Duras críticas del Episcopado a una reforma que considera “contraria a la ley natural”
(Washington Uranga– Buenos Aires) El Senado argentino aprobó el 15 de julio la reforma del Código Civil que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, con idénticos derechos que para los heterosexuales. Esta modificación ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, y suscitó un fuerte debate, con manifestaciones y tomas de posición, entre ellas la de la jerarquía de la Iglesia católica, que se opone con firmeza a dicha reforma legal. Argentina se convierte así en el primer país latinoamericano en permitir el casamiento entre personas del mismo sexo, y el segundo en América, después de Canadá.
La medida permite también que las parejas homosexuales que se casen estén en condiciones de adoptar niños. Ahora resta que el Poder Ejecutivo, en la persona de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reglamente la medida para que pueda entrar plenamente en vigor. La mandataria manifestó su satisfacción por el cambio legal, que contó con el respaldo casi unánime de los legisladores del oficialista Frente para la Victoria (FPV).
La votación en el Senado, tras un debate que duró cerca de 16 horas, se resolvió por 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. El día previo, la capital acogió dos grandes concentraciones. Una de ellas, convocada por un grupo de laicos católicos y con explícito respaldo de un número importante de obispos –entre ellos, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio–, se movilizó frente al Congreso. Según la policía, unas 60.000 personas se dieron cita en este acto, con reclamos en nombre de “la ley natural” y pancartas que mostraban rostros de niños y en las que se podía leer “queremos papá y mamá”. Los cálculos de los organizadores situaron en 200.000 el número de participantes en la marcha, y en el mismo sentido informó la agencia católica AICA, dependiente del Episcopado.
A unas pocas cuadras de ese lugar, en el Obelisco de Buenos Aires, otro grupo de manifestantes, de alrededor de 15.000 personas e integrado por agrupaciones de gays, lesbianas, defensores de los derechos civiles y organizaciones defensoras de los derechos humanos, a los que sumaron algunos partidos políticos de izquierda, proclamaba su apoyo a la modificación legal y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
En los días previos, los medios de comunicación recogieron infinidad de declaraciones, de cruces de opiniones y agresiones entre los defensores de ambas posturas. El cardenal Bergoglio dejó trascender una carta refiriéndose a la lucha en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo como “guerra de Dios”. En una nota dirigida al médico Justo Carbajales, director del Departamento de Laicos de la CEA, y con motivo de la manifestación ya mencionada, el presidente del Episcopado sostuvo que “el matrimonio precede al Estado, es base de la familia, célula de la sociedad, anterior a toda legislación y anterior a la misma Iglesia. De ahí que la aprobación del proyecto de ley en ciernes significaría un real y grave retroceso antropológico”.
Si bien la mayoría de los prelados se pronunció en el mismo sentido, hubo dentro de la Iglesia manifestaciones de signo contrario, a favor de la modificación legal. Tal es el caso del grupo de Sacerdotes de la Opción por los Pobres y del sacerdote cordobés Nicolás Alessio, cuyas declaraciones provocaron la sanción del arzobispo de Córdoba, Carlos José Ñáñez, quien además de retirarle sus licencias eclesiásticas anunció que le someterá a juicio canónico. A este respecto, la Coordinación Nacional de los Seminarios de Formación Teológica (SFT) emitió una declaración en la que expresa su “profunda indignación por la sanción y las amenazas infrigidas al padre Nicolás Alessio (…), más cuando esta sanción es sobre ‘materia opinable’ y no sobre algún dogma de la Iglesia”.
‘Daño grave al bien social’
Una vez conocida la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, por su parte, aseguró que la reforma introducida “carece de la necesaria legitimidad social” y conlleva “un daño grave al bien social”. El prelado criticó que “una vez más se favorezca a pequeñas minorías en detrimento de derechos e intereses de la mayoría del país” y puso como ejemplo que “se beneficia a unos pocos con grandes negocios y se niega el derecho a los jubilados (pensionados) a percibir una jubilación que les permita vivir con dignidad, aunque esté determinado por ley”.
Carmelo Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia, aseguró que “lamentablemente este Gobierno [de Cristina Fernández], que de la defensa de los derechos humanos ha hecho su bandera, ha sido incapaz de percibir que la ley de matrimonio civil entre personas homosexuales atropella inútilmente este derecho fundamental. Lo ha hecho con el pretexto de defender el derecho de la minoría homosexual, de no discriminarla y de promover la igualdad ante la ley”, agregó. En el mismo sentido, el arzobispo Ñáñez pidió a los católicos que “tengan memoria cívica” cuando llegue la hora de votar y recuerden “a quienes incumplieron sus promesas”, en directa alusión a los legisladores que votaron a favor del matrimonio homosexual. El titular de Córdoba pidió “evaluar en qué medida cumplieron [los legisladores] lo que se prometió y no dejar pasar por alto eventuales incumplimientos a la hora de tomar nuevas decisiones de otras votaciones”.
Mientras, desde los SFT se lamentó “el silencio y las complicidades históricas de cierto sector de la jerarquía de la Iglesia con el terrorismo de Estado, los poderes económicos, los opresores de los pobres, las mentiras y los miedos sociales y sexuales, que muchas veces ocasionan enfermedades como el HIV”. Y agregó que “demasiado se parece el discurso de algunas autoridades de la Iglesia al discurso que opone el bien y el mal basado en el etnocentrismo o en las pretensiones de dominio planetario de la vida, que se deriva en la justificación para eliminar al otro, a otros pueblos, a diversas razas, diversas sexualidades, a otras formas de vivir la cultura y la religión, porque se las considera causa del mal”.
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UN OBISPO ESPAÑOL PARA COMODORO RIVADAVIA
El español Joaquín Gimeno Lahoz, nacido hace 61 años en La Mata de Olmos (Teruel), es el nuevo obispo de la sureña diócesis argentina de Comodoro Rivadavia. El sacerdote, que hasta ahora era administrador diocesano de esa misma circunscripción eclesiástica, reside en el país desde 1974, a donde llegó como misionero de la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana).
El nuevo obispo Lahoz estaba al frente de la Iglesia cuyo pastoreo le ha sido encomendado desde el pasado 12 abril, cuando el entonces titular de la diócesis, Virginio Bressanelli, tomó posesión como obispo coadjutor de la vecina sede de Neuquén.
La diócesis de Comodoro Rivadavia fue creada en 1957 y cuenta con una población de 481.391 habitantes, de los que el 85% se declaran católicos. Tiene 28 parroquias y 60 capillas, atendidas por 31 sacerdotes (21 diocesanos y 10 religiosos) y 58 religiosas.
El sacerdote aragonés desempeñó misiones pastorales en las diócesis argentinas de Azul y Rosario y, desde 1996 hasta la fecha, trabajó primero como párroco en el Maitén y, desde 2006 hasta 2010, como vicario general de la diócesis de Comodoro Rivadavia.
En el nº 2.717 de Vida Nueva.
