Dos días le bastaron al nuevo presidente del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, para encontrar que 308 de los candidatos de ese partido en todo el país, no merecían el aval que les habían otorgado. Se trataba de ciudadanos sin el suficiente peso moral para representar dignamente a sus conciudadanos, en algunos casos; en otros constituían un peligro real para la sociedad. 248 de esos candidatos habían sido condenados penal o disciplinariamente; y había investigaciones pendientes contra 51. Otros fueron calificados como inconvenientes políticamente por sus cercanías con paramilitares o por su parentesco con políticos en prisión o con políticos moralmente cuestionados que aspiraban a regresar a sus cargos.
Contra el joven presidente del partido tronaron las voces de los políticos, dirigentes y voceros de partidos que vieron en tela de juicio los respaldos que generosamente habían repartido apoyados en los criterios tradicionales para confeccionar listas y lanzar candidaturas.
Pero los hechos, cada vez más escandalosos, le están dando la razón a Galán.
Un sobrevuelo a la polcrim
Un sobrevuelo informativo por distintas regiones demuestra que los políticos criminales están convirtiendo la actividad electoral en una empresa criminal.
En Caquetá un congresista a quien investigan por narco política, por parapolítica y por alianzas con las Farc, promueve la candidatura de su hermana a la gobernación; en Sucre las dos fuerzas políticas más grandes están dirigidas por un congresista preso por su participación en la creación de grupos paramilitares y por su vinculación a una masacre; y por una empresaria de chance, hoy presa por un asesinato, lavado de activos y operaciones de narcotráfico. En San Andrés y Providencia, las bandas criminales influyen a favor de los grupos políticos tradicionales. A estas denuncias de la politóloga Claudia López se pueden agregar casos curiosos pero sintomáticos como el de ese mesero de hotel convertido en alcalde de Tolú por presión de los paramilitares, que también fueron decisivos en las alcaldías de Palmitos, Corozal, Sampués, Sincé, Coveñas y Ovejas; procesos en los que la intervención política de los paramilitares tenía como objetivo el manejo de las multimillonarias regalías del petróleo, según versión recogida por la fiscalía a Edward Cobo, alias Diego Vecino.
Igualmente revelador fue el caso de las firmas en Cali, en donde el candidato pionero en las encuestas no pudo registrarse ante las autoridades electorales porque al hacer el examen de las firmas que avalaban su aspiración, hecha la sustracción de las no válidas, resultó que las válidas eran insuficientes. Las protestas del candidato y de sus seguidores dejaron preguntas y sospechas en el ambiente preelectoral.
¿Podía desconocerse una candidatura que en las encuestas registraba como primera? ¿Podían más las presiones a favor de otra candidatura apoyada por un congresista preso bajo la acusación de asociación con paramilitares? ¿Era cierta la acusación sobre falsificación de miles de firmas? Según la registraduría 9 mil firmas provenían de la misma persona.
El áspero debate a que dio lugar este caso de las firmas fue otro hecho que alertó a las autoridades -el presidente Santos intervino enérgicamente y habló de algo “torcido” en Cali- y a la opinión pública. Y con razón.
El examen de los antecedentes de 93.000 candidatos reveló que 2280 tenían antecedentes judiciales y que 27 tenían orden de captura; algunos con circular de Interpol o supuestamente buscados por las autoridades porque no cumplían con el deber de pagar los alimentos de sus hijos o acusados de robos millonarios en contratos. Los delincuentes no han respetado los partidos, ni estos se han defendido resueltamente de los delincuentes.
Así le ha sucedido al liberalismo con 518 candidatos a los que les ha debido negar o revocar el aval; el Polo es el que mejor se ha defendido y a 16 les negó el aval; a los conservadores les ha pasado con 435 candidatos y Cambio Radical les negó el aval a 308. Aún el Partido Verde tuvo que revocarles el aval a 70.
Es toda una ofensiva de delincuentes para encontrar acomodo en las listas y para tomar por asalto los cargos de representación popular, y una debilidad comprobada de los partidos, nominalmente creados para defender la democracia.
Colombia está, pues ante el riesgo cierto de que su representación política en las asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones, sea tomada por criminales.
La Misión de Observación Electoral (MOE) midió la gravedad de esta amenaza. Según esa medición, la mitad de los municipios del país, 544, está en la mira de los criminales; que operan o aliados con los políticos o en plan de hacer política ellos mismos.
En 447 de esos municipios el clima que rodea las urnas es de violencia: electores y candidatos amenazados. Amenazas rubricadas con asesinatos o desapariciones; hay 241 municipios en los que los investigadores encontraron que se unían el riesgo de fraude y la presión de los violentos.
El informe señala en mapas, la mancha criminal que se extiende por el sur de Bolívar, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Santander, Putumayo y los llanos orientales. A su vez las autoridades de policía, se alarman: el período preelectoral ha cobrado vidas de una manera cruel, como el asesinato del candidato conservador a la gobernación de Guajira, cuyo cadáver apareció con 100 impactos de bala. 28 candidatos han muerto en atentados, hasta el momento de escribir esta nota y han ocurrido 109 hechos de violencia, como si en vez de la fiesta de la democracia se tratara de una guerra en la que las armas apoyan:
- La orden a los candidatos que los violentos rechazan, de retirar sus postulaciones.
- La presión a los electores que deben escoger o el soborno que les ofrecen (desde una comida o mercado, hasta un lote), o la muerte.
- La presión sobre las autoridades.
- La recolección de dineros para financiar campañas.
¿Por qué los criminales se volvieron políticos?
Es un proceso en el que se siente la operación conjunta de los sectores que más daño le han hecho al país. Allí asoman las orejas y las garras, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, agentes corruptos del Estado en alianza con políticos tramposos, o aspirantes a políticos.
Comenta Semana, refiriéndose al asesinato de Luis Carlos Galán y a la sentencia contra Alberto Santofimio: “es el mismo proyecto parapolítico y paramilitar que se reproduce”.
La vigilancia internacional (OEA, Centro Carter, etc.) certificaba las condiciones de normalidad de las urnas y el cumplimiento de las normas electorales, para expedir certificados de buena conducta democrática. Otras tendrán que ser en las elecciones de octubre, la protección y defensa del proceso democrático colombiano acosado por los criminales.
Esa vigilancia no podrá limitarse al registro de las cifras de votos; detrás de esas cifras deberán detectarse las presiones de los violentos, tal como lo hicieron los investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris cuando descubrieron la acción de la parapolítica, primero, y ahora su persistencia en el proceso electoral de octubre.
Señalaba Norberto Bobbio que una definición mínima de democracia hace indispensable que “aquellos que están llamados a elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar”. Para que se dé esta condición, agrega, es necesario que a quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos de libertad de opinión, de expresión, de reunión, de asociación. “No se trata de reglas de juego, son preliminares que permiten el desarrollo del juego democrático”, concluye.
Esos preliminares son los que han desaparecido bajo la presión de los criminales.
¿Quién podrá defender la democracia?
Como en el caso del narcotráfico, será un error pensar que la presencia de criminales en el proceso, justifica una gran campaña de represión policial para capturar y aniquilar a las bacrim. El fracaso de las campañas antidrogas debiera ser una clara advertencia. Columnistas e investigadores apuntan, en cambio, a los partidos que, hasta ahora, han reaccionado tardíamente con el retiro de unos avales que nunca debieron otorgarse. “Terminó imponiendose la lógica de que el candidato ideal es el que pone más votos o mete plata”. (Semana 1531, 41). En Puerto Gaitán cada voto para la alcaldía tiene un costo calculado de tres millones de pesos, en una campaña de 10.000 millones.
La de candidatos que se valoran por votos o por el dinero que aportan al partido, es una lógica corruptora a enorme distancia del papel que los partidos deben cumplir como escuelas de democracia.
A los partidos les siguen las autoridades electorales que aplican y difunden las reglas de juego. Fueron puestas a prueba en Cali ante el fenómeno de una operación relámpago para recoger firmas para un candidato, y en Santa Marta en donde otro candidato dijo haber recogido 165.000 firmas en solo cinco días. Casos como estos demostraron que buena parte de la responsabilidad en estas crisis está en manos de las instituciones.
Pero la parte más difícil por lo lenta y profunda es la que corresponde a la creación de una conciencia pública de rechazo a las prácticas criminales y de defensa de la libertad de los electores. Esa conciencia está hecha de valores cristianos como los de la tolerancia, el servicio al bien común, opción por los más débiles y pobres, igualdad y fraternidad, que son, a su vez, las virtudes de la democracia.
Visto así, el asedio de los criminales a la democracia se convierte en un reto para los creyentes. VNC
