La Alianza Española Contra la Pobreza ve “injusto e inviable” el plan del Gobierno
(Miguel Ángel Malavia) “Los recortes sociales anunciados por el Ejecutivo representan una quiebra en el discurso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha provocado un cambio de escenario político y social, que percibimos como permanente y no coyuntural y que puede provocar un conflicto social de largo alcance”. La denuncia, contundente, aparece en un reciente comunicado de la Alianza Española Contra la Pobreza.
Dicha Alianza integra a un millar de asociaciones entre ONG, sindicatos y organizaciones sociales, y que mantiene una nutrida representación cristiana, a través de Justicia y Paz, la Confederación Española de Religiosos (CONFER), la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) o la Coordinadora ONG Desarrollo España, que integra, entre otras, a Manos Unidas y Cáritas.
El representante de CONFER en la Alianza, José Luis Saborido, advierte para Vida Nueva de que las consecuencias de estas medidas pueden ser gravísimas: “Los pobres serán aún más pobres. También en España y en Europa. Y ya, si miramos a los países menos desarrollados…, sólo se generará más miseria. Esto sólo puede causar inestabilidad, pudiendo desembocar en un estallido social en algunos de ellos”.
En la vulneración de los acuerdos ya fijados, radica una de las principales denuncias de la Alianza. Como sucede en el caso del “inaceptable” recorte en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Saborido es claro a la hora de definir el abandono de las políticas de desarrollo: “Las personas no pueden vivir de promesas, sino de realidades. Las promesas no alimentan…”.
Reforma del Sistema financiero
La Alianza Española Contra la Pobreza, además de denunciar el plan económico del Gobierno, también expone sus propias propuestas. La principal, “que se aumenten los ingresos a través de reformas fiscales sobre el sistema financiero y sobre las rentas del capital”. En cuanto al sector financiero, considerando que está necesitado de una reorganización, reivindica que ésta se acometa “desde instancias internacionales, particularmente desde la Unión Europea (UE)”.
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