Un nuevo secuestro aumenta la incertidumbre sobre el proceso de paz
MIGUEL ESTUPIÑÁN (BOGOTÁ) | En la noche del domingo 16 de noviembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la suspensión de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. La decisión fue tomada después de que, en el corregimiento de Las Mercedes (departamento de Chocó), unas horas antes, se produjera la desaparición en extrañas circunstancia del brigadier general del Ejército Rubén Darío Alzate Mora, del cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y de la abogada Gloria Urrego.
La noticia de que habrían sido retenidos por miembros de las FARC se confirmó el martes 18, a través de un comunicado del bloque Iván Ríos, que se atribuyó el hecho. “Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra”, señalaba el texto.
La d y distintas organizaciones sociales de la región del Atrato han llamado la atención sobre el peligro que entraña para la población civil del territorio la reacción del Gobierno nacional, orientada a militarizar la zona. En un comunicado, sostienen que ni las autoridades étnicas del Consejo Comunitario de Las Mercedes ni la comunidad conocían de la visita del militar y sus acompañantes al corregimiento.
En la mañana del martes, tras lamentar la situación del general, el suboficial y la abogada, el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, manifestó también su rechazo a la ejecución de proyectos de inversión social por parte de la Fuerza Pública. Urrego, Rodríguez y Alzate forman parte de un mismo equipo de trabajo encargado de implementar en la región la Agenda Estratégica Chocó 2038. Según el prelado, esta es una responsabilidad que debiera adelantarse a nivel de los entes territoriales, ministerios e institutos descentralizados.
La Iglesia local y las organizaciones de base piden que ningún operativo ponga en peligro la vida y los bienes de los pobladores de la región del Atrato: “Les exigimos a las FARC que de manera inmediata liberen al general Alzate y a todos los secuestrados que se encuentran en su poder; igualmente, al Gobierno nacional que trate esta crisis con suma prudencia, para que continúen los diálogos de paz en La Habana”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Luis Augusto Castro, por su parte, expresó un reclamo similar al ser interrogado días atrás. El arzobispo de Tunja, quien ha participado activamente en el proceso de paz, también rechazó la retención de las personas, pidió su liberación y expresó el deseo de la Iglesia para que los diálogos de La Habana sean retomados.
¿Cese unilateral o bilateral?
Javier Giraldo, sacerdote jesuita e integrante de la comisión histórica del proceso de negociación, afirma que “son muchas las personas en el país que están clamando para que se llegue a un cese bilateral del fuego y se eviten este tipo de cosas”. El religioso considera que la búsqueda de la paz, tal y como se está dando, en medio de un escenario de guerra y de lenguajes belicosos, entraña una contradicción en sí misma. De ahí las trabas previsibles que aparecen en el proceso. A su juicio, parece que Santos tuviese una concepción de paz mecánica, como si a ella se llegase con acuerdos sin principio. “Yo creo que la paz es un valor, ante todo, ético, y buscarla dentro de un desarrollo de la guerra no es convincente”, sostiene Giraldo.
El debate está sobre la mesa. El interés por el cese bilateral lo comparten también agrupaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para quienes no es conveniente negociar en medio de las hostilidades y la confrontación bélica. En su opinión, “urge una tregua bilateral y un cese al fuego que permitan el desescalamiento del conflicto, que cuente con efectivos mecanismos de verificación y seguimiento pactados por las partes”.
Obviamente, hay quienes creen lo contrario, como Álvaro Uribe. Con sus palabras en un reciente trino, el expresidente no solo enfatizó su posición, sino que horadó la incertidumbre sobre el futuro cercano: “Que la liberación de los secuestrados no sea el pretexto de Santos para el cese bilateral, de igual a igual con el terrorismo”.
Al cierre de esta edición, crecían los rumores sobre el regreso de los retenidos a la libertad.
En el nº 2.918 de Vida Nueva
