En espera de lo que dictamine el Constitucional, Murcia y Navarra no la acatan
Cientos de personas se manifestaron el día 3 ante el alto tribunal
(Miguel Ángel Malavia) Cumplidos los 25 años desde la aprobación de la primera Ley del Aborto, el pasado 5 de julio entró en vigor la nueva legislación impulsada en este sentido por el Gobierno socialista, siendo la principal novedad su despenalización (ya no es necesaria ninguna justificación para abortar hasta la 14ª semana de gestación). La Conferencia Episcopal no tardó en mostrar, nuevamente, su oposición. A través de un comunicado hecho público el mismo día 5, catalogaba la ley de “objetivamente incompatible con la recta conciencia moral”. A juicio de los obispos, “empeora la legislación vigente”, en primer lugar, “porque considera la eliminación de la vida de los que van a nacer como un derecho de la gestante”. Además, a la “justificación legal del aborto” se unirá la imposición en el sistema educativo obligatorio “de la ideología abortista y ‘de género’”.
Pese a haber sido ya publicada en el BOE, aún podría no haber concluido el discurrir de la ley. Todo está en manos del Tribunal Constitucional, que habrá de dictaminar sobre los recursos que en su contra presentaron hace unas semanas el Partido Popular (PP) y el Gobierno de Navarra, al entender que viola el precepto constitucional referente al “derecho a la vida”. Hasta que se haga pública una sentencia, si todo transcurre según los cauces habituales, la ley se mantendrá en vigor. Sin embargo, el recurso del PP solicita que, mientras perdure la labor de dilucidar la constitucionalidad de la ley, se suspenda su aplicación. Esta misma petición la dirigieron los centenares de miembros de asociaciones provida que se manifestaron el día 3 ante las puertas del alto tribunal. Argumentaban que, en caso de que al final se produjera una sentencia contraria a la ley, ya no habría marcha atrás para los casos de aborto producidos según los parámetros de su formulación actual. Al cierre de esta edición, el Constitucional todavía no se ha manifestado en este sentido.
Este argumento fue el utilizado, ya el mismo día 5, por los gobiernos regionales de Navarra y Murcia para asegurar que, hasta que el Tribunal Constitucional no se declare sobre una posible suspensión, no aplicarán la ley en sus comunidades. En este sentido, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, del PP, señaló que “no hay razones para acatar” la ley, puesto que ésta “todavía no está en su punto final”. Aun así, no está clara la postura a seguir por el principal partido de la oposición. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, sin referirse a Valcárcel, reconoció al día siguiente que la nueva legislación es “aplicable” al estar en vigor. Eso sí, reclamó al Constitucional que acepte “cuanto antes” su petición de suspensión cautelar. Otros gobiernos autonómicos regidos por el PP, como Galicia, Valencia o Madrid, sin negarse a acatar la ley, han mantenido actitudes divergentes. Si en las dos primeras se insiste en que se cumplirá “taxativamente” con la ley mientras ésta “no se derogue”, como explicó el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, en la última se amagó con el boicot cuando el portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, David Pérez, declaró el día 5 que su Ejecutivo iba a “preservar el derecho de objeción de conciencia de médicos y profesionales”. “Esta ley terrible no debería ser aplicada en ninguna democracia, pero mucho menos sin que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su inconstitucionalidad”, concluyó. Al día siguiente, el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, dejó claro que, aunque apoyarán el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, “España es un Estado de Derecho y la ley se aplica”.
Suspensión ilegal
En medio de la polémica, el Gobierno apela a la “lealtad constitucional” de las autonomías. Además, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado al Tribunal Constitucional que rechace la propuesta del PP de que suspenda cautelarmente la aplicación de la ley. El leitmotiv de su alegato consiste en que el alto tribunal, según la propia ley orgánica que rige su funcionamiento, no está capacitado para suspender una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.
En el nº 2.715 de Vida Nueva.
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