Emigrar no es un delito

América Latina rechaza la nueva normativa de la UE sobre inmigración

(Vida Nueva) “Lo que ha hecho Europa es una vergüenza”, se lamentaba recientemente el presidente de Ecuador, Rafael Correa, tras conocer la directiva aprobada por el Parlamento Europeo que prevé, entre otras medidas, el internamiento de los inmigrantes ilegales por un máximo de seis meses antes de su expulsión, un período que puede extenderse por otros doce en ­casos excepcionales. Esta normativa de retorno de inmigrantes ilegales, que recibió el visto bueno de los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE), entrará en vigor dos años después de su publicación oficial y afectará a los cerca de ocho millones de inmigrantes latinoamericanos presentes en la UE. “¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país, se imaginan cuánto sufrimiento habría ­causado?”, se preguntaba el mandatario ecuatoriano.

Su reacción es sólo una de tantas en todo el continente latinoamericano ante lo que consideran unánimemente una violación del derecho a la libre circulación de personas y que, además, equipara a los afectados con auténticos criminales.

· Desde Bolivia, su vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó que, al criminalizar la migración, Europa retrocedió a la era del oscurantismo y que la globalización que propugna es sólo económica y no de personas ni ideas, informa el corresponsal de Vida Nueva en La Paz, Ronald Grebe. Según García Linera, la decisión de la UE tendrá sus consecuencias en el tema de las remesas que los migrantes envían a sus familiares en el país, pero también puede llegar a tener efectos positivos, porque muchas de las personas que se fueron son gente formada que podrían retornar y contribuir a Bolivia.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), a través de su presidente, Rolando Villena, planteó a los países latinoamericanos, al Gobierno boliviano y a las instituciones que defienden los derechos humanos, estrechar filas para revertir la decisión europea de criminalizar la ­migración.

Según estudios realizados en España y en Bolivia por la Asociación de Cooperación Bolivia España (Acobe) y la Asociación de Migrantes Bolivia España (Amibe), 500.000 compatriotas viven en países de Europa, de los cuales, 350.000 lo hacen en España: un 65% (227.500), de manera irregular, frente a un 35% que tiene sus papeles en regla.

Mientras, el canciller boliviano, David Choquehuanca, aseguró que hay posibilidades de mejorar la nueva norma europea en el marco de las reuniones para lograr un acuerdo de asociación entre los países europeos y Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Choquehuanca explicó que existe un programa con el que se facilita la “regularización de pasaportes” y que será ampliado para ayudar a los bolivianos en el extranjero. “Debemos atender a dos millones de bolivianos que están en el exterior”, indicó el canciller, señalando que con trámites ágiles se les permitirá regularizarse antes de 2010, año en que la directiva de la UE entra en vigor.

Por su parte, el prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, manifestó que ahora es responsabilidad de las autoridades bolivianas fomentar la actividad productiva y la generación de empleo, para evitar la salida de más bolivianos.

· A pesar de que en la vecina Perú la reciente disposición legal aprobada por el Parlamento Europeo sobre la inmigración todavía no ha llegado a convertirse en objeto de protestas y reacciones populares, sí se han producido las primeras manifestaciones de sorpresa y rechazo por parte del presidente de la República, de miembros del Parlamento y de algunos periodistas e investigadores sociales, informa María Rosa Lorbés.

Desde Lima, la corresponsal de VN desvela que la norma ha sido calificada de ultranacionalista, xenófoba y racista, al tiempo que hace notar también que se ha interpretado como una especie de puñalada por la espalda tras el abrazo simbólico de la reciente Cumbre de Presidentes, ya que es contraria a los acuerdos suscritos en la Declaración de Lima sobre protección a inmigrantes latinoamericanos. Asimismo, da cuenta de que, en muchas de las opiniones, se ha lamentado la ingratitud de los países europeos en general, cuyos nacionales han olvidado que ellos mismos migraron el siglo pasado hacia América Latina en busca de mejores horizontes.

El presidente peruano, Alan García, anunció que pedirá a José Miguel Insulza una reunión de los jefes de Estado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para pronunciarse sobre la directiva de la UE. “Esto es absolutamente injusto y poco cristiano”, dijo el jefe de Estado. Añadió García que, si se apuesta por la globalización y el libre mercado, esto debe implicar también la globalización del empleo y del desplazamiento de las personas por encima de las fronteras. Pero matizó que confía en que la UE reconsidere su posición, porque él tiene muchos amigos en Europa y sabe que los europeos no son unos bárbaros.

El vicepresidente del Parlamento Andino, el peruano Wilbert Bendezú, por su parte, solicitó el sábado 21 de junio que se convoque con carácter de urgencia a la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat). “El Observatorio de la Migración es uno de los acuerdos centrales en la Eurolat y prácticamente queda sin piso con esta directiva del Parlamento Europeo (PE)”, dijo. Uno de los diarios más importantes de Lima sugiere también que se podría llevar el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la misma que podría pronunciarse sobre si esta norma discriminatoria no viola principios que los propios países europeos reconocen para sus nacionales.

· Y es que “emigrar no es un delito”, recuerda una declaración de la Cancillería de Argentina en relación a la directiva aprobada por el Parlamento Europeo, informa desde Buenos Aires Washington Uranga. El Gobierno de Cristina Fernández expresó también su rechazo al “uso de conceptos como migración legal o ilegal”, y en dicho documento denunció que establecer “restricciones, incluidos largos periodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales”.

También en Argentina, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, calificó de “discriminatorias” las decisiones europeas sobre migración, y afirmó que “estas medidas salvajes contra inmigrantes de todos los países del llamado Tercer Mundo, con prisión y deportación, deben ser derogadas”. En una Carta abierta a la Comunidad Económica Europea y dirigida a los “que se están convirtiendo en mujeres y hombres sin corazón”, las Madres de Plaza de Mayo pidieron que se revise la iniciativa. En el texto se interpela a los países que en el pasado “usaron a los inmigrantes como mano de obra barata y ahora, ante la decadencia de estos Estados, los condenan a volver al hambre y a la desesperación”.

Marcelo Catelmi, editorialista del diario Clarín de Buenos Aires (el periódico de habla hispana de mayor circulación en el mundo) escribió que “cuesta intuir qué tipo de comunidad pretende darse Europa” porque, “paranoicas y encerradas como en el domo de Aldous Huxley, muchas de sus sociedades se tornan cada vez más conservadoras en un intento casi suicida por mantener invariable la prosperidad actual. Blindarse del otro es una de las más graves consecuencias de esa gruesa falla”.

· El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, por su parte, dijo que la Unión Europea “no debe olvidar que sus antepasados llegaron a nuestras tierras y fueron recibidos con los brazos abiertos”, y el gobernante socialista pidió a las naciones de Europa que ahora actúen con “respeto, seriedad y tolerancia”, sigue relatando el propio Uranga.

En consonancia con estas declaraciones, el Senado uruguayo rechazó por unanimidad la decisión europea y manifestó que “es una violación a los derechos humanos básicos y, en particular, al derecho a la libre circulación”. Sostuvieron también los congresistas que la iniciativa es “una flagrante incongruencia de la UE, que en el pasado nutrió de inmigrantes a América Latina”.

Una gran cárcel

· Paraguay, mientras tanto –como explica también el corresponsal de VN en la vecina capital argentina–, anticipó que planteará el tema en la cumbre del MERCOSUR que se realizará en Tucumán (Argentina) el 1 de julio para buscar una “posición común” de la subregión. El presidente electo, Fernando Lugo, afirmó que la medida es injusta y que, si se aplica, Europa “se convertirá en una gran cárcel de inmigrantes de los otros continentes”.

· Del otro lado de la frontera, el Gobierno de Brasil ha divulgado una nota en la que se duele por la decisión europea, informa Graziela Cruz. En la declaración, difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo de ‘Lula’ da Silva dice que “Brasil, que dio acogida a millones de inmigrantes y descendientes hoy armoniosamente integrados en la sociedad brasileña, lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la migración y va en sentido contrario al de una deseada reducción de obstáculos a la libre circulación de personas y de una más amplia y plena convivencia entre los pueblos”.

· Más al norte, en Colombia, aunque el Gobierno de Álvaro Uribe no ha emitido ninguna comunicación oficial, diversos dignatarios sí han manifestado su extrañeza ante los medios por las medidas adoptadas por la UE, informa Gustavo Vélez. Bien es cierto, en opinión del corresponsal de VN en Bogotá, que no son tantos como en otros países los compatriotas que llegan a Europa como ilegales, salvo los que se ven envueltos en el narcotráfico. Por otro lado, el propio Vélez admite que el Ejecutivo colombiano anda metido en otros temas de urgencia, de tal modo que no le interesa “alborotar el avispero con países que le han tratado muy bien” en su cruzada contra las FARC.

Mientras, gobiernos de América Latina y África ha enviado una carta a la Comisión Europea y al Alto Representante de la UE, Javier Solana, pidiendo una revisión de la directiva.

Actualizado
27/06/2008
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