Investigadores del CINEP advierten sobre los desafíos del nuevo gobierno Santos
Las actividades extractivas han avanzado sobre los derechos e intereses de las comunidades
El más reciente número de la revista Cien días vistos por CINEP ofrece un balance sobre algunos de los temas fundamentales que no se trataron con profundidad en la contienda electoral y que hacen parte de un gobierno cuyas políticas exigen revisión. La producción analítica prioriza asuntos como los resultados de la movilización y la protesta social; la violación a los Derechos Humanos; la construcción y el fortalecimiento del Estado; las propuestas de desarrollo económico y social tanto en el nivel nacional como regional; el balance sobre la situación de los periodistas y la libertad de expresión en el país y el seguimiento a la política internacional, especialmente con Venezuela.
La locomotora en marcha
En un artículo elaborado por Zohanny Arboleda, Sergio Coronado y Tatiana Cuenca se afirma que la política minera del actual gobierno no solo fue incapaz de transformar la preocupante herencia de la anterior administración, “caracterizada por la pobreza que enfrentan las regiones y los municipios de extracción, la firma de contratos de concesión minera que arrojan pérdidas para las finanzas públicas, la precaria protección ambiental en la política minera, entre otros aspectos”, sino también porque dicha política ha sido fuente de múltiples protestas que evidencian el descontento social que hay frente a las expectativas generadas por la promesa de crecimiento de dicha actividad.
Ante la pregunta “¿Arrancó o no la locomotora minera?”, una primera conclusión que aportan los investigadores declara que “la locomotora minera es una política de Estado, cuya continuidad mantuvo el enfoque de las administraciones de Uribe, y que además en los términos del gobierno Santos esta sí arrancó”. Sin embargo, los autores enfatizan que lo hizo vulnerando derechos de comunidades locales, agudizando las disputas entre actores sociales y aumentando el riesgo sobre defensores y defensoras de los derechos de la tierra y el territorio.
Los recursos naturales y la permanencia en los territorios se ven amenazados ante la licencia estatal para realizar actividades extractivas que han avanzado sobre los derechos e intereses de las comunidades. Esto ha generado el aumento de los conflictos sociales, políticos y económicos en los territorios. El tipo de demandas que expresan los actores de las luchas sociales están asociadas a la contaminación ambiental, al incumplimiento de pactos, a los derechos a la tierra y el territorio, el derecho al agua, los derechos humanos y las exigencias laborales. En respuesta, se evidencia un aumento en la criminalización de la protesta social.
¿Qué iniciativas locales existen por parte de las comunidades para enfrentar la locomotora minera? Los autores traen a colación la consulta popular realizada en Piedras, Tolima, el 28 de julio de 2013. “El 99% de los participantes manifestó estar en desacuerdo con la construcción de un centro para el procesamiento de oro que provendría de la mina de La Colosa, en Cajamarca, Tolima”.
¿Extralimitación?
Si bien acciones como esta se fundamentan en mecanismos de participación legítimamente instituidos, los investigadores informan acerca de un andamiaje jurídico que, queriendo garantizar la explotación, admitiría acciones como la siguiente: la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el alcalde de Piedras y los miembros del Consejo Municipal por “extralimitación o usurpación de funciones al autorizar el desarrollo de la consulta popular, ya que ‘la decisión de establecer zonas excluidas y restringidas para la minería corresponde únicamente a las autoridades minera y ambiental’”.
Añaden los investigadores: “el mandato que permitió la reelección del presidente Santos fue la continuación del proceso de paz, las demás políticas, particularmente aquellas que son fuente de intensos conflictos y objeto de cuestionamientos y que ponen en riesgo un escenario de construcción de paz, deben revisarse”. Precisamente, según ellos, la primera política que debe entrar en una seria etapa de reformulación es la de la locomotora minera.
Texto: VNC. Foto: Arcoiris
