Editorial

Los niños esclavos del siglo XXI

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EDITORIAL VIDA NUEVA | Hace un mes, Europol reconoció desconocer el paradero de 10.000 niños migrantes llegados a Europa. Aunque en algunos casos estima que acaban reagrupándose con su familia o son acogidos en centros estatales, la falta de seguimiento de las autoridades comunitarias y nacionales lleva a deducir que muchos de ellos han caído en manos de mafias dedicadas al tráfico de personas.

Estos datos coparon titulares durante unos días y generaron una alarma mediática, pero cayeron en el olvido. Este descontrol se focalizaba en Italia, Suecia y Alemania, fruto de la presión migratoria de los refugiados de Oriente Medio. Pero, ¿y España? Vida Nueva ha comprobado a través de las principales entidades que trabajan en esta lucha que nuestro país no vive ajeno a dicho drama.

Frente a las lagunas legales para frenar la desaparición de menores,
solo cabe actuar con una Ley Contra la Trata
y reglamentos que se apliquen de forma efectiva
para proteger a niños y mujeres,
las víctimas más vulnerables de las mafias

Solo con los informes de Cruz Roja Española se cuentan hasta 113 menores migrantes en paradero desconocido. Si se cruzan estos datos con los proporcionados por otras entidades como el Defensor del Pueblo, ACNUR o la Fundación Amaranta (de las religiosas adoratrices), la magnitud del problema se dispara. Sin embargo, su eco es nulo. La denuncia permanente del Tercer Sector y de la Iglesia tiene corto alcance, es invisible. Cabe preguntarse cuál sería la reacción de la clase política y de la sociedad si este centenar de menores desaparecidos no fueran inmigrantes y refugiados.

La trata de personas, que tiene a las mujeres y niños como sus objetivos más vulnerables, es una realidad oculta. Las mejoras de la Ley de Infancia y el Proyecto de Reforma de la Ley del Menor han permitido dar pasos, pero se tornan en insuficientes para frenar a las mafias y proteger a las víctimas. Por ejemplo, la desprotección jurídica de los niños migrantes provoca que puedan desaparecer de los centros de acogida sin que estos tengan herramientas de salvaguardia para evitarlo.

Frente a estas lagunas legales, se precisan medidas inmediatas. Como el registro de ADN al cruzar la frontera, que aún no se aplica a los refugiados (sí a los migrantes en general). Permitiría un primer control para confirmar si quienes acompañan a estos niños son sus familiares o, en realidad, ejercen de eslabón de las mafias. Pero esta medida, de forma aislada como las anteriores, es un parche. Sin una Ley Contra la Trata, un reglamento que desarrolle la actual Ley de Asilo o un plan coordinado para atender a los menores acompañados, la labor de acogida de las ONG y el rescate de las fuerzas policiales en los puntos fronterizos hacen aguas.

Pero, sobre todo, si se continúa mirando para otro lado, la cifra de los niños robados del siglo XXI se disparará… Sin que a este lado del Estrecho, lamentablemente, casi nadie les eche en falta.

En el nº 2.978 de Vida Nueva. Del 27 de febrero al 4 de marzo de 2016

 

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