Los atentados de las últimas semanas relacionados con el narcotráfico desatan la alarma y el miedo
(Pablo Romo Cedano- México DF) El 15 de septiembre, mientras el gobernador de Michoacán encabezaba la conmemoración de la independencia del país en Morelia y, al grito de ¡viva México!, tocaba las campanas en el balcón del Palacio de Gobierno, una granada estallaba en medio de la multitud que se había congregado en la explanada de la plaza. Ocho muertos y más de cien heridos fue el trágico balance del primer atentado narco-terrorista. Diez minutos después, una segundo artefacto explotó en una plaza contigua hiriendo a varias decenas de personas más.
Desde entonces, se han sucedido las más diversas manifestaciones de repulsa por parte de la Iglesia mexicana y sus llamamientos para poner fin al clima de violencia que azota al país. Así, tras condenar este “acto de terrorismo y violencia en contra del pueblo michoacano que también lo es contra México entero”, el presidente del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes, reconoció la urgencia de establecer una “clara estrategia de coordinación nacional”, y pidió a las autoridades que “velen con firmeza y decisión por la aplicación del Acuerdo Nacional para la Seguridad”, firmado semanas atrás, en busca de iniciativas que “prevengan estos horrendos crímenes”. También el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, condenó la “acción irracional y salvaje” que sufrió su pueblo, y advirtió que “si la intención de estos criminales es crear una atmósfera de miedo e incertidumbre, urge que reconsideren la perversidad de utilizar estos medios que de ninguna manera se justifican”.
Indignación, pero fortaleza
Apenas 24 horas después, un nuevo comunicado de la CEM insistía en que los atentados habían ensombrecido la vida del pueblo mexicano y exigía respeto para la vida humana, la justicia y libertad. “Quienes tan cobardemente han cometido este acto terrorista -lamentaba el texto- han acallado no sólo la voz y la vida de gente inocente, sino que han silenciado la voz y la vida de sus propios hermanos, hijos, madres y padres; han terminado con la vida de su propia sangre, han asesinado una parte de su propio país”. “Nuestra indignación y condena -concluyen los prelados- nos dará la fortaleza suficiente para luchar a favor y en beneficio de todos los ciudadanos y así juntos lograremos construir un México más fuerte, democrático y mejor”.
En el mismo contexto de violencia e impunidad, el presbiterio de Tarahumara, encabezado por su obispo, Rafael Sandoval, constata con “justa indignación y tristeza que se cumple ya un mes del doloroso hecho en el que 13 personas de Creel fueron masacradas y aún no hay resultados. Esto aumenta la desconfianza hacia quienes ostentan autoridad”. En una dura misiva, exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia y se castigue a los responsables y los cómplices, aunque sean autoridades federales, estatales o municipales. Asimismo, manifiesta su preocupación por las amenazas contra sacerdotes de la diócesis.
Aunque los atentados de Morelia no han sido reivindicados, varios analistas apuntan a que se trata de un acto del crimen organizado. Según José Luis Piñeiro, especialista en narcotráfico, lo ocurrido allí marca un antes y un después en la guerra del narcotráfico, porque “es la primera vez que se atenta contra población civil con el único objetivo de causar pánico y chantajear a las autoridades”.
Erradicar un negocio tan jugoso no es tarea fácil. La corrupción y la impunidad han permeado casi todos los estratos sociales y millones de personas dependen económicamente de la prosperidad del narcotráfico y del crimen organizado. La corrupción es tal, que la encargada federal de perseguir el secuestro fue detenida por los cargos de secuestro y homicidio del joven Fernando Martí y de su chófer. Anualmente se obtienen más de 15.000 millones de dólares por la venta de droga en EE.UU., un negocio que significa la tercera entrada de divisas para México, después del petróleo y las remesas de los emigrantes.
Pero esta guerra silenciosa suma y sigue. El 29 de septiembre, apenas dos semanas después de la matanza de otras 24 personas cerca de la capital, la policía de Tijuana hallaba 18 cadáveres aparentemente víctimas de un ajuste de cuentas del narcotráfico. Sus cuerpos estaban maniatados, amordazados, con bolsas de plástico en la cabeza y algunos con signos evidentes de tortura. Así las cosas, a nadie extraña que la prioridad en la gestión del presidente Felipe Calderón sea la lucha contra el narcotráfico.
En el nº 2.630 de Vida Nueva.
