Las imágenes de las explotaciones mineras a cielo abierto con sus cráteres inmensos, sus aguas podridas, sus grietas como heridas, la ausencia de vida vegetal y esa aridez de desierto, son escenarios de una guerra que deja muertos, que destruye y multiplica el dolor y la desesperanza. Es hora de parar esa guerra, no importa que alguien alegue razones para perpetuarse.
Estos son los hechos que hacen obligatorio un proceso para declararle la paz a esa guerra.
Parece una exageración, pero los hechos son contundentes: mientras los cultivos de coca cubren 15.404 hectáreas, según cifras de Naciones Unidas y del Ministerio de Justicia, la minería, en 2014, arrasaba 24.450 hectáreas. Investigadores de Naciones Unidas siguieron el fenómeno en Chocó, en donde en 2014 contabilizaron 36.185 hectáreas, el 46% del territorio afectado por la minería del oro. Allí, en Chocó, sólo existe un 3% del total de los cultivos de coca del país. Según cálculos hechos por investigadores de la región, la rentabilidad de las mineras es 20 veces superior a la de la coca.
Las pruebas son concluyentes: un kilo de coca puede venderse en cuatro millones y medio de pesos; ese mismo kilo, en oro, se puede vender en 90 millones, con una ventaja a favor del oro: el traficante de coca puede enfrentar una condena de ocho años de cárcel; mientras el vendedor de oro no teme el riesgo legal porque su negocio apenas si acarrearía una sanción administrativa.
Todo esto explica la intensificación de la actividad minera en el país, estimulada por la subestimación de sus daños frente a los que resultan del narcotráfico. Sin embargo, puestos en balanza el minero y el narcotraficante, este resulta menos dañino, de modo que es legítimo concluir que la minería se ha convertido en un mal peor que el narcotráfico.
El paisaje lunar
Los drones de los medios de comunicación, con sus ojos implacables, están revelando la imagen más impactante del daño enorme: grandes extensiones de bosques convertidas en desiertos, con perforaciones como las que dejan los bombardeos, sólo que mucho más amplias, llenas de aguas verdosas, que brillan bajo el sol. A primera vista todo parece reducirse al daño hecho en la tierra, pero hay algo más. En esos pozos se multiplican los vectores de la malaria. La investigación del Instituto Nacional de Salud con la Universidad del Valle y del Centro de Desarrollo para medicamentos demostró que el 89.3% de los casos de malaria entre 2010 y 2013 provenían de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca y Valle y que el 31.6% de esos casos había aparecido en áreas mineras.
Este año el Instituto Nacional de Salud ratificó: de los 42.480 casos de malaria del país 27.795 aparecieron en Chocó. Hace cuatro meses se informó la muerte de cinco niños en Lloró, de tres en Quibdó, uno en Bojayá y dos en Istmina, víctimas de la malaria.
El Ministerio de Salud informó, además, que el 25% de los enfermos de malaria pertenece a comunidades indígenas y 55% a la población negra. No todos, desde luego, se pueden señalar como víctimas de la minería, pero sí se puede afirmar que las perforaciones mineras, esos enormes cráteres llenos de agua descompuesta, han multiplicado los vectores de la malaria en la región.
El mercurio y el cianuro
Es peor la situación creada por la contaminación de los ríos con mercurio y con cianuro. Estos elementos químicos son de una gran utilidad para los mineros porque permiten que el oro se pueda extraer de las rocas. La aleación se calienta para separar el mercurio por evaporación y dejar libre el oro y los vapores de mercurio que van a parar a los ríos y ciénagas, allí son consumidos por los peces de que se alimenta la población que, sin sospecharlo, absorbe un veneno que afecta su salud.
Este dañino proceso podría evitarse con el uso de cribas vibratorias, pero estas tienen un costo de 100.000 dólares, razón por la que los mineros prefieren el método menos costoso para ellos, pero que a los trabajadores de las minas y a los habitantes de la región les destruye la salud. Tanto los trabajadores, como los que consumen pescado o agua contaminados, tarde o temprano padecen debilidad, dolor en los huesos y en la cabeza, pérdida de la memoria, porque el mercurio afecta riñones, sistema nervioso, huesos y músculos. Estos daños son mayores en los niños menores de cinco años y en mujeres embarazadas o lactantes. En el pasado mes de junio se reportaron 37 muertes de niños en Río Quito, que fueron atribuidas al consumo de agua contaminada con mercurio. También afecta la salud de los habitantes de la región el consumo de pescado con mercurio. Según comprobó el Instituto Nacional de Salud “hay niveles altos de mercurio en los ríos”. También los contaminan otros metales como el cianuro. El dato aterrador es que cada día se están utilizando 100 kilos de mercurio y la explotación minera en el país utiliza en promedio y como mínimo 35 kilos de mercurio al año.
Los bosques y los ríos
Naciones Unidas, a través de su oficina para la droga y el delito, reportó la pérdida de 24.450 hectáreas de bosques por tareas de explotación minera; 9.046 más que el área de cultivos de coca.
De las 78.939 hectáreas que se explotan para obtener oro en el país, 40.839 están en Chocó. Cada año la minería está destruyendo 3.350 hectáreas de bosque, le informó aun redactor de El Tiempo William Klinger, director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. En destrucción de bosques los mineros dejan muy atrás a los cultivadores de coca. Es significativo el dato que demuestra que en solo cinco municipios en donde se concentra una intensa actividad minera se registra el 8% de la deforestación del país. Remedios en Antioquia y Unguía en Chocó perdieron 3699 hectáreas.
Los biólogos se alarman: “estamos perdiendo bosques a un ritmo de 3.350 hectáreas por año y especies de mucha importancia ecológica se han extinguido”, admitió el citado profesor Klinger.
Los ríos en Chocó habían sido, tradicionalmente, la fuente de la alimentación de ricos y pobres, pero la minería cambió eso: “en una muestra que tomamos de peces, el 100% tenía mercurio en un 40%, que es un nivel superior a lo admisible”. En la misma investigación del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico se comprobó que en el río Quito había un 100% de mercurio, en el Neguá 50% y en el Atrato 10%.
Una investigación de la Universidad Nacional evaluó el río Dagua en el Valle del Cauca con resultados como este: los 64 kilómetros de su cauca los consideraron perdidos por acción de las dragas que han dejado a lo largo de su recorrido piscinas saturadas de mercurio y unas enormes heridas en el suelo.
Del estudio más reciente sobre aguas se concluye que han sido gravemente contaminadas las vertientes de los ríos Cauca, del río Atrato y zonas del Magdalena medio y bajo. A su vez el Ministerio del Medio ambiente denuncia que la mojarra amarilla, la doncella y el moncholo exhiben niveles de mercurio que sobrepasan el máximo internacional; y anota un informe periodístico de El Tiempo (17-12-15) que en algunos lugares el mercurio ha llegado a gallinas y patos de lugares cercanos a ríos y ciénagas.
Zonas afectadas
Este es el alto precio que el país está pagando por la inversión extranjera, de grupos ávidos de riqueza que llegan a hacer el negocio de su vida en las tareas de la minería. Se les suma la minería ilegal estimulada y aprovechada por los grupos guerrilleros y las bandas delincuenciales.
Ni siquiera los parques nacionales, que supuestamente están bajo vigilancia, han escapado a la acción depredadora de las mineras. En cinco de los 59 parques están apareciendo retroexcavadoras, dragas, dragones y balsas de las empresas mineras. Que sean legales o ilegales no hacen mayor diferencia porque todos destruyen por igual: la filosofía es la misma: obtener la mayor cantidad de metales, al menor costo posible.
El departamento del Chocó es, sin duda, el más afectado, junto con Antioquia. Entre los dos departamentos reciben el 79% del impacto dañino de los mineros. En los territorios de la población negra y en resguardos indígenas la presencia de las mineras es sentida como factor de destrucción a pesar del empleo que puedan generar.
Codechocó consigna que entre 2012 y 2013 hubo un aumento de dragas en ese departamento del 184%. Una de las razones de esa masiva presencia fue la espectacular elevación de los precios. El gramo de oro que en el año 2000 se vendía por 16.700 pesos, en el 2013 alcanzó un precio de 86.000. En el 2015 se pudo vender ese gramo por 108.099 pesos.
Los mapas de la Agencia Nacional de Minería sorprenden y ponen sobre aviso en regiones como el Quindío. Los títulos vigentes para minería del oro, platino, cobre, molibdeno y el zinc no auguran nada bueno. En los gobiernos locales hay preocupación: “no nos engañemos, el 80 % de Salento está en peligro y el 60% de todo el Quindío”, advierte la columnista Claudia Morales (El Espectador 27-05-16). El Valle del Cocora, las lagunas La Cubierta y el Encanto y el sector sur del parque de Los Nevados son algunos de los lugares amenazados por la presencia devastadora de la minería.
La defensiva
En algunas de las poblaciones que hoy ven amenazados sus recursos naturales y la misma paz social, han aparecido movimientos sociales que preconizan principios que la cultura capitalista mira como heréticos o ingenuos. Para ellos ni el oro ni la plata valen más que el aire, el agua o los bosques.
Es el principio que anima la convocatoria a consultas populares del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. El Tribunal Administrativo del Tolima le dio luz verde a esa convocatoria que busca el apoyo de la población para defender los ríos Combeima, Coello y Totare, amenazados por las mineras. Más que una consulta antiminera es una actividad colectiva que busca blindar y proteger los ríos y el ecosistema, explicó el ingeniero forestal Luis Carlos Hernández, de la ONG Ecoterra.
En la misma línea defensora de sus recursos están los habitantes de Cajamarca. Se oponen al proyecto minero de la AngloGold Ashanti que en la mina La Colosa se propone extraer 29 millones de onzas de oro. La ambiciosa mira permite suponer las presiones que la población deberá resistir si insiste en una campaña por una consulta popular. Cuando la Registraduría exigió que en seis meses los promotores obtuvieran 1.680 firmas de respaldo, en 15 días obtuvieron 4.814; tal y tan definida es la convicción de que para la población son más importantes el agua y sus bosques que millones de onzas de oro.
No han faltado los intentos de soborno de la conciencia popular. Piedras, uno de los primeros municipios en pedir la salida de las mineras, ha recibido regalías que equivalen al 12,45% de su presupuesto. Así le ha ocurrido a Gachantivá, Urrá, Caicedo, Ibagué, Medina, Tena y Monterrey que recibieron más de 3.000 millones de regalías. Sin embargo, la oposición a los proyectos mineros se mantiene porque esas regalías, piensan, no son dádivas sino derechos que las empresas deben honrar por ley.
La legislación
Minería en Tunjuelito (Bogotá)
En el municipio de Piedras aún se recuerdan los obstáculos que la ley interpuso a la voluntad de rechazo a la actividad minera en su territorio. Se alegó en ese momento el código minero, según el cual el municipio podía disponer del suelo, pero no del subsuelo que correspondía a la nación. El modelo de desarrollo le daba prioridad a una economía movida por la locomotora minera.
La marcha de esa locomotora ha sido frenada por las decisiones de la Corte Constitucional, para la que “hay límites fundamentales que deben respetarse”, según expresó la presidenta de esa corporación, la magistrada María Victoria Calle. Esos límites son los que han defendido los fallos que entre 2010 y 2016 les han dado prioridad a los derechos de los más débiles, para desespero de las poderosas empresas mineras. Según cálculos del sector de fallos de la Corte, el 90% de esos fallos es favorable a la población y adverso a las empresas. Es el caso del fallo que declaró inexequible el artículo 37 del Código Minero que desconocía el poder de los municipios para vetar las actividades de las mineras en su territorio.
Coherente con ese fallo fue la decisión de la Corte sobre protección de zonas estratégicas como los páramos, a pesar de los 475 títulos de 100 empresas y de 300 personas naturales dispuestas a hacer minería en zonas de páramo. El 50% de los páramos del mundo están en Colombia, generan el 70% del agua con que se abastece el país; la protección de este sistema, que estaría amenazado por la minería, ha provocado una ofensiva legal e informativa de los empresarios. Según ellos “la más alta instancia judicial legisla de acuerdo a sesgos ideológicos de los magistrados”. Otros invocan el tratado de libre comercio con Canadá, que protegería jurídicamente a las empresas y según los voceros de ECO-Oro se estaría violando el TLC con Estados Unidos.
La ofensiva de los mineros acude a argumentos como los de Cosigo Resources y Tobio Mining and Energy de exigir una indemnización de 16.500 millones de dólares. ECO-Oro amenaza con llevar su caso a un tribunal de arbitramiento internacional; el presidente de la Asociación Colombiana de Minería lamentó que los 13.000 millones que podrían doblar el presupuesto para el deporte en Ibagué se fueran a utilizar en la consulta popular contra la minería; más serena fue la reacción de AngloGold Ashanti al referirse a la consulta popular de Cajamarca, para detener La Colosa: cumplimos nuestras obligaciones, generamos empleo, nos audita la comunidad, proveemos espacios de participación, promovemos el diálogo y el debate, aseguró. El secretario general de ConalMinercol se lamenta: “nos acusan de daños que se realizaron en el pasado. Nosotros hemos buscado la recuperación, pero nos dicen que somos grandes depredadores”. Al negar la consulta, los ministros de Minas y del Interior y la Procuraduría advirtieron a los concejales que serían investigados si apoyaban el proceso.
De otra clase fue la reacción contra el Carnaval del Agua en Ibagué: “nuestro grupo armado les ordena que cesen actividades”, escribieron las Águilas Negras. Los ibaguereños relacionaron este mensaje con la muerte de César García, activista contra la minería, en noviembre de 2013; otras víctimas de la causa fueron Camilo Pinto y David Humberto Sánchez, también asesinados.
Conclusión
La extensión del problema minero que abarca gran parte del territorio colombiano; el número de víctimas, no solo los trabajadores de las minas sino los afectados por las enfermedades, por la violencia, por el impacto económico; la naturaleza del conflicto que involucra guerrilleros de las FARC y del ELN, bandas criminales, mineros ilegales, mineras formales, nacionales y extranjeras; su capacidad de daño, superior al que hacen los narcotraficantes; dejan la evidencia de que en las minas la avidez de dinero lleva a cabo otra guerra, cuando apenas estamos dando por concluida la que destrozó a Colombia en los últimos 50 años.
Javier Darío Restrepo
