La propuesta del Gobierno salvadoreño podría ser peligrosa, advierte la Iglesia
(J. L. Celada) A pocos días de que se cumpla el vigésimo aniversario del asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador, la violencia sigue azotando a este pequeño país. Su presidente, Mauricio Funes, presentó el pasado 20 de octubre el informe Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se constata que el denominado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la región “más violenta del mundo”, con 79.000 asesinatos registrados en los últimos seis años.
El estudio señala que dos de cada diez personas fueron víctimas de algún delito en 2008. Otros datos revelan que el 40% de los salvadoreños ha limitado los lugares donde acude a comprar, un 37,5% ya no visita centros de ocio, un 14,2% cambió de vecindario y un 12,2% cerró sus negocios. Autoridades policiales del país desvelaron que en un solo fin de semana (el del 17-18 de octubre) se produjeron 43 asesinatos: 17 el sábado y 26 el domingo, cifra ésta que supone “la jornada más violenta de los últimos diez años”.
Ante esta situación, Funes está analizando una propuesta de su ministro de Defensa, David Munguía Payés, por la que podría disponer de 6.500 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en la lucha contra una ola de criminalidad que se ha cobrado más de 3.000 vidas en lo que va de año. Actualmente, un total de 1.760 soldados patrullan junto a la policía 20 municipios considerados de “alta peligrosidad”.
El mandatario aclaró en rueda de prensa que no se trata de reformar la Constitución ni de apartar a la Fuerza Armada de su misión de velar y garantizar la soberanía nacional. Asimismo, explicó que esta iniciativa, que ha surgido tras una consulta que él mismo formuló a Munguía, debe ser discutida ahora por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ya que es a la PNC a quien le corresponde la misión constitucional de brindar la seguridad a la ciudadanía.
Amenaza de genocidio
Mientras tanto, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha expresado su inquietud ante el incremento de los episodios violentos y delictivos en el país, pero también ante la posibilidad sugerida por Funes de que el Gobierno eche mano de la Fuerza Armada para poner freno a esta dramática realidad. “Nos preocupa muchísimo como Iglesia, porque esto puede llevar a un genocidio”, ha advertido el prelado, para quien “cualquier actitud que se haga fuera de la ley, de una manera arbitraria y generando violencia, lo que hace es sólo aumentar la espiral de violencia y una amenaza concreta a que la sociedad civil llegue a un genocidio”.
En el nº 2.681 de Vida Nueva.
