La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige a Daniel Ortega la “liberación inmediata” de Rolando Álvarez

El obispo de Matagalpa “se encuentra en una situación de gravedad”, habiendo riesgo de “daños irreparables a su vida, salud e integridad personal”

Rolando Álvarez en la cárcel

En un contundente comunicado emitido ayer, 28 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que “ha notificado el día de hoy al Estado de Nicaragua la resolución de medidas provisionales adoptada en favor de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, en la que ordenó su liberación inmediata”.



De este modo, este importante organismo, referente en materia de derechos humanos en el continente americano, ha dejado claro al régimen sandinista que no hay justificación alguna que motive el encarcelamiento del prelado, por lo que su puesta en libertad debe darse ya. Y es que, tal y como se valora, Rolando Álvarez “se encuentra en una situación de gravedad”, habiendo riesgo de “daños irreparables a su vida, salud e integridad personal”.

Extrema vulnerabilidad

En un dardo directo al presidente, Daniel Ortega, se lamenta que “esta situación es agravada” debido a que el obispo “habría sido condenado a la pérdida de derechos ciudadanos de carácter perpetuo y a la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, lo que lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Por todo ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras espera que se atienda a su petición y se libere al pastor, exige que, inmediatamente, se adopten “medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal”.

Acceso a medicamentos

En este sentido, el Estado nicaragüense, “mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata de monseñor Álvarez”, debe “garantizar un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados”.

Entre rumores sobre el estado de salud del obispo de Matagalpa, que fue condenado el pasado 22 de febrero a una pena de 26 años de cárcel tras negarse a ser expulsado voluntariamente del país junto a otros 222 presos políticos, la última ‘prueba de vida’ se dio cuando, el pasado 26 se marzo, se permitió la visita de sus hermanos al penal de La Modelo.

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