Organizaciones eclesiales replican a Fernández Díaz que la libertad de expresión no contradice la aconfesionalidad del Estado
JOSÉ LORENZO | Al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no le ha gustado nada la declaración conjunta realizada el pasado 2 de diciembre por varias entidades cristianas (ver VN, nº 2.920), en donde solicitaban la “retirada inmediata” de la disposición con la que se pretende legitimar las llamadas “expulsiones en caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, esto es, la entrega a las autoridades marroquíes de inmigrantes sin respetar los trámites administrativos que les garantizaban una serie de derechos.
En esa nota, Cáritas, CONFER, la Comisión Episcopal de Migraciones y Justicia y Paz suman a su “preocupación por un proyecto de Ley [ de Seguridad Ciudadana] que criminaliza la pobreza y la movilización social, la consternación por la naturaleza de una enmienda que ha sido introducida a última hora por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso”. Por eso unían con ese texto su voz a la de más de 120 ONG, al ACNUR o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han criticado la medida, e incluso al nuevo comisario de Inmigración de la Comisión Europea, Dimitris Avramapoulos, que ha señalado que “los controles fronterizos deben llevarse a cabo respetando los derechos de los refugiados y de las personas que piden protección internacional. En particular, por lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo a los procedimientos de asilo”.
Pero al titular de Interior, reconocido católico practicante, parecen haberle dolido especialmente las críticas eclesiales pues, al poco de difundirse, recordó en una cadena de televisión que España es un “Estado aconfensional”. “Creo en la separación de Iglesia-Estado –afirmó–, cada institución tiene su ámbito de competencia. Otra cosa es que han de colaborar en aras del bien común y entiendo que la Iglesia ponga el acento en la misericordia y el aspecto humanitario, pero no puedo aceptar que parezca que los demás no tenemos sensibilidad con los derechos humanos”.
“No se duda de la sensibilidad por parte del Gobierno con los derechos humanos”, señala a Vida Nueva el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Luis Pinilla. “Sensibilidad –añade este religioso jesuita– que también la tienen las muchísimas organizaciones que han puesto en cuestión esas medidas de amparo político a las devoluciones sumarias. El problema no es que haya o no sensibilidad, sino cómo se articula o no esta sensibilidad”.
Artículo íntegro para suscriptores en el nº 2.921 de Vida Nueva
