Los centros dependientes de diócesis y congregaciones siguen la tradición eclesial en este campo
(Pablo Romo Cedano– México DF) La Iglesia católica ha contribuido de una manera decisiva en las últimas décadas al impulso de los derechos humanos en muchas partes del mundo. Algunos obispos de América Latina no sólo se sumaron al mensaje recogido en los documentos conclusivos de Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo (1992) en torno a la urgencia por defender la vida y la dignidad de las personas, particularmente de los pobres, sino que hicieron grandes esfuerzos por impulsar espacios que de manera sistemática y profesional se hicieran cargo de ello.
Los ejemplos son muy numerosos en América Latina: en Guatemala, es famosa la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado por su incansable trabajo en favor de las víctimas de la guerra y, en este momento, por la recuperación de la memoria histórica, ganando gran credibilidad como plataforma ética por su empeño, particularmente a raíz del informe Guatemala nunca más, que le costó la vida en 1998 al obispo auxiliar de la archidiócesis, Juan José Gerardi Conedera. Otro gran ejemplo es la Vicaría de la Solidaridad en Chile, impulsada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, que en los años 70 desarrolló una labor de una gran envergadura denunciando las acciones de los militares golpistas y clamando por los desaparecidos, con frecuencia a costa de múltiples amenazas.
En México, la mayor parte de los centros de derechos humanos del país han sido fundados por religiosos y religiosas y cobijados por instancias eclesiales. Algunos de los más importantes son: el Centro de Derechos Humanos ‘Fray Francisco de Vitoria, OP’, fundado por los dominicos en 1984; el Centro ‘Miguel Agustín Pro Juárez, SJ’ (1986), fundado por los jesuitas; el Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de Las Casas, OP’ (1988), surgido al amparo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, encabezada entonces por el obispo Samuel Ruiz García; el Centro de Derechos Humanos ‘Tepeyac’, de la diócesis de Tehuantepec, presidido por su obispo durante largos años, Arturo Lona Reyes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, fundado con el apoyo del que fuera obispo de Tlapa, Alejo Zavala Castro; el Centro de Derechos Humanos ‘Fray Julián Garcés’, instituido por las Hermanas Dominicas de la Presentación…
Estos espacios de defensa y promoción de los derechos humanos son frutos de la enseñanza y aplicación del Magisterio de la Iglesia y se han convertido en pioneros en un país necesitado de referentes éticos. En su mayoría nacieron durante el pontificado de Juan Pablo II, gran impulsor de los derechos humanos, y han crecido y madurado en medio de la hostilidad y la buscada transición política.
Auténticos referentes
Con el paso de los años, estos centros se han convertido en auténticos referentes en la lucha por combatir la impunidad y por defender los derechos de los pobres, de los migrantes, de las mujeres, de los niños y de cuantos no tienen voz ni espacio en las instancias públicas. Y fueron precisamente los religiosos y religiosas fundadores de los mismos quienes empujaron a la creación de la figura del ombudsman o la Defensoría del Pueblo, inexistente en México hasta la década de los 90 del siglo pasado.
Recientemente, el Centro Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ celebró sus primeros 15 años de vida. Durante la Eucaristía con la que se dio gracias a Dios por su andadura, el actual obispo de Tlapa, el misionero guadalupano Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, recordó que “es indispensable que todo creyente impulse una labor decidida a favor de la dignidad humana y de los derechos humanos”. Hoy, el Centro ‘Tlachinollan’ sufre grandes dificultades y amenazas, acosado por los caciques locales y los capos de la criminalidad de la región, a los que su labor de defensa de los derechos humanos incomoda en su intento de perpetuar la impunidad. De hecho, las constantes amenazas de muerte han obligado a cerrar una de sus oficinas en la población de Ayutla.
El Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de Las Casas’, por su parte, recibió el pasado 10 de junio en Madrid el Premio Bartolomé de Las Casas que otorga la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de España. El galardón –recibido por su director, Diego Cadenas, y por el obispo de Saltillo y miembro de su consejo directivo, Raúl Vera López– reconoce a “aquellas personas o instituciones que hayan destacado a lo largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de América, en la protección de sus derechos y el respeto de sus valores”. El jurado destacó “su larga trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Estado de Chiapas, su continuada labor a favor de la mejora de su situación socio-económica y su fomento de una cultura de diálogo, tolerancia y reconciliación”.
Redes civiles
La labor de la Iglesia en favor de la dignificación de la vida humana ha consolidado un amplio sistema efectivo y valiente de defensoras y defensores de los derechos más básicos en toda la República, articulados en redes de instancias civiles: desde la frontera sur, donde los religiosos escalabrinianos defienden en Tapachula-Chiapas a los abundantes migrantes centroamericanos que pasan por la zona, hasta la frontera norte, en Nuevo León, donde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. –encabezados por la hermana Consuelo Morales– batallan por la dignidad de los jóvenes en las calles de Monterrey. No hace mucho tiempo, la religiosa recibió amenazas telefónicas por su compromiso con los más desfavorecidos en aquella ciudad industrial.
También en fechas recientes, fue presentado el Manual de Pastoral de Derechos Humanos del centro regido por los jesuitas, dirigido a grupos de reflexión bíblica, comunidades de base y parroquias populares, que desde la fe y la oración abordan la problemática nacional. Se trata de un documento popular que quiere acercar las palabras de papas, obispos y creyentes que han hablado en torno a los derechos humanos a la gente sencilla, que quiere claridad en temas tan delicados y que tiene sed de justicia. Son muchos los textos que procuran acercar la reflexión sobre la dignidad humana expresada por teólogos y el magisterio en un lenguaje sencillo, y a menudo se encuentran en las 56 lenguas indígenas que se hablan en el país, gracias a la abnegada labor de estos centros de derechos humanos creados y animados desde diócesis y parroquias.
Los informes sobre la situación actual de respeto a los derechos humanos elaborados por estos organismos que la Iglesia patrocina y anima son con frecuencia referencias centrales en los documentos y discusiones de organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana y otros más. Su mejor aval es su credibilidad, su fiabilidad, su cercanía con el pueblo y su conocimiento profundo de la situación, por encima de intereses políticos y económicos. Otra gran baza de estos espacios es su articulación con instancias internacionales que la Iglesia tiene, como Franciscans International, Dominicans for Humans Rights o el Servicio Jesuita a Refugiados. También la voz de los obispos que apoyan estos centros es muy respetada, a pesar de que en ocasiones hablen con fuerza y denunciando proféticamente las injusticias, la falta de libertad y las arbitrariedades.
Es el otro México, menos conocido, en el que muchos creyentes con sus pastores se han comprometido a fondo en un trabajo serio y responsable, profesional y valiente, por la defensa y promoción de los derechos humanos.
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En el nº 2.675 de Vida Nueva.
