con el objetivo fundamental de que se proporcione la ayuda “respetando las sensibilidades de la gente” y asegurando que “los grupos más débiles (niños, discapacitados, mujeres, enfermos) la reciban”.
Inseguridad
La inseguridad es otra de las grandes preocupaciones que ‘Justicia y Paz’ expone a los mandatarios del país. En este sentido, reclama que la información y las consignas que se den a la población sobre seguridad sean “correctas, sin alarmismo, pero claras”. Asimismo, insta a crear “estructuras donde formular quejas en caso de actos de violencia, de violaciones…”, y a poner en marcha “un sistema de intervención rápida” de la PNH, con “medidas específicas de represión de la inseguridad, pero que en ningún caso pierdan “el respeto a los derechos de las personas”.
Finalmente, en quinto lugar, la misiva detalla algunas realidades que deben ser consideradas en este nuevo contexto de Haití: desde la falta de experiencia y capacidad logística de los responsables locales, que “no han estado implicados nunca en un proyecto real de descentralización”, pero que deben contribuir a la constitución de “estructuras y mecanismos de control”; hasta el papel del sector comercial, cuyo aprovisionamiento “debe ser asegurado”; pasando por la reanudación de la actividad escolar, que “el Gobierno debe pactar con el sector privado”.
Este esclarecedor llamamiento de ‘Justicia y Paz’ tiene un recuerdo especial también para los “nuevos grupos de personas vulnerables”: los niños que han ido a parar a los orfanatos o deambulan por las calles, y los discapacitados (los amputados se cuentan hoy por decenas de miles).
Ante el panorama descrito, el documento concluye que prolongar el mandato de los actuales dirigentes sería “una propuesta insólita e indecente”.
En el nº 2.696 de Vida Nueva.
