Un misionero denuncia la situación que vive la población de la R.D. del Congo, olvidada por el resto del mundo
(José Carlos Rodríguez Soto) “En las misiones donde trabajamos, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), llevamos más de dos años sufriendo una violencia que no cesa. Sólo podemos viajar en convoy militar y nuestra gente sufre a diario asesinatos, saqueos y secuestros de niños”. Así se expresa el comboniano Javier Sagasti, misionero en este país desde hace 24 años. Las extensas parroquias donde este sacerdote navarro de 60 años ha ejercido su ministerio forman parte de la geografía de los conflictos olvidados, a veces llamados “de baja intensidad”, que no suelen atraer la atención de los medios de comunicación, pero que dejan una impronta traumática que destruye la vida de extensas comunidades que durante años han vivido en la pobreza, aunque de forma más o menos pacífica. “Cuando se habla de la guerra de la RDC, suele ser para referirse al Kivu (también en el este del país, pero más al sur), mientras que nuestra zona parece no interesar a nadie”.
El conflicto que asola a este rincón, limítrofe con el sur de Sudán y la República Centroafricana, se remonta a finales de 2005, cuando la guerrilla ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor (LRA en siglas inglesas), que desde la década de los 80 luchaba para derrocar el Gobierno de su propio país con apoyo del Gobierno islamista de Jartum, abandonó sus bases en este país para asentarse en las seguras selvas del Parque Nacional de la Garamba, un territorio tan grande como Galicia que se encuentra en el límite entre la RDC y el Sudán meridional. Durante dos años, el LRA envió a algunos delegados a negociar un acuerdo de paz con el Gobierno de Uganda en Juba, la capital de Sudán meridional, una región que desde 2005 goza de un régimen semi-autónomo (en 2011 deben decidir en un referéndum si desean separarse del resto del país). Mientras allí hablaban de paz, el LRA, muy debilitado militarmente y con apenas un millar de efectivos, tuvo tiempo de reorganizarse y, probablemente, de rearmarse, como indica el religioso Sagasti: “Durante aquel tiempo, apenas molestaban a los congoleños que vivían cerca del Parque, pero a menudo les veíamos cruzando la carretera con grandes cajas de armamento y municiones sobre cuya procedencia todos nos preguntábamos”. Algunos informes recientes señalan que el Gobierno de Jartum ha seguido durante estos años proporcionando ayuda militar al LRA por medio de suministros aéreos en áreas remotas del país.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran una nueva campaña de violencia que muchas veces se ha dirigido a las misiones católicas, como el misionero recuerda con precisión: “El 15 de diciembre de 2007 atacaron la misión de Duru. Yo mismo fui allí a los dos días junto con otros dos sacerdotes de la Comisión diocesana de Justicia y Paz, y vimos cómo habían saqueado la misión y el hospital, además de causar algunos destrozos. Pero lo peor vino a partir de septiembre de 2008, cuando el líder del LRA –Joseph Kony– se negó a firmar el acuerdo de paz con el Gobierno de Uganda y empezó una oleada de ataques que no han cesado desde entonces. Durante un nuevo ataque a la misma misión incendiaron todos los edificios. Los rebeldes ataron y golpearon al párroco, un comboniano italiano, y secuestraron a 63 niños y niñas, junto con un sacerdote sudanés al que después liberaron. Otro de los misioneros se escapó por la selva y más tarde llegó a Sudán después de caminar más de 60 kilómetros”.
Inusitada crueldad
El incidente más cruel tuvo lugar el día de Navidad del año pasado, cuando el LRA atacó por sorpresa la localidad de Faradje durante la celebración de un encuentro en el que competían corales de varias comunidades cristianas. Con una crueldad inusitada, los rebeldes asesinaron a 140 personas a golpe de machete o de estaca. Aquello fue sólo el principio de una orgía de sangre que duró dos semanas y en la que perdieron la vida alrededor de mil personas, un reguero interminable de sangre que apenas atrajo la atención de la comunidad internacional, preocupada en aquel momento por otros hechos trágicos, como la ofensiva israelí en Gaza, una acción violenta que se saldó con un número muy parecido de víctimas mortales.
Con esta matanza, los guerrilleros reaccionaban a un ataque conjunto realizado por los ejércitos de Uganda, la RDC y los milicianos del Gobierno autónomo de Sudán meridional, y que parece que tuvo poco impacto en las filas rebeldes. “Desde entonces, la violencia ha pasado de ser esporádica a ser continua, ya que el LRA se ha dispersado en pequeños grupos que se mueven de forma impredecible por una zona extensísima y que caen por sorpresa sobre la población matando y secuestrando niños, a los que obligan a servirles como porteadores o soldados”. El P. Javier, que ha encontrado en muchas ocasiones a varios de estos jóvenes que han conseguido escapar del infierno de los campamentos rebeldes, explica que peor suerte corren las niñas, “a las que, además de obligarlas a participar en estas masacres, se las fuerza como esclavas sexuales”.
La Iglesia, con las víctimas
La Iglesia de la República Democrática del Congo tiene una larga tradición de compromiso por los derechos humanos y siempre ha querido estar cerca de las poblaciones que han sufrido todo tipo de vejaciones. Por eso, a primeros de marzo de este año, una delegación de varios obispos congoleños visitó las cinco parroquias que han resultado más afectadas y que representan la mitad de la diócesis de Dungu. “Allí viven hoy 140.000 desplazados internos, que reciben ayuda humanitaria del Programa Alimentario Mundial de Naciones Unidas (PAM), Médicos Sin Fronteras y Cáritas, pero sus necesidades son enormes y no alcanzan a ser cubiertas por éstas y otras organizaciones que operan allí”, señala el misionero comboniano.
Pero lo peor no son las carencias que sufren personas que han tenido que abandonar sus hogares y han perdido todas sus pertenencias. Según reconoce, “la gente de esta región congoleña vive en una psicosis de pánico permanente, porque la guerrilla ataca siempre por sorpresa y con un gran ensañamiento. A esto se une el sentimiento de abandono que invade a los desplazados, que no se sienten apoyados ni por las autoridades locales ni por la comunidad internacional”.
Uno de los aspectos más difíciles de entender es cómo pueden suceder estos abusos en una zona donde se encuentra desplegada la MONUC, la fuerza de paz de Naciones Unidas que, desde hace pocos años, mantiene a 17.000 efectivos en el país. En muchas ocasiones, los ataques del LRA se han realizado a muy poca distancia de donde estas fuerzas internacionales estaban estacionadas, y su reacción ha sido muy limitada.
Nadie sabe cuánto tiempo puede durar esta situación tan dramática, pero como concluye el P. Javier Sagasti, “la Iglesia sigue presente con las víctimas de este conflicto, ayudándolas en lo que podemos, dando a conocer al mundo lo que está ocurriendo, y cuando no podemos hacer otra cosa, simplemente estando con ellos, para que sepan que no están solos”.
MÁS DE 100.000 DESPLAZADOS EN KIVU
Y un poco más al sur, en Kivu, las cosas tampoco mejoran. El 9 de julio, el International Crisis Group (ICG) pidió la suspensión de la acción militar conjunta de la ONU y del ejército congoleño contra las tropas ruandesas rebeldes, el FDLR, pues, al parecer, la acción militar no ha conseguido expulsar al grupo ni evitar las brutales represalias contra los civiles.
La declaración del ICG respondía a las denuncias de agencias humanitarias de que 80.000 personas han sido desplazadas por la violencia en junio. Según la Organización para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, las operaciones militares, los ataques y abusos por parte de grupos armados y fuerzas contra la población civil siguen siendo problemas graves.
Nicolás Dorronsoro, responsable del proyecto del Servicio Jesuita de Ayuda al Refugiado en la ciudad de Goma, se hace eco del análisis del ICG y asegura que el FDLR no podrá ser eliminado sólo mediante la acción militar. En vez de solucionar el problema, la última acción conjunta ONU-RDC lo que ha hecho es causar aún más sufrimiento. El ejército congoleño sería más un problema que una solución. “Tratan a los civiles como mulas que cargan con sus pertenencias. Por norma, no se les paga, e incluso a la población civil se le quita lo que tiene y se la extorsiona a diario”, sostiene Dorronsoro, quien criticó también a las fuerzas de la ONU, acusándolas de no ayudar a los civiles. “Suelen quedarse en sus barracones sin proteger a la gente que les necesita”, añade.
En el nº 2.671 de Vida Nueva.
