Colombia: ante el paro armado en el Catatumbo la Iglesia exhorta a las partes a cumplir con el Derecho Internacional Humanitario

  • La violencia que se ha desatado en el nororiente del país ya deja cientos de desplazados y mantiene en vilo a la población
  • La diócesis de Tibú levanta su voz para que se garantice “el respeto a la vida e integridad de la población”

El terror y el miedo se ha tomado el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, al nororiente colombiano, foco de múltiples expresiones de violencia que en Semana Santa –el 26 de marzo– llevaron a que las diócesis de Tibú y de Ocaña se movilizaran con un mensaje de paz en la “caravana de la esperanza”, bajo la consigna #SOSCATATUMBO.

No obstante, desde el 15 de abril se ha incrementado la zozobra entre sus habitantes, tras el inicio del paro armado indefinido protagonizado por los grupos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del antiguo Ejército Popular de Liberación (EPL) –como se presentan– que tiene, como telón de fondo, el control de un territorio estratégico para el negocio del narcotráfico.

Por su parte, la Iglesia ha manifestado su posición del lado de los que más sufren las consecuencias de la confrontación armada, que ha paralizado el comercio, el transporte y los centros educativos, en estos paradójicos ‘tiempos de paz’.

A pesar de los acuerdos de La Habana

Así también lo ha hecho saber el obispo de Tibú, Omar Sánchez Cubillos, quien admitió en declaraciones para el Sistema Informativo de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), que “el Catatumbo sigue escribiendo páginas de violencia, de guerra, es un largo libro que todavía está pendiente y ha abierto un capítulo nuevo con una confrontación inédita entre el EPL y el ELN, luego de los acuerdos de La Habana y de la desmovilización de las FARC”.

La misma diócesis del Tibú ha manifestado –a través de un comunicado– que “la alteración al orden público en la declaración de paro armado afecta de manera directa los sectores acompañados desde nuestras labores diocesanas y pastorales”. A esto se suma el hecho de que “la información reproducida en medios de comunicación no se ajusta a la realidad que se vive en esta zona del país”. Corren las semanas y el conflicto amenaza con extenderse.

En este sentido, Jairo López, párroco de la Catedral de Santa Ana, en Ocaña, en conversación con Vida Nueva, señaló que la indignación se desató por declaraciones de altos voceros del gobierno, entre ellos el Ministro de Defensa, al referir que la zonas de conflicto estaban controladas y que las vías tenían presencia militar. “Decíamos a los medios de comunicación que no sabíamos de cuál Catatumbo estaban ellos hablando, el Ministro y las personas (del gobierno) que dieron declaraciones, pues eso no es cierto, la zona está totalmente controlada por los grupos, en este caso por el EPL y el ELN”, lamenta el sacerdote.

“Estamos confinados”

Este señalamiento ha sido reforzado por el obispo de Tibú al explicar la situación que se vive: “técnicamente estamos confinados (…). Se constata que quien domina el territorio con las armas puede determinar quien sale, quien entra, quien trabaja, quien no trabaja, quien vive o quien muere; es la desdicha de los territorios como estos que termina siendo de quien tiene el arma más poderosa o es capaz de hacer más daño

No obstante, el presbítero López también aclara que desde el viernes pasado, y a raíz de las diversas denuncias, se logró “un poco más de atención del gobierno central”.

Si bien en esas zonas de conflicto, como lo explica Jairo López, pertenecientes a la diócesis de Ocaña y a la diócesis del Tibú, “los sacerdotes han estado acompañando a la gente, esperemos que sea el momento final de las personas que han sido desplazadas”.

Crece el desplazamiento

Y es que las cifras de desplazamiento aumentan exponencialmente. López refiere, por ejemplo, que “a Ocaña han llegado 97 personas –de las cuales más de 20 son menores de edad–, [las cuales han sido] ubicadas en el coliseo”.

De hecho el prelado informó que “todos los sacerdotes de la vicaría central de Ocaña sostuvieron una reunión, luego de que los obispos de Ocaña y de Tibú se reunieron con el gobernador y las entidades departamentales. Todo esto con el fin de coordinar la ayuda a la gente que llegó desplazada y tener previstos sitios para los que posiblemente lleguen”.

“Mientras que en Hacarí hay más de 500 personas y en San Calixto tenemos dos refugios grandes, uno con 100 familias y otro con 200 familias”, agrega el presbítero.

Agudización del conflicto

Por su parte, el obispo de Tibú revela que “hay desplazamientos, puntos críticos del lado del Catatumbo alto, donde las confrontaciones han sido evidentes”, ante lo cual “se prevé la agudización del conflicto, (…) no será una confrontación de pocos días”.

En el comunicado de la diócesis de Tibú se explica que aunque “en el escenario actual, a la fecha [18 de abril] no ha ocurrido algún enfrentamiento o acción bélica entre los actores en conflicto, incluida la fuerza pública, no obstante, la modalidad de violencia empleada se ha estructurado de manera simbólica”.

Esta compleja situación ha logrado difundirse, añade la jurisdicción eclesiástica “a través de la imposición de normas y control del comportamiento social (urbano y rural) de los pobladores; de comunicaciones intimidantes que refieren a acciones de represión contra la ciudadanía”.

Dos víctimas fatales

Sin embargo, el párroco de la catedral de Santa Ana, en Ocaña, denuncia que “en San Calixto asesinaron el viernes [20 de abril] a dos personas dentro de una casa. La casa quedó totalmente destruida, allí también estaba una señora con un niño, parece que están heridos y fue muy difícil sacarlos a un puesto de salud porque no había permiso de la guerrilla”.

El obispo de Tibú también ha revelado que “no es la confrontación de dos ejércitos, sino de un grupo de familias, porque todos los miembros de estos grupos hacen parte de las familias de territorio y por eso también hay duelo, preocupación y tensión”. Además, agrega la máxima autoridad de Tibú, “es un paro que simplemente se abre y digamos no se conoce hasta dónde lo irán a radicalizar”.

Respetar la vida y la integridad de la población

Sin embargo, la Iglesia hace votos por la paz y pide “a los actores armados, para que eximan a las comunidades de las dinámicas de violencia, y se mantenga un margen de cumplimiento de las disposiciones y tratados del Derecho Internacional Humanitario, que prioriza el respeto a la vida e integridad de la población”.

A tales efectos el párroco Jairo López también es partidario de toda acción por respeto a la vida y derechos fundamentales, exhortando “a los grupos armados a que se sienten a negociar, que hagan un cese al fuego y si no que al menos respeten los límites de la guerra, es decir, que no involucren a la población civil”.

Les recuerda a los grupos armados que “ellos son también hijos de Dios, que cambien de actitud, que no sigan matándose, pues se están acabando con familias del Catatumbo, aquí no hay gente de afuera. Desarmen su corazón y entremos en diálogo para ver cómo se pueden solucionar las cosas”, clama el sacerdote.

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Actualizado
23/04/2018
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