Del 30 junio al 3 de julio, Sevilla ha acogido la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU. Un encuentro que hacía diez años que no se producía y que ha involucrado a 200 delegaciones nacionales (incluidos 70 jefes de Estado o de Gobierno) y a 12.000 representantes de centenares de entidades sociales. Entre ellas, muchas de carácter eclesial y que han pedido “condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas”.

• REPORTAJE: Cooperar para empoderar a la mujer en Senegal
• ENTREVISTA: Martín Guzmán: “La Iglesia puede ayudar a crear un multilateralismo distinto”
• WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
• Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

De hecho, ya antes de la cumbre, así lo reclamó la Iglesia española en un comunicado conjunto que firmaron la Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Sevilla, la plataforma Enlázate por la Justicia (que integra a Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES), La Economía de Francisco y la Universidad Loyola.

Intereses disparados

Como se recogía en su mensaje, urge “la necesidad de trabajar por la justicia y por reformas financieras transformadoras que permitan ayudar a las poblaciones empobrecidas y agobiadas por una crisis de deuda insostenible”. Y es que “3.300 millones de personas de las más de 8.000 millones que habitamos este mundo se ven privadas de servicios vitales, agravando la pobreza y la desigualdad. Mientras que el 80% de la nueva deuda mundial, en 2023, procedía de los países ricos, las naciones en desarrollo se enfrentan a los costes más elevados, con tipos de interés hasta 12 veces superiores”.

Además, del 25 de junio al 2 de julio, todas esas organizaciones católicas organizaron una serie de eventos especiales para concienciar a los participantes en la cumbre y a la propia ciudadanía. Así, hubo mesas redondas y vigilias, pero también se participó, junto a la sociedad civil, en una gran marcha por las calles de Sevilla.

En uno de los coloquios participó María Luz Ortega, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola. Especializada en Educación para el Desarrollo, en su día fue directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy comprometida eclesialmente, pertenece a la Institución Teresiana y es miembro de La Economía de Francisco. Desde esa experiencia vital, explica a Vida Nueva la importancia de que “la Iglesia esté alineada en esta causa con muchos organismos de la ONU y de la propia sociedad civil”, siempre con el fin de “poner en el centro a la persona”.

Caminar juntos

En esa línea, pide mantener la esperanza: “Muchos ciudadanos están frustrados con Naciones Unidas, pero no olvidemos que no es un Gobierno mundial con capacidad ejecutiva real. Con todo, hay que valorar un espacio como este, donde se fomenta el encuentro entre países e instituciones de todo tipo”. Y, “en plena crisis del multilateralismo, las buenas palabras, lejos de ser vacías, son necesarias”. De hecho, para llegar a esta cumbre, “hay detrás un trabajo de dos años de negociaciones y de compartir pensamientos plurales. Un caminar juntos que se visibiliza en la Agenda 2030, que expresa un deseo global, por parte de empresas, países y entidades, de comprometerse en una buena financiación del desarrollo”.

Manifestación en la cumbre de la ONU en Sevilla

Ortega defiende que “construye ofrecer una mirada global a un mundo que no es uniforme” y conocer las realidades concretas, pues, desde ahí, “podremos dar a veces pasos hacia adelante y otros hacia atrás, pero sin caer en el cortoplacismo y sí anteponiendo el bien común”.

Firmemente convencida de “lo mucho que la Doctrina Social de la Iglesia aporta al hombre de hoy”, desde ella parte para denunciar que “es inadmisible que haya 56 países que tengan que dedicar hasta el 10% de su ya reducido presupuesto a pagar una deuda inasumible, empleando más inversión en tener que hacer frente a intereses disparados que en la que emplean a la educación o la sanidad. Sin olvidar que estamos ante estados sin apenas estructura y cuya capacidad para recaudar impuestos es en sí escasa”. Por ello, “no hay que tener miedo de denunciar que es un escándalo inadmisible”.

Despertar las conciencias

Un mensaje que, en Sevilla, “puede llegar con más fuerza a la ciudadanía y ayudarnos a despertar las conciencias. Porque ese dinero de la deuda nos lo devuelven a nosotros, a los ciudadanos de los llamados países desarrollados, representados por nuestros estados. Por eso debemos saber que nuestro bienestar se financia, en buena parte, desde quienes deben renunciar al suyo propio”.

Un argumento que le hace reivindicar que “no es una utopía creer que se pueden cambiar las cosas y que, trabajando juntos, logremos que ningún país dé más de lo que recibe. Así, reestructurando su deuda, podrá invertir ese dinero en su pueblo, fomentando la educación o la sanidad”.

Del mismo modo, “desde el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional hay que analizar al detalle cada proyecto que se apoya en esos países y no valorar solo si es rentable, sino si genera bienestar en la población. Está en nuestras manos y tenemos las herramientas para poner a la persona en el centro de la economía”.

Un nuevo paradigma

Un nuevo paradigma que “no olvida que recibimos mucho más de lo que damos, por lo que nuestros países están en deuda con los más empobrecidos”. Por ello, “debemos asegurar la calidad de los proyectos que implementamos allí, siendo el criterio fundamental que generen desarrollo sostenible. Muchos de esos países tienen instituciones débiles y no pueden aplicar reformas. Por eso, a veces, más que poner en marcha una escuela o un ambulatorio, necesitan proyectos a medio y largo plazo que generen estructura y capacidades. A la larga, así se apoya a los estados para tener una mayor autonomía y propiciar un cambio hondo”.

En ese sentido, la docente cree que “la Agenda 2030 nos llama a cambiar nuestra mirada y poner en el centro los problemas de los propios países a la hora de luchar contra la pobreza. En vez de eso, muchas veces, anteponemos otros criterios que son un reflejo de lo que percibimos como nuestros problemas, tratando de evitar la migración o haciendo frente al cambio climático solo desde nuestra perspectiva”.

Con todo, Ortega sabe que el reto se dificulta “en un tiempo en el que, al más alto nivel, imperan la ley del más fuerte, el cortoplacismo y la inmoralidad”. Aunque no hay que rendirse, ya que “el cambio real pasa por los ciudadanos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro espacio de poder y decidimos cómo compramos, consumimos o nos relacionamos con los otros. A todos nos amenazan vicios y corrupciones, pero debemos cumplir en la medida de nuestras posibilidades y conciencia. Yendo de lo pequeño a lo grande, dediquemos recursos a la educación y, así, generemos capacidades”.