El misionero español Miguel Ángel Gullón ha sido detenido por defender a los indígenas de El Seybo

  • El 21 de octubre iniciaron una caminata y acamparon frente al palacio presidencial
  • El presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, se ha negado a recibirles
  • La policía ha desalojado a todos y también ha detenido a la voluntaria española María Moreno

Como acaba de difundir la entidad dominica Selvas Amazónicas, la situación en la región de El Seybo, en República Dominicana, donde las comunidades indígenas son atosigadas y amenazadas a diario por las azucareras Central Romana y Grupo Vicini, es ya desesperada, siendo las grandes afectadas 240 familias que continúan desalojadas de sus casas.

La crisis es tal que, además de recurrir incluso hasta a la ONU, la comunidad dominica allí encarnada ha dado el último paso junto a su pueblo: emprender una caminata, convocada por la Asociación de Campesinos Mamá Tingó e iniciada el 21 de octubre, “con el fin de solicitar una reunión con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, para que atienda sus demandas tras la expulsión de sus tierras”.

Acampados frente al palacio presidencial

Así, estaban acampados frente al palacio presidencial cuando, lejos de ser recibidos por el presidente del Gobierno, en la madrugada de este 31 de octubre han sido desalojados por la fuerza. Entre los detenidos, se encuentran dos españoles: el misionero dominico Miguel Ángel Gullón y la voluntaria María Moreno.

La marcha duró cinco días, “en los que recorrieron a pie 170 kilómetros para llamar la atención sobre las injusticias que han vivido, la situación de desamparo en la que se encuentran y la necesidad de reparación del daño sufrido. Llegaron a Santo Domingo el viernes 25 de octubre, esperando ser recibidos por el presidente Medina, pero este no quiso atenderles. Tomaron la decisión de permanecer frente al Palacio Nacional hasta ser recibidos por el presidente de la República y, desde el viernes, han estado acompañados por centenares de personas que han mostrado su apoyo y solidaridad uniéndose y yendo a visitarles“.

Más de un año de lucha

La última crisis estalló el 6 de septiembre de 2018, cuando “las familias campesinas de La Culebra, en Vicentillo, sufrieron el desalojo y expulsión de sus casas y territorios por un grupo violento de guardias, policías y civiles. Usaron también una pala mecánica para causar el mayor daño posible: arrollaron casas y todo lo que las familias tenían sembrado. Desde entonces, además, están siendo perseguidos y criminalizados por querer defender y recuperar lo que es suyo”.

La intervención de la policía no ha sido tampoco amistosa… “En la madrugada del 31 de octubre de 2019, las familias campesinas han sido desalojadas por la fuerza por el cuerpo policial de cascos negros, siendo golpeadas y ultrajadas. Los manifestantes han sido divididos en tres grupos y han sido trasladados en autobuses a tres hospitales diferentes: al Hospital Darío Contreras (11 personas), al Hospital de las Fuerzas Armadas (12 personas) y al Hospital Moscoso Puello (10 personas). El traslado forzoso se ha llevado a cabo con la excusa de realizarles un chequeo médico y, para ello, han empleado la violencia, desplazándoles contra su voluntad. La clara intención de la policía y el Gobierno es ocultar las luchas de las familias campesinas de La Culebra, en Vicentillo, que cada día va consiguiendo más apoyos nacionales e internacionales para su causa”.

Denuncia conjunta

Los Dominicos de la Provincia de Hispania, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Selvas Amazónicas y Acción Verapaz denuncian, en un comunicado conjunto, “el uso de la fuerza empleada y solicitan, de nuevo, al presidente, Danilo Medina Sánchez, que reciba y atienda las justas demandas del campesinado seibano: la devolución de sus tierras, la paralización de la criminalización del campesinado, la reparación para todas las personas afectadas y la justicia para el niño Carlos Rojas Peguero de 12 años, asesinado en el marco de este conflicto“. Otras entidades que han mostrado su apoyo a los detenidos son la Delegación de la Orden de Predicadores ante las Naciones Unidas (Dominicans for Justice and Peace) o ALER (Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular).

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