J. L. CELADA | Entreculturas y el Servicio Jesuita al Refugiado para América Latina y El Caribe (SJR-LAC) se han mostrado muy preocupados por “la situación de emergencia y desamparo” que siguen padeciendo miles de haitianos en varios países del continente ante el endurecimiento de las políticas migratorias, que están “suponiendo un auténtico cierre de fronteras” para ellos.
Asimismo, aprovechan para sumarse a las peticiones de puesta en marcha de “una protección internacional” para regularizar la situación migratoria de este colectivo, “garantizar su no deportación y favorecer su integración de manera digna en los países de acogida”.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Refugiadas, conmemorado el 20 de junio, la ONG jesuita para la Educación y el Desarrollo dio a conocer un breve comunicado en el que denuncia la aplicación aleatoria y restrictiva de la Convención de Ginebra a la hora de conceder el estatuto de refugiado a los haitianos, y la ambigüedad de los gobiernos para aplicarlos (¿son refugiados o migrantes económicos?).
El texto recuerda que, año y medio después del terremoto, más de un millón y medio de personas siguen alojadas en campos de desplazados, y que muchas de ellas, tras las sucesivas crisis vividas durante este tiempo (cólera, huracanes…), “se plantean huir del país y salir en busca de un nuevo futuro”. Lo que se traduce en “un incremento notable de la migración haitiana hacia América Latina”, especialmente con dirección a Ecuador y Chile, constata un informe del SJR.
Pero “la falta de mecanismos de protección” deja a miles de haitianos expuestos al peligro de “complejas redes de trata y tráfico de personas” que operan desde su propio país y en los lugares de tránsito y de destino. Un problema añadido a la dramática realidad de un pueblo que ve cómo ahora sus vecinos les cierran las puertas en nombre de leyes de dudosa humanidad.
En el nº 2.760 de Vida Nueva.
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