“La implementación del Acuerdo de Paz sigue progresando, y debe concretarse en mejorar la calidad de vida de los colombianos en los territorios más afectados por la violencia”. Bajo este enunciado el secretariado nacional de pastoral social Cáritas Colombia, en conjunto con el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (EEUU), sigue apostando al camino del diálogo y el entendimiento en el país.
En rueda de prensa, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), han dado a conocer en un tercer informe cifras y alcances de los acuerdos de paz establecidos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, de los cuales al 28 de febrero de 2019, el 69% de los compromisos en el ‘acuerdo final’ están en proceso de implementación.
Acelerar los acuerdos de paz
Por su parte, Borja Paladini Adell, responsable en Colombia del Instituto Kroc, ha dicho que “los avances normativos, programáticos e institucionales logrados en 2017 y 2018 son una plataforma que puede ayudar al Gobierno del Presidente Duque a mostrar resultados rápidos que beneficien a las víctimas y a los ciudadanos en aquellos territorios rurales que más necesitan el acompañamiento del Estado. La paz tiene que concretarse en mejoras en la calidad de sus vidas”.
Cabe recordar que el instituto Kroc lleva adelante desde 1989 una matriz de acuerdos de paz en 34 países del mundo, lo que constituye una de las bases de datos más amplias y exhaustivas en su tipo.
En este sentido han destacado que resulta de suma relevancia poder acelerar el ritmo de implementación de los acuerdos para “asegurar que las principales medidas tengan concreción en las regiones y avancen en la protección y garantía de los derechos humanos, incluido la protección y seguridad de los líderes sociales y constructores de paz en los territorios”.
Garantizar la vida de líderes sociales
Ahora cuando la paz corre alto riesgo y se profundizan las polarizaciones, Kroc y Cáritas coinciden que uno de los principales retos de la implementación tiene que ver con las garantías de seguridad y protección de líderes sociales, comunidades en riesgo humanitario y de los excombatientes de las FARC-EP y sus familias.
“Este riesgo se da por la presencia de actores armados ilegales y bandas criminales en zonas de implementación. El acuerdo de paz genera instrumentos que dan respuesta integral a estos riesgos de seguridad y protección. Es importante avanzar en el despliegue territorial de los mismos”, han mencionado.
35% de avance en la implementación
En referencia a los alcances de los acuerdos, han dado un parte con base en sus investigaciones en territorio, asegurando que “un tercio de estos compromisos (35%) han alcanzado niveles avanzados de implementación, es decir, se han implementado completamente (23%) o se espera que se implementen completamente en el tiempo estipulado por el Acuerdo (12%)”.
Por otra parte, han informado que un 34% de los compromisos están en un estado de implementación mínima, esto se traduce que los mismos han iniciado su implementación, pero por su cronograma previsto o por el nivel de avance a la fecha no es posible determinar si se podrán implementar completamente.
En cuanto a los compromisos no iniciados, el ente académico ha indicado que la cifra es de 31%, lo cual se explica por varios motivos como el retraso y/o obstáculos significativos como la no aprobación de una reforma político electoral, las circunscripciones transitorias especiales de paz, o los pocos avances normativos para agilizar la reforma rural.
Logros obtenidos
Desde la firma de los acuerdos de paz en septiembre de 2016 entre el gobierno del entonces Juan Manuel Santos y las FARC, se estableció un cronograma de 15 años para su implementación. Al respecto el instituto Kroc –habidas cuentas de las complejidades y los retos del proceso de paz– asevera que “los avances hasta el momento han sido significativos, y muestran el compromiso de los firmantes del acuerdo, la sociedad colombiana, sus comunidades y la comunidad internacional”.
Entre estos alcances se destaca el fin del conflicto armado entre el Gobierno y las FARC y la transformación de ese grupo guerrillero en partido político democrático que participa en la vida política nacional.
“Estudios comparados de otros procesos de paz demuestran que no retornar al conflicto armado durante los primeros dos años tras la firma del acuerdo es un hito importante que augura buenas posibilidades de éxito”, han destacado.
Consolidar mecanismos de diálogo
Como en otras ocasiones lo ha pedido Cáritas, es fundamental dar respuestas integrales con la visión de seguridad humana contemplada en el Acuerdo para “fortalecer y consolidar los mecanismos de diálogo entre los diversos actores involucrados para consensuar estrategias de seguridad y protección, en particular el Pacto Político para eliminar la violencia de la política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP)”.
Finalmente, para poder implementar los acuerdos se requiere también fortalecer los diversos mecanismos preventivos de protección y seguridad como el sistema de alerta y reacción temprana de la defensoría del pueblo, los mecanismos de protección colectiva comunitaria y étnico o los mecanismos judiciales y el desarrollo de capacidades de investigación y persecución de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“También es importante fortalecer Ampliar y fortalecer el despliegue territorial de estos mecanismos es fundamental”, concluyeron.
Foto CEC
