El pasado 12 de septiembre de 2023 el Parlamento Europeo dio luz verde al conocido como ‘Reglamento SoHO’ en el que se regula todo lo relacionado, por ejemplo, con la donación o recepción de sangre, tejidos o células humanas. Este “Reglamento sobre los parámetros de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en los seres humanos” ha sido objeto de estudio de la representación de los obispos europeos, la COMECE.
Dudas sobre el embrión
Si bien, los episcopados celebran que el reglamente espera “garantizar un elevado nivel de salud a los ciudadanos de la UE mediante parámetros de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano” a través de sus “medidas de control y apoyo” en un acto basado “en el altruismo del donante y la solidaridad entre donante y receptor”.
Ahora bien, la COMECE ha hecho unas precisiones a este documento tan “amplio”. Así, rechaza que se deje la puerta abierta a la “extracción y utilización de embriones y fetos fallecidos o matados, así como para el uso alternativo de embriones sobrantes producidos in vitro”. Y es que, según la COMECE, el reglamento considera el “embrión humano” como un “preparado” más alfo que es “éticamente inaceptable” ya que, señalan, “el embrión humano no sólo es una sustancia de origen humano, sino que está dotado de dignidad humana independiente. Sugerimos aclarar en el reglamento con seguridad jurídica que ni los embriones ni los fetos o tejidos fetales, independientemente de que hayan sido creados por una concepción natural o por inseminación artificial con fines reproductivos o de otro tipo”.
Autonomía de los países
Otro aspecto que preocupa a los obispos es la manipulación genética para excluir la transmisión de enfermedades genéticas algo que “sólo será posible realizando pruebas de detección de dichas enfermedades en embriones o fetos”. Po ello, los prelados ven “el peligro de una selección de la vida humana que atentaría contra la dignidad humana” y cuestionan “cómo se equilibrará la compatibilidad de una posible obligación de pruebas genéticas con el derecho a la autodeterminación del donante y el receptor”.
Finalmente, en su comunicado, proponen que “la posibilidad de que los Estados miembros establezcan normas jurídicas diferentes basadas en decisiones éticas, de modo que el reglamento de la UE no afecte a la legislación nacional en estos casos”. “Esto será necesario para anclar la primacía nacional sobre las decisiones éticas de una manera jurídicamente segura”, concluye.
