Interponen un recurso contra la decisión del Gobierno autonómico de no ofrecer alternativa en Bachillerato
(Vicente L. García– Vitoria) La actitud tomada por el Gobierno de Ibarretxe, y en particular por la Consejería de Educación, han llevado a los obispos del País Vasco a presentar un recurso contra el decreto aprobado recientemente en el que, junto a otras determinaciones, establece un nuevo estatuto para las clases de Religión en el Bachillerato: los alumnos que no cursen esta asignatura estarán exentos, en esas horas, de cualquier otra actividad académica vinculante. Los obispos señalan en una nota hecha pública el pasado día 23: “El anuncio público y explícito que el Gobierno ha hecho de esta decisión y su inclusión en el B.O. del 27 de febrero nos obliga, muy a nuestro pesar, a interponer un recurso jurídico y a emitir también públicamente nuestra neta y firme postura ante una disposición que, a nuestro entender, ni se atiene a la legalidad ni valora suficientemente el bien social que aporta la enseñanza de la Religión en la Escuela”. Y añaden: “Durante muchos meses, los Obispos, en sintonía con la Federación de Centros Eclesiales Kristau Eskola, hemos sostenido con el Ejecutivo un diálogo franco acerca de algunas cláusulas de este Decreto que, al afectar notablemente a las clases de Religión, nos atañen directamente”.
El obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, emitía una nota en marzo de 2008 en la que decía: “Nadie está obligado a cursar la religión católica, pero a todos se debe posibilitar en concreto, sin subterfugios, usufructuar su derecho. Lamentamos la situación que persiste en algunos lugares, ya que se priva a bastantes de la formación religiosa y moral católica, que contribuiría decisivamente a su formación íntegra”. Y concluía diciendo: “En ninguna situación, y menos en la actual, podemos ser indiferentes a la importancia de la clase de religión”.
En la actual nota, los obispos argumentan su decisión en cuatro puntos: “Fundados en dictámenes jurídicos sólidos y acreditados, los Obispos de la CAV estimamos que el nuevo estatuto de la clase de Religión en el Bachillerato contraviene el texto y el espíritu de un Pacto Internacional al que el Gobierno de Vitoria debe atenerse: los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. En ellos se estipula que ‘el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar’. Es claro que la carga académica mayor para los que eligen la clase de Religión frente a los que no la eligen constituye, en el ambiente y mentalidad escolares, una discriminación real”.
Penalización
Señalan también cómo “el Decreto ignora dos sentencias del Tribunal Supremo que establecen que la ausencia de actividades alternativas supone ‘una penalización de la Religión y un motivo disuasorio en contra’ de su elección (Sentencia del 1 de abril de 1998)”. Y recuerdan: “El Consejo de Europa hace notar que los valores mantenidos por este organismo se derivan de los valores de la Religión Cristiana (cfr. Recomendación 1720 del año 2005, art.12)”. Y añaden: “Es evidente que la falta de alternativa devalúa la Religión ante los alumnos.”
Y concluyen las argumentaciones citando al Parlamento Europeo, que “aconseja a los Estados miembros que procuren potenciar la enseñanza de la Religión Cristiana, a la que consideran una de las claves principales para comprender nuestro mundo europeo. No acabamos de explicarnos por qué en nuestra Comunidad Autónoma se sigue una dirección contrapuesta”, señalan.
El Director General de Kristau Eskola, Aitor Bilbao, en declaraciones a Vida Nueva, enmarca el problema y las actuaciones tomadas: “Desde el reconocimiento expreso de que la gestión de este tema compete única y exclusivamente a los obispos, consideramos que hubiera sido importante haber dejado este tema cerrado en la fase de negociación de la LOE. En nuestros centros no tiene incidencia directa, ya que incluimos la religión dentro de nuestro proyecto educativo. Creemos que, jurídicamente, el De- creto no respeta el Acuerdo. La presentación del recurso debe ser entendido como un intento más de seguir dialogando y buscando la fórmula mejor para el bien de nuestros alumnos”. “Asimismo -añade- pensamos que la solución debe de ir en la línea propuesta por Europa: promover un diálogo intercultural e interreligioso más amplio para hacer que nuestras sociedades alcancen una mayor cohesión y reduzcan los riesgos de la falta de entendimiento”.
El decreto es un eslabón más de la campaña de acoso a la que se han visto sometidos alumnos y padres, y repetidamente denunciado desde 2005 por diversas organizaciones a la Consejería de Educación sin obtener respuesta.
En el nº 2.654 de Vida Nueva.