Nadie será discriminado por sus creencias y se respetará la laicidad del Estado
La reforma al artículo 24 constitucional que garantiza la libertad religiosa, que fue aprobada por la mayoría de los estados de la República Mexicana y está próxima a ser promulgada, recoge una necesidad social clara: la del respeto irrestricto y garantía de que nadie sea objeto de discriminación, burla o escarnio por la forma en que libremente decida creer o no creer, establecieron expertos nacionales e internacionales en el marco del Coloquio Laicidad y Libertad Religiosa, organizado por la Universidad Panamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Se trata de que la libre adhesión a un credo o no, así como una vida coherente con tal decisión, no sean causa de división social en nuestro país, superando así épocas pasadas”, dijeron.
El investigador Fabio Macioce, de la Universidad de Roma Tor Vergata, subrayó que un Estado laico, “debe ser abierto a todos sus ciudadanos”, dijo que el ser humano no se limita en su pertenencia a la comunidad política, sino que admite que puede integrarse en una variedad de supra-identidades y reconoce por tanto, que cada una es soberana dentro de su propio ámbito.
De esta forma, continúo el experto, “un Estado laico no se limita a ese reconocimiento de forma negativa: no sólo no disciplina o controla las áreas en las que no es competente, sino que se esfuerza porque la participación de los ciudadanos en estas comunidades sea posible y realmente libre”.
Riesgo latente
El doctor Macioce coincidió con el jurista Jorge Adame Goddard del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el sentido de que no es necesario plasmar explícitamente en la Constitución que el Estado es laico pues abre “un riesgo” de que se malinterprete y se convierta “ideológicamente en antirreligioso” y citó como ejemplo a Francia que es tradicionalmente cristiano pero donde hay esta declaración explícita de laicidad y en donde la República se pone en condición antagonista con la religión. Hay que recordar que tanto la incorporación de la libertad religiosa como la categorización de República laica en México se sometieron a consenso de forma paralela. Adame Goddar, no obstante, confió que en México existen los instrumentos para solucionarlo, pues “Estado laico, respetuoso de la libertad religiosa, es un estado democrático” y la reforma al art 40, que fue aprobada conjuntamente, dice: la República Mexicana se organiza como democrática, federal, laica y representativa: “Tenemos la posibilidad de que la libertad religiosa, en el ámbito privado y en el público se respete en México y que el Estado esté organizado como un Estado laico que no reconoce una religión oficial pero que respeta la libertad religiosa del pueblo. El riesgo es Estado laico despótico, pero la posibilidad real que tenemos en México es Estado laico democrático y a eso debemos aspirar”, dijo.
Junto con expertos de la Universidad Panamericana como el doctor José Luis Soberanes Fernández y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, José María de la Serna, Imer Flores y Pedro Salazar, dejaron en claro que los derechos son de las personas y no de las instituciones, por lo que la reforma al artículo 24 constitucional que garantiza el derecho a la libertad religiosa beneficia a todos los mexicanos. Con o sin reforma constitucional, la laicidad del Estado Mexicano está plenamente garantizada, afirmaron los especialistas y propusieron que debe prevalecer la tolerancia y el respeto para todas y cada una de las creencias, sobre todo porque existe la equivocada creencia de que la negativa a ciertos temas, como el aborto, el uso de la píldora del día siguiente y el matrimonio entre personas del mismo sexo, obedece estrictamente a principios de carácter religioso.
Replanteamiento
Durante la inauguración del Coloquio, José Antonio Lozano Díez, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, insistió en que el país se encuentra en un momento para el que resulta indispensable un replanteamiento de las relaciones que se establecen entre Estado y sociedad en torno al ejercicio de la conciencia, de la experiencia general de las creencias, y de la vida con sentido religioso, mismas que desembocan también en el replanteamiento de las condiciones más propicias para el desarrollo de un espacio público que, de forma auténtica, sea incluyente.
VNM
